La Ribera exige al '3' de Montón una rectificación pública ante su ofensa

Vicente Useros El Mundo

El comentario generalizado en los pasillos de los hospitales 'modelo Alzira' tuvo ayer un nombre propio: Ricardo Campos. Los trabajadores de los cinco centros público-privados de la Comunidad Valenciana criticaban el poco tacto que ha mostrado el subsecretario de la Conselleria de Sanidad al elegir un foro público, como la Casa de la Cultura de Alginet, para cuestionar la profesionalidad de los empleados de las concesiones hospitalarias y sembrar más incertidumbre sobre su futuro profesional por el proceso de reversión del modelo.

Una fotografía que Ricardo Campos ha colgado en su perfil de Twitter.

Campos calificó a los empleados del Hospital de la Ribera -durante la charla en la que explicaba su visión del modelo concesional- de «tropa» y argumentó que «no tienen la misma calidad que tienen los compañeros y compañeras que tiene el sistema regional de salud. Entre otras cosas, porque han sido contratados a dedo».

El número 3 de Sanidad también opinó ante un nutrido público que «en los hospitales de concesión administrativa el tiempo de trabajo no cuenta lo mismo que el tiempo trabajado en un hospital de estatutarios». Un argumento que generó más dudas sobre la vida laboral de los trabajadores y que contradice la promesa de la consellera Carmen Montón, quien siempre ha asegurado que los puestos de trabajo no peligran con la reversión. De hecho, según el subsecretario, «cuando se haga la plantilla -porque habrá que hacer una plantilla y no lo que tienen ellos-, [...] saldrá a concurso público».

Casi 5.000 trabajadores

Estas frases, que aludían a la profesionalidad de los casi 5.000 trabajadores y, en concreto, se centraban en la de los 1.800 empleados del Hospital de Alzira, han sido el desencadenante para que la plantilla haya iniciado una recogida de firmas para exigir responsabilidades al alto cargo de Sanidad.

El presidente del comité de empresa del Hospital de Dénia, Miguel Burguera, ya había cuestionado que no era un lugar para hacer las manifestaciones «porque no se trataba de un foro de negociación» y fue el primero en pedir «un desmentido por parte del interesado o que lo aparten del sitio». Burguera reclamó «explicaciones, si realmente es lo que piensan, que lo digan abierta y públicamente».

La crudeza de los comentarios de Campos obligó a la propia gerencia del Hospital de la Ribera a redactar una carta -que fue entregada al comisionado de Sanidad del centro- en la que se exigía una disculpa pública.

El encabezamiento de la misiva alude al malestar generado por las palabras de Campos: «Desde la Dirección del Departamento de Salud de La Ribera queremos manifestar nuestro más profundo malestar ante las manifestaciones públicas efectuadas en Alginet por el subsecretario de la Conselleria de Sanidad, Ricardo Campos, y que hoy martes, 20 de diciembre, reproduce el periódico EL MUNDO».

No en vano, desde la gerencia se considera «inconcebible que un alto cargo público realice este tipo de manifestaciones y comentarios intolerables, que cuestionan y ponen en duda la ética y profesionalidad de las más de 1.800 personas que trabajamos en el Departamento de Salud de La Ribera, y que está ampliamente acreditada y demostrada después de 18 años al servicio de la sanidad pública valenciana, con numerosas evidencias como la satisfacción de nuestros pacientes, los indicadores de gestión o los resultados de salud».

De igual modo, la carta firmada por la dirección transmite «la profunda indignación que los calificativos de D. Ricardo Campos, como 'tropa', 'estómagos agradecidos', 'jefecillos', 'parasitación'... han generado entre todos nosotros, los profesionales del Departamento, así como la inquietud e incertidumbre sobre el futuro laboral del que dependen más de 1.800 familias».

Cuestionan el prestigio

«Por todo ello», el texto solicita que el responsable de las alusiones ofensivas contra los trabajadores se retracte: «Pedimos, a la mayor brevedad posible, una rectificación pública y formal por parte del subsecretario de la Conselleria de Sanidad, Ricardo Campos, ante unas manifestaciones que nos descalifican y degradan como organización, y que cuestionan el prestigio y buen nombre de nuestros profesionales».

Por otro lado, durante la mañana de ayer, representantes de los trabajadores del Hospital de la Ribera se reunieron con la consellera de Sanidad, Carmen Montón, con el subsecretario, Ricardo Campos, y con el director generar de Recursos Humanos y Económicos, Justo Herrera, para mostrarles su malestar.

Los cargos de Sanidad volvieron a pedir tranquilidad, pese a que todavía esperan informes jurídicos para saber qué y cómo van a realizar el proceso de devolución de los hospitales a la Generalitat. Desde Sanidad también se anunció que se pondrá en marcha una mesa técnica con Conselleria, comité de empresa y junta de personal para analizar el proceso.

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Los sindicatos piden que aparten a Campos y una reunión en Sanidad

El '3' de Montón llama "tropa" a la plantilla de La Ribera y avisa que deberán opositar

Vicente Useros  El Mundo

Las palabras del subsecretario de la Conselleria de Sanidad, Ricardo Campos, han provocado un gran malestar entre los trabajadores de los hospitales 'modelo Alzira'. La grabación de la charla que el 'número 3' de Sanidad dio en la Casa de la Cultura de Alginet, a principios de diciembre, se ha convertido ya en viral porque en contra de la promesa de la consellera Carmen Montón de que los puestos de trabajo no peligran con la reversión, Campos dejó claro que los empleados deberán pasar una oposición y que sus años de trabajo no puntúan igual que los del resto de trabajadores de los hospitales públicos.

El El subsecretario de la Conselleria de Sanidad dice que los trabajadores bajo el modelo Alzira deberán opositar

Durante su intervención en Alginet que llevaba por título El Futur de l'Hospital de La Ribera, Campos fue presentado como el subsecretario, número tres en el escalafón, e incluso se llegó a decir delante de los asistentes que era «la persona que más sabe del proceso de reversión de los hospitales en concesión administrativa».

En el acto, moderado por Héctor Máñez, también estuvo presente el secretario general del PSPV-PSOE de Alginet, Antoni Lozano. El responsable de Sanidad describió el modelo de concesión hospitalaria como una «parasitación de los impuestos de los ciudadanos por parte de la medicina privada».

Aunque el comentario que más molestó a los trabajadores, hasta el punto de que algunos de ellos se sintieron insultados y se lo reprocharon en Twitter a Campos fue cuando aludió que existen «unos especialistas que son de elite pero después, la tropa... todos no tienen la misma calidad que tienen los compañeros y compañeras que tiene el sistema regional de salud. Entre otras cosas porque han sido contratados a dedo, sin pasar por un proceso de selección como pasamos el resto de trabajadores del sistema en un proceso de igualdad, mérito y capacidad con unas oposiciones muy duras siempre».

Sin ningún tipo de ironía, el representante del Consell afirmó que se habían puesto en contacto con Sanidad «lobbys, grupos de presión, estómagos agradecidos de Alzira» en referencia a algunos responsables del Hospital de la Ribera a quienes tildó de «gente que está ahí con contratos de jefes, jefecillos. Unos contratos que no sabemos bien de qué van. Pidiéndonos una lista de la compra para saber por qué se va a revertir, qué va a ser de nosotros al día siguiente. Qué no sé cuantos, qué no sé menos».

El tono despectivo con el que Campos habló de los productos -fármacos y prótesis- que se ofrecen a los ciudadanos en el Hospital de la Ribera también ha provocado un gran revuelo. El subsecretario hizo, además, una alusión peyorativa a Mercadona cuando describió que los «productos que ponen... yo soy oftalmólogo y yo sé qué lentes ponen y sé que hay productos de 'marca blanca' y productos 'hacendaño', Hacendado».

Respecto al futuro de los trabajadores, aludió a que Sanidad subrogará «los contratos de los trabajadores, los trabajadores van a ser los mismos y, luego, cuando se haga la plantilla -porque habrá que hacer una plantilla y no lo que tienen ellos-, entonces esa plantillla que serán plazas de estatutarios -que es la forma de funcionarios que existe dentro de la Sanidad-, y entonces saldrán a concurso público».

Fue entonces cuando reconoció que las «plazas ocupadas por estos trabajadores (los del 'modelo Alzira') si quieren mantener el empleo, tendrán que concursar en las mismas condiciones que el resto de trabajadores». Campos explicó claramente que las plazas de los trabajadores de los centros 'público-privados' serán sometidas a unas oposiciones, «y en función de eso se hará una plantilla estructural y esa plantilla estructural se sacará a concurso y concursará el que quiera, los de dentro y los de fuera».

Un argumento que ha sido muy criticado por los representantes sindicales es el que esgrimió el conferenciante cuando desveló que su tiempo de trabajo no contaría igual para opositar que el tiempo de trabajo de los empleados públicos: «Yo lo siento mucho por los trabajadores, pero ya lo saben porque los sindicatos que están en contacto con nosotros saben que los años trabajados se reconocerán a lo que dice la ley pero no puntuará exactamente igual que los que están trabajando en el sistema público de salud. En los hospitales de concesión administrativa el tiempo de trabajo no cuenta lo mismo que el tiempo trabajado en un hospital de estatutarios».

EXTRACTO DE LA CHARLA DE RICARDO CAMPOS EN ALGINET

PARASITACIÓN Ricardo Campos se refiere al modelo hospitalario Alzira como una «parasitación de los impuestos de los ciudadanos por parte de la medicina privada».

TROPA... CONTRATADA A DEDO «Existen unos especialistas que son de elite pero después la tropa... todos no tienen la misma calidad que tienen los compañeros y compañeras que tiene el sistema regional de salud. Entre otras cosas porque han sido contratados a dedo, sin pasar por un proceso de selección como pasamos el resto de trabajadores del sistema, en un proceso de igualdad, mérito y capacidad con unas oposiciones muy duras siempre».

ESTÓMAGOS AGRADECIDOS «Ya nos han llegado lobbys, grupos de presión, estómagos agradecidos de Alzira. Gente que está ahí con contratos de jefes, jefecillos. Unos contratos que no sabemos bien de qué van. Pidiéndonos una lista de la compra para saber por qué se va a revertir, qué va a ser de nosotros al día siguiente, qué no sé cuantos, qué no sé menos».

PRODUCTOS 'HACENDAÑO', 'HACENDADO' «Y luego los productos que ponen [...] yo soy oftalmólogo y yo sé qué lentes ponen y sé que hay productos de 'marca blanca' y productos 'hacendaño', Hacendado».

PLANTILLA A CONCURSO «Y estas plazas que estarán ocupadas por estos trabajadores (los del 'modelo Alzira') si quieren mantener el empleo, tendrán que concursar en las mismas condiciones que el resto de trabajadores. Y en función de eso se hará una plantilla estructural y esa plantilla estructural se sacará a concurso y concursará el que quiera, los de dentro y los de fuera».

LOS AÑOS DEL 'MODELO ALZIRA' NO PUNTÚAN IGUAL QUE EN SANIDAD «Yo lo siento mucho por los trabajadores, pero ya lo saben, porque los sindicatos que están en contacto con nosotros saben que los años trabajados se reconocerán a lo que dice la ley, pero no puntuará exactamente igual que los que están trabajando en el sistema público de salud. En los hospitales de concesión administrativa el tiempo de trabajo no cuenta lo mismo que el tiempo trabajado en un hospital de estatutarios».

PLANTILLA, NO LO QUE TIENEN ELLOS «Vamos a subrogar los contratos de los trabajadores (de Alzira). Los trabajadores van a ser los mismos y, luego, cuando se haga la plantilla -porque habrá que hacer una plantilla y no lo que tienen ellos-, [...] saldrá a concurso público».

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Los sindicatos piden el cese de Campos

Los responsables de los comités de empresa de los cinco hospitales 'público-privados' ya han solicitado una reunión urgente en Conselleria de Sanidad con la que pretenden pedir explicaciones sobre los comentarios «desafortunados» del subsecretario, Ricardo Campos, acerca de los trabajadores del 'modelo Alzira'.

Los representantes laborales consideran que los calificativos empleados por Campos no fueron los apropiados pero, sobre todo, criticaron que no era el foro adecuado para hablar de estas cuestiones.

El presidente del comité de empresa del Hospital de Dénia, Miguel Burguera, destacó ayer que no era un lugar para hacer las manifestaciones «porque no se trataba de un foro de negociación» y destacó que los trabajadores de Ribera Salud «que han estado aguantando años y años carros y carretas y se han ido formando con sus planes de autoformación no pueden ser calificados de esta forma».

Burguera recordó al representante de Sanidad que «ya sabemos que ser estatutario supone aprobar una plaza que es muy complicada», aunque recordó que los empleados de las concesiones administrativas pasaron también selecciones.

«Este tema merece o un desmentido por parte del interesado o que lo aparten del sitio», destacó el presidente del comité de empresa, quien pide que alguien en Conselleria «de unas explicaciones, si realmente es lo que piensan, que lo digan abierta y públicamente».

El representante de los empleados consideró que una cosa es que se tratara de «una grabación diciendo estas locuras o estas tonterías... como un corta y pega manipulado», aunque matizó que lo que se oye en secuencia «me parece lamentable».

Insistió además en que «si esto es el modelo que van a utilizar para deberían explicarlo. Las plazas no te las van a regalar, ya lo sabemos pero tendrían que decir también, junto a eso, que ningún trabajador peligra y que mantendrá su puesto de trabajo hasta el final de su vida laboral. No se puede decir esto aisladamente porque es una barbaridad». Por último, Burguera pidió que los audios fueran pasados a Carmen Montón «para que lo analizara a ver que piensa la consellera de todo esto».

Los comentarios de Ricardo Campos serán tratados hoy entre el comité de empresa del Hospital de Ribera y miembros del equipo de la Conselleria de Sanidad. Además, desde el CSIF se remitió ayer un comunicado a sus afiliados para exponerles que el sindicato estaba en contra de lo manifestado por el subsecretario a quien le recordaron que los trabajadores constituyen el principal activo del 'modelo Alzira'.

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La precariedad aumenta el acoso sexual en el trabajo

Eduardo Bayona CTXT Contexto y Acción

La Fiscalía General del Estado considera “puramente testimonial” que en España se produzca cada tres días laborables un episodio de acoso sexual en el trabajo con gravedad y pruebas suficientes como para sentar a su autor en el banquillo: esa es la escueta valoración del “cierto aumento de los acosos” que se dio el año pasado, según recoge la última Memoria del ministerio público, firmada por Consuelo Madrigal y cuyos datos indican que este tipo de delito ha crecido más de un 40% en dos años —el ministerio público pasó de calificar 49 casos a presentar cargos en 72— y su frecuencia ya supera a la de lacras como el proxenetismo, que en ese periodo bajaron de 65 a 42, o la sustracción de menores, que pasó de 52 a 65.

¿Tiene la creciente precariedad del mercado laboral español algo que ver con ese aumento de los episodios de acoso sexual? Algunos datos apuntan en esa dirección.

Por una parte, la Estadística de Condenados del INE (Instituto Nacional de Estadística) revela cómo la media anual de algo menos de 30 condenas por este delito que se dio en los primeros cuatro años de la crisis --118 entre 2008 y 2011-- ha pasado a situarse en cerca de 40 en el cuatrienio siguiente, al sumar 158 delitos entre 2012 y 2015. Y, por otro lado, la actividad de los fiscales augura un aumento de las condenas en los próximos años, conforme se vayan celebrando los juicios en los que sostendrán esas 173 acusaciones formuladas entre 2013 y 2015.

Esas cifras, no obstante, solo reflejan una parte de la realidad. El acoso, como buena parte de los delitos contra la libertad sexual, tiene una elevada cifra negra u oculta por dos causas fundamentales. Una es el hecho de que se produzca con cierto grado de intimidad, lo que lleva a que en ocasiones resulte complejo, si no imposible, reunir pruebas para perseguir a sus autores. La otra se deriva de los efectos disuasorios que suele generar en la víctima la amenaza de una eventual represalia laboral en caso de denunciar.

50.000 víctimas, pocas denuncias

En este sentido, un informe de Eurofound, la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida en el Trabajo, sobre la violencia y el acoso en el lugar de trabajo en Europa revela cómo las denuncias de hostigamiento laboral y sexual (el porcentaje de quienes denuncian) tienen en España una tasa del 18% frente a una media del 30% en la UE, mientras en países como Irlanda y Reino Unido superan el 80%.

“Las mujeres, que son las que más violencia sufren en el trabajo, en muchas ocasiones no denuncian” situaciones de acoso sexual y laboral en el trabajo como consecuencia de la precariedad y el miedo a perder el empleo, señala la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, que cita otro informe de Eurofound según el cual la tasa de denuncia de hostigamiento se queda en España en el 8% mientras en Europa alcanza el 15%. 

Esos datos, no obstante, incluyen todas las variantes de acoso laboral. Un informe anterior de la misma Eurofound señalaba que el 0,6% de la población española ocupada sufría acoso sexual en 2011 —una décima menos que en 2007—, un porcentaje que, pese a parecer bajo, supondría, según la última EPA, algo más de 111.000 trabajadores y que, aplicado únicamente a las empleadas femeninas, arrojaría la también inasumible cifra de 50.448 víctimas. Tantas, que superan el censo de ciudades como Teruel y Soria y se acercan al de otras como Huesca y Segovia

La fundación vincula las situaciones de acoso con la precariedad laboral. “En muchos países, los trabajadores no nativos presentan una mayor tendencia a sufrir violencia y acoso”, señala en su informe, en el que también indica que “los trabajadores de agencias de trabajo temporal y los aprendices tienen una mayor probabilidad de sufrirlos que los trabajadores con un contrato indefinido”. 

Eurofound, que considera “necesario que esta cuestión se incluya al menos en la legislación en materia de trabajo para concienciar a las empresas y a los trabajadores de sus obligaciones y de sus derechos”, destaca por otro lado cómo “los trabajadores del sur [de la UE] son menos propensos a denunciar que son víctimas de CSA [Comportamiento Social Adverso] que los de países de Europa central y Escandinavia”.

La benevolencia española con el acosador

Sin embargo, la legislación española es benévola con los acosadores: el Código Penal castiga con hasta cinco meses de prisión o una multa que en la práctica no pasaría de 15.000 euros —de seis a diez meses, si la cuota diaria alcanza los 50 euros— a quien provoque “una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante” a otra persona a la que, “en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual”, le reclame “favores de naturaleza sexual”. 

La pena de cárcel puede llegar a siete meses, y la multa a 21.000 —de diez a catorce meses—, si el delincuente se aprovecha de su superioridad y amenaza a la víctima, ya sea explícitamente o mediante insinuaciones, con represalias laborales. La prisión puede llegar a un año en los casos de mayor gravedad, que se producen cuando quien sufre el acoso sufre indefensión por ser “especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o situación”. 

Es decir, que un acosador sin antecedentes puede saldar con dinero sus tropelías lúbricas y, en la práctica, otro que lo haya convertido en conducta habitual, también. Este tipo de delincuentes, que normalmente se benefician de algunos factores como la dificultad de las víctimas y de los investigadores para aportar pruebas debido a que el crimen ocurre en la intimidad, se ha visto ahora favorecido por una de las reformas legales que impulsó el primer Gobierno de Mariano Rajoy con su mayoría absoluta.

Las rebajas punitivas de Rajoy

El fiscal Pablo Varela Castejón recuerda en el último número de la Revista de la Fiscalía General del Estado cómo el acoso sexual se encuentra entre el medio centenar de delitos susceptibles de que a sus autores se les aplique el llamado “proceso por aceptación de decreto”, en el que las denuncias de los fiscales ante el juzgado ya incluyen “una pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad” —además de la indemnización a la víctima— aceptada por el acusado. Con ese formato, que el ministerio público puede aplicar en cualquier momento de la instrucción —salvo que lo vete la acusación particular—, el eventual riesgo de ingresar en prisión dejaría directamente de suponer una amenaza para los acusadores, que al mismo tiempo verían reducidas las multas a un máximo de dos tercios de las iniciales, tal y como ocurre en los juicios rápidos. 

La nueva  Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyos redactores sostienen que “tampoco existe un verdadero interés público” en sancionar penalmente algunas de las conductas tipificadas como delito, contempla esas rebajas como medidas de agilización procesal, aunque no debería sorprender que a alguien ajeno al sistema judicial pueda parecerle una iniciativa de fomento de la impunidad.

La medida no es ajena a una de las realidades del sistema judicial español, en el que más de la mitad de las sentencias condenatorias que emiten los tribunales responden a acuerdos entre los fiscales y las defensas. Así ocurrió el año pasado con casi el 60% de las que pronunciaron los juzgados de lo Penal —70.647 de 117.997— y con cerca de la mitad —3.461 de 7.251— de las que dictaron las audiencias provinciales, recuerda Varela. Sin embargo, en el caso del acoso sexual, la rebaja de las penas por la vía del nuevo formato de acuerdos viene a agravar el preexistente cuadro de impunidad.

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¿Es posible “racionalizar” horarios en Sanidad? Cada semana se hacen 400.000 horas extra

Ángel Espínola Consalud.es

Los sistemas de peonadas o de guardias médicas dificultan la puesta en marcha de medidas de conciliación como las anunciadas por Fátima Báñez. Los profesionales, sin embargo, consideran que es posible racionalizar horarios si se permite flexibilizar la jornada a los sanitarios.

Pese a que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha anunciado esta semana su intención de crear un pacto nacional para “la conciliación familiar y la racionalización de horarios” de los trabajadores, abogando por una jornada laboral que acabe, con carácter general, a las seis de la tarde, en lo que respecta al ámbito de la Sanidad los profesionales, respaldados por los datos, consideran que dada la situación actual de la profesión esta premisa está lejos de poder cumplirse.

Y es que, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en el tercer trimestre de 2016 (julio, agosto y septiembre), hasta 42.400 trabajadores del área de las “actividades sanitarias y servicios sociales” realizaron un total de 446.500 horas extraordinarias, más allá de su jornada laboral, a la semana. De hecho, hasta 10.000 profesionales reconocían realizar más de 16 horas extraordinarias a la semana.

Entre ellas (y aunque a nivel práctico no se pagan como horas extras sino como complementos salariales) pueden encontrarse las llamadas “peonadas”, un sistema de jornadas de tarde aún presente en diversas comunidades autónomas para reducir las listas de espera en las que el médico (y otros profesionales), además de su jornada ordinaria, trabaja varias horas por la tarde.

Por otra parte, también en el caso del profesional médico, otra traba a la “racionalización” del horario es el sistema de guardias médicas que, como señalan varias sentencias europeas, eleva la jornada semanal máxima del médico a 48 horas de media, frente a las 40 que establece el Estatuto de los Trabajadores.

Pese a todo ello, sin embargo, Javier Martínez, presidente de CSIF Sanidad, considera que el hecho de que los servicios sanitarios suelan estar activos las 24 horas del día permite, precisamente, una planificación que posibilite racionalizar mejor los horarios. “Está claro que en Sanidad no se puede dejar de prestar servicio a las seis de la tarde. Pero sí se pueden establecer turnos de mañana, tarde y noche, y que se pueda conciliar la vida familiar. Pero la única forma que hay para ello es flexibilizar horarios”, señala Martínez en declaraciones a Consalud.es.

CÓMPUTO SEMANAL DE HORAS

Establecer jornadas flexibles, adaptadas a cada trabajador, es así uno de los aspectos claves para poder conciliar la vida familiar y laboral por parte de los trabajadores sanitarios. Una conciliación que, como han denunciado en numerosas ocasiones los sindicatos, es más difícil para las mujeres. De hecho, según los últimos datos del INE, el 65,5% de todas las horas extras semanales realizadas en el último trimestre fueron trabajadas por mujeres y de ellas, el 19,1% ni siquiera fueron horas extras pagadas.

Para el presidente de CSIF Sanidad, el primer paso para poder flexibilizar horarios en el ámbito sanitario pasa por comenzar a computar la jornada laboral de forma semanal y no anual. “Así, el trabajador sabe que tiene que hacer unas horas a la semana y es cuestión de que se ponga de acuerdo con su servicio para poder cumplirlas de forma flexible”, afirma Javier Martínez.

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El 76% de los españoles cobra por debajo del salario medio de su empresa

• Diario El Eocnomista
• El 10% de los mejor pagados recibe el 23% de toda la masa salarial
• El 76% de los asalariados españoles cobra por debajo del promedio de sus empresas, según el informe mundial sobre salarios de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que también señala que la brecha salarial por hora trabajada oscila entre 3,5 euros por hora y 329 euros, casi 100 veces más.

  En rueda de prensa, el director de la OIT en España, Joaquín Nieto, y Rosalía Vázquez, una de las autoras del informe, han advertido de que la desigualdad salarial y el estancamiento deriva en descontento social e inestabilidad política. Además, Nieto ha propuesto que cada empresa haga un plan de igualdad que identifique la brecha para que haya igual remuneración por trabajos de igual valor.

  Según el informe, en España por primera vez, desde 2012, los salarios han crecido en 2015 (último año estudiado) y lo han hecho el 1,6%, pero pese a que se registra una "leve recuperación", los salarios se han estancado y están "en el punto de partida respecto a 2007".
• En este sentido, Vázquez ha señalado que, en términos reales, "lo que hoy puede adquirir un trabajador medio en España, es lo mismo que podía adquirir en 2007". Según ha explicado, aunque hoy la productividad está un 15% por encima de lo que estaba en 2007, el crecimiento real de los salarios bajó bruscamente durante la crisis (hasta un 7%).
  Y aunque los sueldos se han recuperado, la mejora "no ha sido tanta" como para alcanzar el incremento de la productividad. Sobre la subida del 8% del salario mínimo interprofesional para 2017, aprobada por el Gobierno este mes, el director de la OIT ha considerado que se trata de un incremento muy positivo que ayuda a consolidar la recuperación económica, pero ha precisado que este aumento debería continuar a lo largo de la legislatura.
  A juicio de Nieto, "hay margen" para el incremento debido a la evolución de la productividad" y ha pedido que los próximos aumentos se acuerden en el marco del diálogo social, entre agentes sociales y Gobierno.
  El informe, que aborda la desigualdad salarial en el lugar de trabajo, concluye que no hay explicación para la brecha salarial entre el 1% de quienes más cobran (altos ejecutivos) respecto al resto de los empleados.
  En definitiva y según el estudio, este 1% es el que marca la "montaña" de la desigualdad salarial, algo que se repite en cualquier otro país de Europa.

  Desigualdad de salarios

  El estudio también revela que el 10% de los que más ganan reciben el 23% de la masa salarial, mientras que el 50% absorbe prácticamente lo mismo, el 29%.
  Es decir, el 50% de los asalariados españoles recibe casi lo mismo que lo que cobra el 10% de los empleados, que están en lo más alto. Vázquez también ha subrayado la brecha salarial entre hombres y mujeres, y ha señalado que donde más se significa es en el grupo de los que más ganan.
  En concreto, las mujeres ejecutivas reciben el 40% menos que los hombres, el doble de brecha salarial que hay entre la población en general. Y las mujeres que están en ese 1% de quienes que más ganan, la brecha salta al 52%.
  En este escenario, la OIT recomienda estimular un crecimiento sostenible y equitativo de los salarios para un crecimiento económico y sostenible, dando prioridad, en especial, a los planes de igualdad salarial dentro de las empresas.
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El Gobierno confirma que ampliará a un mes el permiso de paternidad

Borja Rodrigo Diario El Mundo

El Gobierno ha confirmado este viernes que la ampliación a un mes del permiso de paternidad que contemplaba la Ley de Igualdad entrará en vigor el próximo 1 de enero. De esta manera, el Ejecutivo amplia en dos semanas el tiempo que los padres tienen actualmente de permiso -dos semanas- y será el mismo en los casos de nacimiento, adopción y acogida, señala el texto de la ley que recoge esta ampliación. La iniciativa - cuya implantación estaba prevista para hace cinco años- fue paralizada tras aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2011.

La presión de las iniciativas propuestas desde el Congreso y el Senado han llevado a que el Gobierno no demore más esta ampliación de los permisos de paternidad. Lo ha hecho dos meses después después de que anunciara una serie de medidas para fomentar la conciliación de las familias. Sin embargo, pese al avance que supone la puesta en marcha de esta ley, la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA) considera en un comunicado que esta ampliación "es insuficiente y está mal diseñada".

Ángeles Briñón, coportavoz de esta plataforma, sostiene a EL MUNDO que "la implantación de esta medida en 2011 habría sido un avance", sin embargo, considera que la aprobación de la misma cinco años después de la fecha en que debía entrar en vigor "supone un retroceso". Esta organización defiende que el diseño de estos permisos de paternidad "supone ir marcha atrás" y no permite "equiparar los derechos de padres y madres", ya que no considera la interrupción del tiempo en que se disfruta este permiso para que el padre pueda hacer uso de las dos semanas que amplía la mencionada ley en un periodo diferente al que lo hace la madre.

La plataforma defiende que los permisos de paternidad deberían "poder turnarse para extender el tiempo del cuidado" que se dedica al bebé y que de esta manera no sean simultáneos. Proponen "eliminar la discriminación en la maternidad que sufren las mujeres" y que "exista una igualdad real para que los hombres puedan quedarse a cargo de su bebé".

"Las cuatro semanas del permiso de paternidad son la cuarta parte de las 16 que dura el permiso de maternidad", explica la asociación, y recuerda que "basta cambiar cuatro semanas ininterrumpidas por cuatro semanas, que podrán disfrutarse en dos bloques" para disminuir el tiempo que un bebé pasa sin sus padres en los primeros meses de vida.

El 1 de enero de 2017 entrará en vigor la ampliación a un mes del permiso de paternidad que estaba prevista implantar en 2011

La Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA) considera que esta ampliación "es insuficiente y está mal diseñada"

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