Desde el CSIF, Elena Moral, indica que en Madrid «se está priorizando que la gente vuelva al trabajo. Así, se están agilizando los test para los trabajadores en residencias que están en casa de baja no a los que están en activo porque se necesita plantilla, con excepciones. El lunes parece ser que a los trabajadores de la residencia Francisco de Vitoria sí se les empezó a hacer. En el Carmen, todavía no, solo se les ha convocado a que vayan a hacerse la prueba. Entre la plantilla de residencias de mayores y de centros de personas con discapacidad hay unos 5.000 trabajadores, y según la administración han dado positivo 188 y están en aislamiento 1.437. Pero no nos dicen a cuántos empleados han hecho el test y es clave conocer ese dato».
En el caso de las residencias privadas y concertadas de Madrid, Marisol Castro, de CC OO, asegura que «no estamos recibiendo test para los profesionales ni el aviso para hacerlo. Solo ha llegado un puñado de pruebas que ni siquiera cubren a todos los residentes». «No sabemos cuántos se han hecho. Si en una residencia hay 100 residentes, llegan 40. Hay muy pocos test. Está habiendo que elegir a qué residentes se les hace. A los trabajadores en general no se les ha hecho. Muchos trabajadores volvieron a trabajar a la residencia sin haber sido diagnosticados, volvieron solo tras pasar la cuarentena en casa. Algunas entidades privadas han pagado ellos la prueba y en otras han dicho a las trabajadores que abonen ellos los 40 euros para la prueba que ya se lo devolverán».
El sindicato ha reclamado información a las direcciones de las residencias, pero los responsables de las empresas privadas que gestionan los centros han asegurado que tampoco han recibido indicación de la Administración. A estos lugares han comenzado a llegar algunos test, pero una «ínfima cantidad». Los responsables del sindicato consideran que «se siguen haciendo las cosas mal» y que «así no van a pararse los contagios». Juani Peñafiel, responsable de Dependencia de CC OO Sanidad Madrid, asegura que si solo se hacen los test a los residentes que «a ojo» se entiende que están contagiados «el Covid-19 puede estar ahí y se está extendiendo tal y como ha ocurrido desde que la pandemia entró en las residencias». «Hemos preguntado que cuándo se van a hacer test rápidos a lo que la Dirección General de Salud Pública ha respondido que se pretenden hacer a todos los profesionales de la sanidad, cuando se vaya disponiendo de ellos», añaden.
Y no solo pasa en Madrid. En Cataluña, según CC OO, «nos han dicho que harán test. Pero ahora no se están haciendo test masivos. Solo si tienes síntomas. Y la mayoría se reincorpora al trabajo tanto sanitarios como sociosanitarios sin que les hagan un nuevo test, salvo los que tienen algún síntoma a pesar de los días».
En País Vasco, según CC OO Euskadi, «no se están haciendo test masivos a las plantillas, solo a quien presente síntomas y no a todos». En Murcia, se anunció que se van a hacer test rápidos a 42.000 casos sospechosos y sus contactos en 15 días. Se han empezado a hacer en tres centros de salud. En Andalucía, según datos de SAS, se van a hacer 130.000 test rápidos en ámbito sanitario y residencias. Se están haciendo desde el 13 de abril. Pero no tenemos más datos, lo que sí sabemos es que hay problemas a la hora de hacer los test a las personas en aislamiento, ya que están tardando más días en hacerlos».
En Extremadura y en Castilla-La Mancha, desde CC OO denuncian que no se les ha facilitado información sobre los test hechos. En la Comunidad Valenciana, según el citado sindicato, «en teoría se hace al personal sanitario que ha tenido contacto estrecho con positivo o sospecha de positivo pero la realidad es que se están haciendo muy pocos. Por eso tenemos a tantos trabajadores en aislamiento preventivo. Desde hace una semana están haciendo algún test más, pero no todos los que se necesitan. De modo que algunos departamentos han empezado a hacer test rápidos, pero en la mayoría aún no. Y en residencias tampoco, medida imprescindible para controlar la epidemia en residencias porque permitiría separar a los positivos con o sin síntomas de los negativos».
En Asturias, «al personal sanitario se les está haciendo el test, aunque va lento. Hay hospitales que tienen poca presión y, de momento, no están haciendo el test a todo el personal. La situación es muy variable de un área sanitaria a otra, pero sí que se van realizando. En cuanto a residencias, en algunas ya hicieron el test a residentes y trabajadores, otras recibieron test insuficientes que no llegan ni para los residentes y otras no les hacen el test al personal».
En Castilla y León es donde sí tienen al menos un dato: «Se han hecho 6.607 test a sanitarios, fisioterapeutas, celadores..., y dieron positivo 2.040. Hay 1.428 profesionales en aislamiento 1.428 y han recibido el alta 612». En Galicia, en cambio, «se han hecho 48.337 PCR. Vinieron unos test rápidos pero se decidió no usarlos porque no eran precisos». Y en La Rioja «empezaron a hacerse la pasada semana a residentes y trabajadores de residencia».
Y no solo pasa en estos sectores, la situación se repite en prisiones. «No tenemos datos exactos de los sitios donde se están haciendo test, son muy poquitos. Por eso, por ejemplo en Ávila que es la provincia con más casos de funcionarios de prisiones donde se ha detectado contagio y eso es porque es donde se han hecho mayor volumen de test, mayoritariamente PCR. Los test rápidos los hemos pedidos desde ACAIP y desde la plataforma sindical. ¿Se están haciendo? No, como norma no. Estamos a la espera. Es, dentro de nuestras reivindicaciones, nuestra prioridad, porque eso nos va a ayudar a ver quiénes, siendo asintomáticos, hay que mandarles a casa. Es una cuestión de salud pública y de seguridad tanto para los funcionarios como para los propios internos. La Administración no nos ha valorado en ese grupo prioritario de riesgo y es necesario que entienda que instituciones penitenciarias junto a otros servicios esenciales por los que antes tienen que pasar los test rápidos», denuncian desde ACAIP-UGT.
Preguntamos a Instituciones Penitenciarias, que explican que «como depende de las CC AA no tenemos recuento. Ahora con los test la idea es llevar la contabilidad de casos, pero aún no se ha hecho porque no han llegado de forma uniforme. Solo sabemos que han llegado a Asturias, pero no cuántos ni los que se han hecho».
Y los datos hablan por sí solos: dos personas han perdido la vida, un funcionario de Alicante y una interna. Y han dado positivo 222: 198 trabajadores y 24 internos. Hay 900 empleados públicos de prisiones en cuarentena, por eso, desde Acaip-UGT, «hemos pedido una convocatoria extraordinaria de interinos para paliar ese déficit de personal que la catástrofe del Covid-19 ha causado en nuestro medio y también hemos pedido que las CC AA colaboren y se hagan cargo porque no tenemos suficientes sanitarios. Hemos escrito más de un centenar de peticiones y escritos , necesitamos epis, mascarillas no de cuatro horas de duración, guantes, gafas... que se nos doten de test rápidos para todo el personal penitenciario».
Y hay más sectores a los que no han llegado. Así, CSIF exigió ayer hacer test a todo el personal de Justicia, más de 12.000 funcionarios, que se reincorporan hoy a su puesto de trabajo. «El Consejo General del Poder Judicial contempla la presentación de escritos iniciadores de procedimiento, su registro, reparto y tramitación, ante el nuevo escenario de mayor actividad de muchas empresas. CSIF considera que Justicia ha impuesto un escenario de vuelta a la actividad al margen del criterio general del Ministerio de Sanidad y sin evaluar los riesgos laborales. Por este motivo, el sindicato ha presentado un recurso de reposición para el mantenimiento de las dotaciones actuales de personal, mientras no se pueda cumplir con la normativa en materia de seguridad laboral».Tampoco se están haciendo en empresas públicas, añaden.
En definitiva, todos piden saber dónde están los test rápidos. Nadie sabe qué está pasando con ellos. Un nuevo error que se suma a los famosos test rápidos defectuosos que Sanidad sigue sin decir a qué empresa española se los compró. Y no solo. El Gobierno también vulnera la ley al ocultar cientos de contratos sobre la compra de material sanitario.
