lunes, 24 de septiembre de 2018
Fiscalía ve indicios de delito y traslada al juzgado la denuncia de CSIF contra el anterior director general de Sanitat
CSIF explica que la Fiscalía Provincial de Valencia ha remitido propuesta al Juzgado Decano de Valencia “para que el juzgado de instrucción correspondiente incoe el procedimiento adecuado”. Fiscalía resuelve, de esta forma, la denuncia formulada por la central sindical tras detectar la cobertura de una vacante “sin pasar por bolsa de trabajo ni convocatoria de proceso selectivo”.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) trasladó a Conselleria de Transparencia, a finales de julio de 2016, este contrato de auxiliar, que recayó en un familiar de la por entonces responsable de Recursos Humanos de Salud Pública. Esta denuncia dio lugar a la intervención de Inspección General de Servicios, que emitió un informe concluyente.
CSIF explica que el citado informe apuntaba que “la propuesta del candidato final consideramos que fue inadecuada, sobre todo teniendo en cuenta que en la bolsa había dos personas con la titulación exigida”. Además, señalaba que “el candidato escogido no acredita ninguna experiencia en el sector público”. Inspección instaba a Conselleria de Sanitat a “llevar a cabo las actuaciones para determinar si la mencionada funcionaria ha incurrido en algún tipo de falta disciplinaria y, si así es, iniciar el correspondiente expediente disciplinario”.
La central sindical continúa relatando que pasaron los meses y Conselleria no respondía, por lo que el sindicato solicitó, en octubre de 2017, a la Dirección General de Recursos Humanos que diera traslado de las actuaciones llevadas a cabo y, en el caso de no haberlas realizado, que se iniciaran sin más dilación.
CSIF señala que trascurridos cinco meses más desde esa solicitud “no se ha recibido contestación ni información alguna al respecto”. Del mismo modo recalcaba que “constando además que no se ha llevado ninguna actuación en consonancia con la recomendación de la Inspección General, a pesar de constituir una obligación del Departamento de Recursos Humanos de Sanitat”.
La central sindical, ante esta “inacción de la Dirección General de Recursos Humanos que no lleva a cabo las actuaciones” y ante la posibilidad de que, por comisión por omisión, “sea susceptible de integrar el tipo de prevaricación del artículo 404 del Código Penal”, envía denuncia a Fiscalía en junio de 2018.
Fiscalía Provincial de Valencia ha resuelto trasladar las investigaciones al juzgado de instrucción correspondiente “para que se incoe el procedimiento adecuado”. También insta a que reciba declaración, en calidad de testigo, del presidente de CSIF y a que Conselleria de Sanitat informe sobre si realizó las actuaciones correspondientes para ver si se había incurrido en falta disciplinaria. Del mismo modo, insta “a que se reciba declaración, en calidad de investigado, a quien resultara responsable de los hechos expuestos”.
El 85% de empleados públicos haría «teletrabajo» para favorecer la conciliación, según una encuesta de CSIF
Fuente ABC/EFE
Imagen de archivo ABC
El 85 por ciento de la plantilla de los empleados públicos se acogería al sistema de «teletrabajo», según una encuesta realizada por el sindicato mayoritario en la administración CSIF, que propone implantar un modelo mixto y regulado para controlar las horas de trabajo y la productividad.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado hoy una propuesta para implantar el sistema de «teletrabajo» regulado en las administraciones para favorecer la conciliación, junto a una encuesta, realizada a 8.300 empleados públicos de forma anónima, en la que el 95 por ciento lo ven como una herramienta útil para esa conciliación.
«Existe una demanda real y existen muchas ventajas», ha dicho la secretaria general de Igualdad del CSIF, María Ángeles Mur, quien ha explicado que plantean un modelo regulado mixto y con garantías, que incluiría por ejemplo, dos días de trabajo presencial y tres con teletrabajo, pero con «control del tiempo y de la productividad».
Debe respetar los derechos de los trabajadores, como el de la desconexión, «porque también puede convertirse en una arma letal» para los que se acojan a esta modalidad de trabajo, y podrían beneficiarse el conjunto de los empleados públicos, salvo los que ocupan puestos de cara al público, ha señalado.
Esta propuesta, que debe ser voluntaria y consensuada, será trasladada por el sindicato a la mesa de negociación con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, prevista para octubre.
Ha destacado que sería especialmente beneficiosos para trabajadores que se incorporan tras una enfermedad, personas con discapacidad, trabajadores de mayor edad que podrían prolongar su etapa laboral y para todos aquellos que esta autonomía les pueda dar mayor motivación, entre otros.
Además, el sindicato defiende suprimir el cambio de hora y mantener durante todo el año el horario de invierno.
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miércoles, 19 de septiembre de 2018
martes, 18 de septiembre de 2018
Caos en unas oposiciones para 20.000 aspirantes: sin exámenes para todos y hacinados codo con codo
Fuente ABC Comunidad Valenciana/J.L.F.
Los sindicatos denuncian «irregularidades» como permitir consultar el móvil, hablar o ir al aseo sin vigilancia
Opositores durante el examen de este domingo en Valencia, en una imagen difundida por el STE - ABC |
El examen de la Oferta Pública de Empleo para Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE) celebrado este domingo para más de 20.000 aspirantes en varias ciudades en la Comunidad Valenciana se convirtió en un caos en el que faltaban hojas de examen para todos y trajeron más en cajas abiertas. Además, el hacinamiento hizo que los examinados estuvieran prácticamente codo con codo y sin controles habituales en estas pruebas para evitar que se copie.
Los sindicatos han coincidido en sus denuncias por lo que consideran graves «irregularidades», tal como lo ha expresado UGT, que además ha relatado como los opositores podían consultar sus móviles y no se había inhibido la señal de datos, con lo que tenían acceso a internet.
También, que se permitió ir al aseo sin acompañamiento, simplemente dejando el DNI, o hablar mientras se hacía la prueba, con lo que la facilidad para «copiar» era evidente. En consecuencia, esta central ha exigido que se «investigue» todo lo ocurrido.
Para el Sindicato de Técnicos de Enfermería (STE), una de las causas de esta situación es «la falta de previsión y dar por hecho que no se van a presentar a la prueba todos los aspirantes. Esto es un grave error y se debe garantizar espacio suficiente, exámenes y condiciones para cada uno de los aspirantes que aparezcan en la lista de admitidos al proceso».
En cuanto a la dificultad del examen, la opinión más generalizada es que había demasiadas preguntas que no se ajustaban al temario o a la cualificación exigida, según este sindicato.
Retraso de 50 minutos
«Masificación y hacinamiento» hasta el punto tener que realizar el examen «codo con codo» en muchas de las aulas mientras que «otras estaban a la mitad de su capacidad», han descrito, por su parte, desde CSIF acerca del examen en Alicante.
«Además, se dio la circunstancia de que no en todas las aulas empezaron a la vez, ya que en algunas de ellas hasta 50 minutos después de las 10, que era la hora prevista de inicio del examen, estaba entrando gente todavía», han añadido.
Y corroboran que en esta ciudad tampoco hubo «ejemplares suficientes de exámenes para todos los participantes, lo que se solucionó proporcionándoles exámenes que se trajeron en cajas mal precintadas y sin ningún tipo de medidas para garantizar su custodia y seguridad».
Por este cúmulo de circunstancias, CSIF ha denunciado que «las personas que tomaron parte en esta OPE sienten que les han tomado el pelo después de muchos meses de estudio. Pagar unos derechos de examen da derecho a unas condiciones dignas y justas».
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CSIF se desmarca del acuerdo de transporte sanitario y avisa de nuevas movilizaciones
Fuente: Levante el Mercantil Valenciano
No todos los sindicatos representados en la mesa sectorial de Sanidad firmaron el viernes el acuerdo propuesto por la Conselleria de Sanidad para cerrar la crisis del transporte sanitario de las urgencias extrahospitalarias. El sindicato CSIF optó por no firmar un acuerdo que considera que se queda «cojo» e incluso ayer avisó de la convocatoria de nuevas movilizaciones de profesionales si estos «así lo demandan».
El acuerdo presentado por Sanidad proponía poner a disposición de los profesionales de los Puntos de Atención Continuada (PAC) -los centros de salud que operan por las tardes y noches- vehículos con conductor para sus salidas domiciliarias. Además, los profesionales de los centros de salud de Atención Primaria dispondrán también de vehículos rotulados para sus visitas. Con esto, la conselleria pretendía cumplir con la Inspección de Trabajo que había urgido a dar soluciones para no obligar a los trabajadores a usar sus propios vehículos en estas salidas, tras la retirada de las ambulancias no asistidas y las denuncias presentadas por ello por los sindicatos.
Pese al acuerdo unánime del resto de formaciones, para CSIF (la cuarta formación en representatividad en el área de salud) la propuesta «debe mejorarse» para abarcar a todos los desplazamientos de los profesionales ya que todavía se les exponía. «Conselleria no asume que los desplazamientos de asistencia domiciliaria deben prestarse siempre con medios de la conselleria», incluido conductor y, con esta solución, aún se les expone a usar «su carné de conducir particular para una actividad profesional a terceros». Desde el sindicato apuntaron también que la asistencia al ciudadano iba a «empeorar» ya que la cifra de vehículos con conductor puesta sobre la mesa era de «24» mientras que antes las ambulancias a disposición para las salidas eran 56. Además, según el sindicato, el acuerdo «no tiene en cuenta las particularidades de determinados departamentos con grandes distancias».
El Sindicato CSIF, es la única organización sindical de Mesa Sectorial que no ha firmado el Pacto para la gestión del desplazamiento del personal de atención primaria, presentado por la Conselleria de Sanidad en la Mesa técnica de 14-9-2018, porque la propuesta, no cumple criterios que esta organización considera básicos:
La Consellería no asume que los desplazamientos de la asistencia domiciliaria, debe prestarse siempre con medios de la Consellería de Sanidad (con vehículo y conductor).
CSIF considera que el personal sanitario no tiene porqué utilizar su vehículo, o exponersu carnet de conducir particular (en el caso vehículos sin conductor), para una actividad profesional a terceros.
En cuanto a la solución propuesta por la Consellería, empeora la asistencia al ciudadano y la labor del profesional que se venía prestando antes 1 de Agosto de 2018. En cuanto a:
Numero: con la eliminación de poder utilizar 56 TNAs(ambulancias con conductor), la propuesta habla de 24 vehículos con conductor.
Calidad: dado que en caso de necesidad de ingreso, deberá esperarse la llegada de una ambulancia con el consiguiente retraso de la asistencia hospitalaria que requiera el paciente.
Especificidad: no se tienen en cuenta la particularidades de determinados departamentos con grandes distancias de desplazamientos como: Requena, Xativa, Vinaroz, Elda, Orihuela…
CSIF considera que la solución al problema del transporte del personal sanitario, que ha generado la Consellería, debería ser inmediata para acabar con el caos actual y en este caso lo propuesto por la administración, tardara meses en concretarse.
Por todo lo anterior CSIF manifiesta:
Que la propuesta debe mejorarse abarcando todos los desplazamientos de los profesionales de la Atención Primaria, dotando de TNAs donde así se requiera.
No descarta convocar nuevas movilizaciones si los profesionales así se lo demandan.
CSIF Contra las agresiones en los centros de salud
Fuente Europa Sur
Trabajadores y representantes sindicales mostraron ayer su rechazo a las agresiones verbales que sufren con frecuencia los profesionales sanitarios. La concentración, convocada por CSIF, se llevó a cabo en el centro de salud Algeciras Norte, donde la semana pasada un usuario amenazó e insultó a varios trabajadores.
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Trabajadores y representantes sindicales mostraron ayer su rechazo a las agresiones verbales que sufren con frecuencia los profesionales sanitarios. La concentración, convocada por CSIF, se llevó a cabo en el centro de salud Algeciras Norte, donde la semana pasada un usuario amenazó e insultó a varios trabajadores.
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lunes, 17 de septiembre de 2018
CSIF urge a la nueva ministra a agilizar los temas pendientes en la Sanidad para evitar un nuevo ‘parón’, tras la dimisión
FUENTE/ileón
- El sindicato reclama a la nueva titular de Sanidad que se reanuden este mes las negociaciones laborales pendientes en la Mesa del Ámbito
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha recordado hoy al Gobierno que la política sanitaria no puede sufrir un nuevo parón tras la dimisión de la ministra del ramo, Carmen Montón, porque hoy más nunca es necesario impulsar medidas para combatir la alta precariedad laboral en el Sistema Nacional de Salud.
Respecto a la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, CSIF valora su perfil especializado y su experiencia profesional, y le ha solicitado una reunión cuanto antes para abordar asuntos de máximo interés y que requieren la puesta en marcha de decisiones políticas ya. Para CSIF, es fundamental reactivar el diálogo con los Interlocutores Sociales en relación con el Sistema Nacional de Salud y las políticas sanitarias
Entre ellas, se encuentran las negociaciones en materia de condiciones laborales en el marco de la Mesa del Ámbito, cuya apertura estaba prevista para este mismo mes, y que no se puede dilatar ni un minuto más.
miércoles, 12 de septiembre de 2018
La Justicia tumba el primer despido en el Hospital de la Ribera por la reversión
Fuente El Mundo/Vicente Useros
Vista general de los diversos pabellones del Hospital de la Ribera.
La Justicia acaba recordar a la Generalitat Valenciana que el proceso seguido con los trabajadores del Hospital de la Ribera se realizó erróneamente. El pasado mes de abril, cuando se llevó a cabo la reversión del centro -en ese momento de gestión privada y pasó a a la red de hospitales públicos- la ex consellera y actual ministra de Sanidad, Carmen Montón, despidió de forma discrecional a un grupo de profesionales con el único argumento de que eran personas próximas a la empresa saliente, Ribera Salud.
El mismo día de los cambios, a las 8 de la mañana, 14 'jefes' del centro de la Ribera recibieron las notificaciones de despido, firmadas por la entonces consellera de Sanidad y por el subdirector general de Recursos Económicos, José Luis Sanchis Oliver -ahora ocupa un cargo en el Ministerio de Sanidad-, y los cheques con las indemnizaciones correspondientes. Los 14 trabajadores recurrieron ante el juzgado la decisión de Carmen Montón y, hasta ahora, se hallaban a la espera de que la Justicia dictaminara si se produjo una injusticia en sus expulsiones y derivara responsabilidades.
Sin embargo, la espera ha concluido. Apenas cuatro meses después, el Juzgado número 16 de lo Social de Valencia ha declarado improcedente el primer despido recurrido en el Hospital de la Ribera tras la reversión. En un auto del pasado mes de julio, el juzgado condena explícitamente a la Generalitat a «readmitir a la trabajadora denunciante en las mismas condiciones anteriores al despido o al abono de la indemnización de 143.149,77 euros», y le da a la afectada la potestad de decidir qué opción prefiere.
Esta trabajadora fue una de las personas despedidas el primer día tras la reversión y, tras analizar el proceso, el juez ha declarado «improcedente» su despido. De este modo, el juez ofrece la opción de que si la trabajadora decide reincorporarse a su antiguo puesto de trabajo, la Administración deberá pagarle como si hubiera estado trabajado estos cuatros meses y, junto a ello, una indemnización.
En el texto de la sentencia, se condena «asimismo a la Generalidad Valenciana (Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública) a que abone a la actora, por la compensación económica de vacaciones no disfrutadas y del preaviso incumplido».
Las formas y el fondo
El escrito judicial no deja lugar a dudas sobre la improcedencia del despido, por las formas y por el fondo y destaca, por ejemplo, el incumplimiento del convenio colectivo vigente durante ese momento en el hospital de Alzira: «Es evidente que la Administración demandada ha incumplido la cláusula convencional contenida en el convenio colectivo [...] y ello, por sí solo, determina la improcedencia del despido de la demandante». El fallo recuerda que la subrogación se produjo el día 1 de abril con la reversión y que la trabajadora estaba sujeta al «convenio colectivo de la empresa Ribera Salud II UTE».
Pero la sentencia es contundente cuando argumenta la declaración de improcedencia y critica la falta de motivos para echar a la trabajadora porque «deriva asimismo de la inexistencia de la causa legal (causa organizativa) aducida en la carta de despido».
El mismo texto legal reprocha a la Conselleria de Sanidad, además, que en el escrito de comunicación del despido no da las razones a que obliga la Ley, para garantizar el derecho de los trabajadores, no sólo a saber por qué les despiden, sino también para poder recurrir y defenderse. En concreto asegura el juzgado de lo social que sobre las «causas organizativas que justifican la decisión extintiva empresarial la carta de despido es lacónica, dedicando a tal cuestión un único apartado».
A lo que añade que ese «acentuado laconismo narrativo de la carta permite incluso cuestionar si la misma cumple el requisito del art. 53.1.a) del Estatuto de los Trabajadores de que en la comunicación escrita en que se notifique al trabajador la extinción se exprese las causas que la fundamentan».
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Salud Laboral y Prevención de Riesgos: Reconocido como accidente laboral desprendimiento de retina sufrido trabajando con ordenador
El Tribunal Supremo ha reconocido como accidente laboral el desprendimiento de retina sufrido por una trabajadora mientras se encontraba delante de su pantalla de ordenador, en el ejercicio de las funciones que ejercía como administrativa. La trabajadora, estando en su puesto de trabajo, comenzó a sentir molestias en los ojos y alteraciones visuales, por lo que decidió acudir a un centro de salud, siendo poco después operada de urgencia por un desprendimiento de retina. El Instituto Nacional de la Seguridad Social declaró el carácter de la incapacidad temporal sobrevenida, como derivada de enfermedad común.
La afectada, disconforme con el no reconocimiento como laboral del daño sufrido, cursó demanda ante el Juzgado de lo Social número 3 de Ourense, el cual la dio la razón, calificando su incapacidad como accidente de trabajo. A continuación, el INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social recurrieron esta sentencia ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, la cual declaró que la incapacidad derivaba de enfermedad común. Según la sentencia, no procedía aplicar presunción de laboralidad, pues no se acreditaba que la causa del desprendimiento fuese un traumatismo, y tampoco había datos de los que deducir una relación de causalidad entre la lesión y el trabajo, pues la literatura médica no considera el trabajo frente a pantallas de ordenador como causa de desprendimiento de retina.
Posteriormente, la trabajadora, en desacuerdo con la sentencia, la recurrió ante el Tribunal Supremo, quien juzgó los hechos objeto de controversia teniendo en cuenta algunos criterios destacados:
- "Ha de calificarse como accidente de trabajo aquel en el que, de alguna manera, concurra una conexión con la ejecución de un trabajo, bastando con que el nexo causal, indispensable siempre en algún grado, se dé sin necesidad de precisar su significación. Debe otorgarse dicha calificación cuando no aparezca acreditada la ruptura de la relación de causalidad entre actividad profesional y el hecho dañoso".
- "Para destruir la presunción de laboralidad a que se refiere el Artículo 156.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (según la cual "Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo"), es necesario que la falta de relación entre la lesión y el trabajo se acredite de manera suficiente, bien porque se trate de una patología que, por su propia naturaleza, excluya la etiología laboral, bien porque se aduzcan hechos que desvirtúan dicho nexo causal".
- "La presunción de laboralidad entra en juego cuando concurren las dos condiciones: tiempo y lugar de trabajo. Es decir, si la parte afectada prueba el hecho básico de que la lesión se produjo en el tiempo y el lugar de trabajo, existe presunción de laboralidad del resultado lesivo materializado. Ello a su vez determina que a la parte que niega la existencia de accidente de trabajo le incumba probar la falta de conexión entre el hecho dañoso y el trabajo".
- "En el caso en cuestión, el desprendimiento de retina materializado fue una lesión súbita que ocurrió en tiempo y lugar de trabajo, lo que conduce necesariamente a aplicar la presunción de laboralidad, en cuya virtud se presume que se trata de un accidente de trabajo. Más aún si se tiene en cuenta que no cabe excluir el factor trabajo en el desencadenamiento de patologías oculares, en concreto, el desprendimiento de retina, sin perjuicio de que, estadísticamente, existan otras causas productoras más frecuentes".
- "Establecida la presunción de laboralidad, corresponde a quien pretende destruirla acreditar la falta de conexión causal entre trabajo y lesión. Esta acreditación no se realizó por el INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social, habida cuenta de que no puede considerarse como tal el argumento de que no existen casos en la literatura médica que conecten trabajo ante pantallas de ordenador con desprendimiento de retina. Esto es así por dos motivos: en primer lugar, porque, aunque la tarea realizada cuando se produjo el fatal evento se producía ante una pantalla, la presunción legal se refiere al tiempo y lugar de trabajo y no a los instrumentos de los mismos; en segundo lugar, porque la destrucción de la presunción hubiera exigido la acreditación de una radical incompatibilidad entre el trabajo y la lesión, circunstancia que en este caso no se produjo".
El Tribunal Supremo, con base en estos criterios en sentencia firme (Sentencia de la Sala 4ª de 21 de junio de 2018, EDJ 2018/513438), resolvió la controversia creada sobre el origen laboral o no del daño sufrido por la trabajadora, reconociendo el desprendimiento de retina producido como accidente de trabajo. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, esta sentencia constituye un importante precedente jurídico para que, en un futuro, casos similares sean reconocidos igualmente como accidentes de origen laboral.
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género no llega a la Administración, un año después de su entrada en vigor
-CSIF se reúne con la delegada del Gobierno para la Violencia de Género y le traslada su preocupación
-CSIF incorporó 10 medidas que no se desarrollan ni se publicitan, como el Protocolo de Movilidad, las Unidades de Igualdad o la cuota de reserva de plazas para mujeres maltratadas
-El sindicato pide al Gobierno que apoye el proyecto ‘Nos preocupa tu vida’ para detectar víctimas de violencia de género en el ámbito laboral
-CSIF incorporó 10 medidas que no se desarrollan ni se publicitan, como el Protocolo de Movilidad, las Unidades de Igualdad o la cuota de reserva de plazas para mujeres maltratadas
-El sindicato pide al Gobierno que apoye el proyecto ‘Nos preocupa tu vida’ para detectar víctimas de violencia de género en el ámbito laboral
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha advertido hoy de que la mayor parte de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género aún no se han cumplido, un año después de su aprobación.
Así lo ha denunciado hoy la secretaria de Igualdad de CSIF, Mª Ángeles Mur, durante una reunión en Madrid con la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop, a quien ha mostrado su preocupación, ya que no se está cumpliendo ninguna de las diez medidas incorporadas al Pacto por el sindicato. La delegada, por su parte, se ha mostrado receptiva y analizará las iniciativas de CSIF que no se han aplicado en el ámbito de la Administración.
CSIF, como agente activo de la sociedad civil y parte del Pacto de Estado alcanzado en el Congreso de los Diputados, considera que urge desarrollar las medidas incluidas para estrechar el cerco sobre los maltratadores, también en el ámbito laboral.
Las diez medidas incluidas son:
1.- Promover el establecimiento de cuotas de reserva de los contratos programa en el ámbito de las Administraciones Públicas para las mujeres víctimas de violencia de género que cumplan los requisitos (no cumplida).
2.- Elaborar un protocolo de actuación para la prevención y actuación en casos de violencia de género que afecten a las trabajadoras de la Administración General del Estado (no cumplida).
3.- Uso del teletrabajo (no cumplida).
4.- Incorporar los datos de movilidades a la Estadística Nacional (no cumplida).
5.- Garantizar que no haya menoscabo de la promoción profesional, de la retribución y de la confidencialidad de las víctimas por procesos de movilidad (no cumplida).
6.- Asegurar la creación de Unidades de Igualdad en todos los Ministerios, de su desarrollo reglamentario y su implicación en esta materia (no cumplida).
7.- Formación y sensibilización de los responsables de recursos humanos y los representantes sindicales (no cumplida).
8.- Impulsar la negociación de los Convenios Colectivos y Planes de Igualdad para el desarrollo de los derechos laborales de las víctimas de violencia machista, reordenación del tiempo de trabajo o jornada y movilidad (no cumplida)
9.- Incorporar el enfoque de la discapacidad (no cumplida).
10.- Difusión del protocolo de Movilidad para funcionarias víctimas de violencia de género de la Administración General del Estado, ampliando su ámbito de acción a las diferentes Administraciones y promoviendo su utilización en todos los casos (no cumplida).
Asimismo, durante la reunión CSIF ha pedido al Gobierno su apoyo a la campaña Nos preocupa tu vida para detectar y atender de manera precoz a mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito laboral. Desde el sindicato, valoramos que la delegada ha considerado que se trata de una iniciativa necesaria para combatir esta lacra en el trabajo.
Con esta campaña, que desarrolla CSIF desde el pasado enero en colaboración con la Asociación Ilicitana contra la Violencia de Género (AIVIG) y la Confederación Española de Policía (CEP), los delegados sindicales, especializados en la materia, actuarán como agentes de prevención, asesoramiento y apoyo a las víctimas. De esta manera pretendemos cubrir un vacío asistencial en nuestras administraciones y empresas.
CSIF considera que el aumento del paro es “un aviso” y pide al Consell que se centre en la creación de empleo
El sindicato recuerda que todavía 373.059 valencianos siguen en el paro y que muchos trabajan con contratos precarios
El sindicato CSIF considera que el incremento en 7.591 personas del paro al cierre del mes de agosto constituye “un aviso” para la economía valenciana. La central sindical insta al Consell a “tomar en serio” este “aviso” y a dejar de lado las discrepancias internas entre los diferentes partidos para centrar todos sus esfuerzos en la creación de empleo, ya que 373.059 valencianos siguen sin encontrarlo.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explica que el cierre de agosto suele comportar un incremento del paro, por tratarse de un mes en el que finalizan muchos contratos temporales. No obstante, el sindicato hace hincapié en que la Comunidad Valenciana acapara el 15% del incremento del desempleo en España, y que lidera el descenso en el número de turistas. CSIF considera que son dos avisos suficientes para advertir de la necesidad de crear empleo estable y no circunscribir la mejora económica al turismo.
El sindicato también subraya que el descenso del paro que se había producido en los meses anteriores puede haber creado “un exceso de confianza”. La central sindical recuerda que la Comunidad Valenciana todavía se encuentra muy cerca de las 400.000 personas desempleadas, y que muchas que tienen trabajo lo hacen en una situación de precariedad.
CSIF señala que el Consell “no debe escatimar” un ápice de esfuerzo y de recursos para crear empleo. El sindicato pide a los dos partidos que lo conforman y al que les respalda sin formar parte del Gobierno que dejen de lado sus diferencias y, junto con el resto de fuerzas del hemiciclo y los principales actores sociales, centren toda su energía y propuestas en afrontar el principal problema de los valencianos: el desempleo.
Ese mismo mensaje se lo traslada el sindicato al gobierno central, ya que estos malos datos de agosto se producen poco después del cambio de ejecutivo. El sindicato recuerda que los principales problemas de los españoles, y los que deben aunar todos los esfuerzos para combatirlos, son el desempleo y la precariedad económica.
REPERCUSIÓN
LA VANGUARDIA
FINANZAS.COM
EN REQUENA
¿En qué gastarías 5,5 millones de euros?
Si fueras responsable de la Administración autonómica y dispusieras de 5 millones y medio de euros para gastar en cualquier iniciativa de empleo público, ¿en qué los gastarías? ¿carrera profesional? ¿recuperación del poder adquisitivo? ¿eliminar la brecha salarial? ¿reclasificar a 38:45 todos los puestos de la GVA?
La Administración, al destruir empleo público echando a interinos en el 2016, ha dejado perder ese dinero. Te lo detallamos en esta entrada del blog.
Hace unos días comentábamos cómo el Gobierno de la Nación alertaba al Consell de la falta de recaudación tributaria por falta de personal, sumando a esta noticia el hecho de que la GVA pactó con un sindicato el cese de 38 funcionarios interinos del grupo A1 que desempeñaban funciones de inspección de tributos. En nuestra entrada del BLOG del sábado 1 de septiembre.
Ahora, el mismo diario que sacó a la luz esta información, amplía la misma cuantificando la recaudación perdida -solo en derechos de cobro prescritos- durante el último año: 5,5 millones de euros:
Captura de la noticia en la página web de lasprovincias |
En el cuerpo de la noticia, el medio indica que
Hay que señalar que los 5,5 millones de euros que la Generalitat ha perdido en el pasado ejercicio corresponden a expedientes que sí han sido revisados por la administración y de los cuales tenía conocimiento.
La carencia de técnicos ha sido siempre una constante en este organismo, sin embargo, dicha situación se agravó en 2016 cuando la Conselleria de Hacienda decidió cesar a 38 técnicos interinos, el 60% del equipo en ese momento.
El número de carpetas revisadas en las oficinas gestoras -las que pertenecen al IVAT- cayó en un 42% al pasar de 7000 a 4000 en el pasado ejercicio, mientras que las pendientes de revisión han aumentado un 35%. En cuanto a este impuesto en 2016, las revisiones bajaron un 71% respecto a 2015.
Del mismo modo, la demora en la revisión en ese año pasó de los 24 meses a los 115. Este significativo aumento de la pendencia es el resultado fundamentalmente de la minoración del personal técnico tras la amortización de plazas.
Puedes leer la noticia completa en la web de Las Provincias.
Despido de interinos con apoyo de un sindicato
Como ya te contamos en nuestra entrada del 1/09, esta decisión de la GVA de despedir a todo un colectivo de interinos tuvo cobertura jurídica en un Pacto de Mesa Sectorial que sólo apoyó una organización sindical.
Desde CSIF consideramos dicha actuación como absolutamente infame e inaceptable, y debemos reiterarlo tantas veces como corresponda por el doble riesgo que representa:
Precedente
El principal riesgo es que la GVA, con la excusa de su potestad de autoorganización y de haberse negociado y pactado, pueda cesar a todo un colectivo de interinos amortizando sus puestos de trabajo, con motivos que años después se revelan inciertos.
Además, que esa supuesta organización más efectiva se base en amortizar puestos de A1 para crear puestos de A2 con las mismas funciones -lo que, según el Ministerio, también se ha revelado falso-, es otro peligroso precedente: rebajar salarios y complementos con la excusa de reorganización de funciones.
Sindicatos apoyando despidos
Con el cambio de color político en el Consell, un sindicato falicitó esta actuación por la que 38 empleados públicos (repetimos: TODO el colectivo) perdieron sus puestos de trabajo, con una excusa que se ha revelado falsa: que la Administración fuera más eficiente.
En mayo de 2016, los interinos afectados elevaron una queja sobre esta situación a la Conselleria, así como a los órganos de representación del personal funcionario. Disponemos de copia de dicha queja, que no subimos a la web al incluir datos personales de los afectados.
Como nos relata parte del personal afectado, esta queja fue trasladada a la Junta de Personal de Servicios Territoriales de Valencia, ya que la presidenta de la misma es delegada del sindicato que instigó el despido y los representantes sindicales en los Servicios Prop de Gregorio Gea apoyaron desde el inicio el plan de la GVA y (según indica el colectivo en su queja) participando del hostigamiento y trato indigno y hostil hacia el personal cesado.
Os proponemos: ideas para gastar 5,5 millones de euros
Hubo un Pacto de Mesa Sectorial entre el Consell y un sindicato, planificado entre los responsables de Tributos de la GVA y los delegados sindicales de dicho sindicato en los Prop de Valencia; y nos ha costado a los ciudadanos valencianos 5,5 millones de euros.
Si ese dinero estuviera disponible para negociar sobre el mismo en Mesa Sectorial (es decir, dedicado a la Administración del Consell en cuestiones de personal), ¿en qué podría gastarse?
Os proponemos que nos hagáis llegar vuestras ideas, prioridades o propuestas para esa cuantía: con el objetivo de pedir explicaciones a quien corresponda sobre que esas propuestas no se estén llevando a cabo.
¿Recuperación del poder adquisitivo? ¿Carrera profesional para todos, incluidos interinos y mejora? ¿Eliminación de la brecha salarial en la GVA? ¿Reclasificación de todos los puestos al específico que suponga una jornada de 38:45 horas semanales?
Hacednos llegar -en comentarios de esta entrada, por whatsapp, o correo electrónico- vuestras propuestas, y nosotros nos encargamos de cuantificarlas y pedir explicaciones en la Mesa.
martes, 11 de septiembre de 2018
La odisea de entrar en el mercado laboral para los jóvenes: casi 8 años para tener un contrato indefinido
- Fuente El Economista.es/Inés Calderón
- El tiempo para obtener el primer empleo fijo ha aumentado un 65%
- La mitad de menores de 30 años ha estado más de 3 años en el paro
Imagen de Istock. |
- Los primeros años de la vida laboral se han vuelto más complicados tras la crisis. Sucesión de contratos de corta y muy corta duración, temporalidad, episodios de desempleo y bajos salarios caracterizan la situación de quienes han entrado en el mercado laboral en los últimos tiempos. Aunque las condiciones son más duras para los jóvenes actuales, para los que no tienen formación, incorporarse al mercado laboral es una auténtica odisea.En primer lugar, por la temporalidad. Los jóvenes de entre 16 y 29 años sufren una tasa de temporalidad del 56%, lo que significa que más de la mitad de los que tienen un empleo, es temporal. Según la Encuesta de Población Activa, sus datos duplican a la media de los trabajadores españoles, aunque se reduce paulatinamente a medida que pasan los años. Para el tramo entre los 16 y los 19 años, la tasa de temporalidad es del 85%, mientras que para el siguiente tramo (20-24 años) es del 69% y para los que tienen entre 25 y 29 años, baja al 47%. Aún así, las cifras son mucho más altas que para el resto de tramos de edad.En segundo lugar, por que la duración media de los contratos cada vez es más baja debido a la multiplicación de los contratos muy breves y esto se traduce, según un estudio de Florentino Felgueroso, Ignacio García Pérez y Marcel Jansen publicado por Funcas, en una mayor "frecuencia de los episodios de empleo y paro". Una muestra de ello es el récord de 21,5 millones de contratos firmados en el año 2017, a pesar de que en el pasado ejercicio la ocupación aún estaba más de un millón de personas por debajo de la de antes de la crisis.
Ocho contratos y 93 meses para alcanzar el primer empleo fijo
Y si hay a algún colectivo al que esta situación esté afectando especialmente, ése es el de los jóvenes. De acuerdo con el estudio, conseguir el primer contrato indefinido cuesta a los jóvenes tener 9 contratos previos y esperar más de 94,3 meses (casi 8 años). Estas cifras, correspondientes a los datos entre 2008 y 2016 contrastan con los del periodo 2001-2007, cuando suponía 56,9 meses de media (4,7 años). Es decir, tras la crisis, ele tiempo para firmar el primer contrato indefinido ha aumentado un 65%.Contratos temporales y paro
En este mismo sentido, la Encuesta de Población Activa indica que de los 1,38 millones de jóvenes (entre 16 y 29 años) que tenían un contrato temporal en el segundo trimestre del año, casi un 40% tenía una duración de entre uno y once meses. De ahí que lo normal sea encadenar varios contratos temporales hasta alcanzar el primer indefinido en los primeros años de la vida laboral.Además, otro estudio, en este caso de María Arrazola, Sofía Galán y José de Hevia, apunta que no sólo es muy costoso para los jóvenes conseguir un contrato indefinido, sino que también son habituales los episodios de desempleo en los primeros años de la vida laboral. Tras analizar una muestra de más de 465.000 personas, sólo encontraron que no sufrieron ni un solo día de paro antes de los 30 años el 3,9% de los que tenían menos formación y el 7,8% de los más formados. En el lado contrario, el 45% de los menos formados y el 20,7% de los que tienen mayor formación estuvieron 36 meses (3 años) o más desempleados antes de cumplir los 30 años.Pero los primeros años de la vida laboral no sólo son difíciles por la temporalidad o la entrada y salida del mercado laboral, sino también por los salarios. Los jóvenes tienen los salarios más bajos y, además, son los que más lejos están de los niveles previos a la crisis. En el caso de los que tienen entre 20 y 24 años, el sueldo medio de 2017, según el INE, es de 11.316 euros, un 15% menos que antes de la crisis. Entre los 25 y 29 años, la media es de 15.876 euros, un 10% menos que en 2010. El sueldo medio, 23.156 euros al año, es un 1,6% mayor que en el ejercicio 2010. - Las cifras cambian en función de la formación, aunque en todos los casos ha aumentado respecto a los niveles precrisis. Los jóvenes más formados necesitan 62 meses para alcanzar su primer contrato indefinido, mientras que para los que tienen una formación más básica, acceder a un contrato fijo les cuesta más de 100 meses, es decir, ocho años y medio.
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