La Administración General del Estado, en Peligro de Extinción: ya solo quedan 1.000 jóvenes en una plantilla de 190.000

- La ‘cantera’ de jóvenes se ha reducido un 80% en 6 años y hay organismos donde tan solo trabaja una persona menor de 30 años
- El grupo de titulación inferior a punto de desaparecer, con 241 efectivos, por el proceso de privatización de servicios
- CSIF propone un plan de choque a varios años para salvar la Administración General del Estado

Enlace a la entrevista en Antena 3

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclamó hoy al Gobierno un plan de choque urgente para garantizar la viabilidad de la Administración General del Estado, que en apenas 6 años ha visto reducida en un 80 por ciento su ‘cantera’ de personal joven (menos de 30 años), como consecuencia de las políticas de recorte.

CSIF, sindicato mayoritario en la Administración General del Estado, llevará su denuncia al Grupo de Trabajo dependiente de la de la Mesa General de las Administraciones Públicas, el próximo jueves donde reclamará que se elimine de una vez por todas la tasa de reposición y se lleve a cabo un plan de recursos humanos para afrontar esta situación de emergencia.

Según un informe de CSIF, a partir de los datos disponibles del Ministerio de Hacienda, en estos momentos tan solo hay 1.338 personas con menos de 30 años de una plantilla de 190.858 personas al servicio de ministerios, organismos autónomos y diferentes áreas de actividad. Esto significa que, a menos que se diseñe una oferta de empleo público ambiciosa, nos quedaremos sin recambio de personal en nuestra Administración.

La situación es especialmente alarmante en algunos ámbitos, donde las personas menores de 30 años se pueden contar con los dedos de las manos: Patrimonio Nacional (1 persona), Fomento (4) o el Ministerio de Industria (9)

Por el contrario en los últimos 6 años el número de personas mayores de 50 años ha aumentado un 24 por ciento hasta alcanzar las 122.193 personas. En estos momentos, 28.000 personas tienen más de 60 y por tanto se encuentran a las puertas de la jubilación.

Desde CSIF, esto responde a una estrategia bien planificada para cambiar el modelo de nuestras administraciones públicas mediante la no reposición del personal que se jubila. De esta manera, desde 2010 (año en el que se empezó a destruir empleo) se han perdido 32.591 puestos de trabajo en la Administración General del Estado (180.000 en el conjunto de las Administraciones Públicas y 300.000 en términos de Encuesta de Población Activa).

Por otra parte, CSIF ha detectado que se ha producido una pérdida mayor de personal laboral respecto del personal funcionario, lo que evidencia el proceso de privatización de servicios que se está produciendo en la Administración. Además, los grupos de titulaciones inferiores son los que han sufrido el mayor descenso, el grupo E se encuentra al borde de la desaparición, con 241 efectivos.

Los grupos de titulación inferiores, al borde de la desaparición

Esta situación se debe a la privatización de la limpieza, la hostelería y control de acceso. De esta manera, se ha deteriorado y abaratado el empleo público, mientras que se incrementa el capítulo 2 (inversiones) de los presupuestos, como consecuencia de los contratos con empresas privadas.

Además, se producen conflictos ya que conviven empleados de la Administración con la plantilla de empresas privada, lo que genera numerosas denuncias por cesión ilegal de mano de obra.

Situación por departamentos

La situación por el déficit de personal ya está teniendo sus consecuencias en diferentes ámbitos:

Seguridad Social. Cierre de oficinas por falta de personal. La Seguridad Social pierde un empleado público cada cuatro días desde 2012 (un total de 333), bien porque se han jubilado, bien porque se han trasladado a otro destino por el deterioro de las condiciones laborales.

Privatización de la gestión de datos sensibles como son las vidas laborales o la tarjeta sanitaria europea.

SEPE. Incremento de la carga de trabajo (1.700 expedientes/gestiones/consultas al año por persona, 300 por encima de la marca idónea que establece la propia Administración para realizar una correcta atención al ciudadano). Estamos en una media de 10 minutos de atención al ciudadano por cada expediente tramitado. Además, se afrontan situaciones de inseguridad en el puesto de trabajo. En los próximos 5 años, previsiblemente se jubilará el 40 por ciento de la plantilla.

Oficinas de renovación del DNI. En las grandes ciudades hay una demora de hasta dos meses para pedir cita.

Ministerio de Defensa. Privatizaciones. El mantenimiento de vehículos blindados está en manos privadas. El Centro Militar de Farmacia de la Defensa, recientemente trasladado a Colmenar Viejo, aún no se ha podido poner en marcha por falta de personal.

Dirección General de Tráfico. Se están mermando las plantillas a un ritmo alarmante. En estos momentos hay 924 vacantes sin cubrir, lo que se traduce en menos funcionarios en ventanilla, esperas, colas, malestar y quejas de los ciudadanos. Además, se ha mermado la plantilla de examinadores de tal manera que hay provincias donde solo hay un examen práctico al mes.

CSIC. Reducción de las plantillas de investigadores. Abuso de la contratación de personal interino.

Agencia Estatal de Meteorología. Las oficinas meteorológicas de aeropuertos y de defensa se han visto afectadas igualmente por el déficit de personal. El nivel de jubilación está entre 80 y 100 personas al año y el déficit de personal se suple con incremento de horas de trabajo y personal interino de menor cualificación. Hay oficinas meteorológicas que solo están atendidas por interinos y una misma persona funcionaria se tiene que hacer cargo de la jefatura de varios centros.

Instituto Nacional de Estadística. Desde 2012 no hay oferta de empleo público, lo que ha provocado el consecuente envejecimiento de plantillas. Hay provincias como Cuenca, Lérida, Guadalajara o Ávila que están bajo mínimos. La Administración contrata personal fijo discontinuo fuera de los periodos de campaña para puestos estructurales, como refuerzo, que en nuestra opinión supone un fraude de ley.

ANTE ESTA SITUACIÓN, CSIF PROPONE:

- Un plan de choque específico para la Administración General del Estado, con un Plan Integral de Recursos Humanos que analice las carencias y determine la oferta de empleo público necesaria sin tasa de reposición.

- Planificar las expectativas de la vida laboral para cubrir las necesidades en el tiempo para que no se produzcan desequilibrios.

- Negociación efectiva de la Relación de Puestos de Trabajo.

- Recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2010, con un plan de revisión salarial a varios años.

- Garantizar la carrera profesional y la movilidad.

- Reservar actos administrativos que deben ser desempeñados por empleados públicos investidos de autoridad, que garanticen con su independencia los derechos de la ciudadanía.

- Detener el proceso de privatización.