miércoles, 29 de marzo de 2017
La Ley de Igualdad cumple diez años con poco que celebrar
Fuente: Público/Marisa Kohan
"Poco, o casi nada que celebrar" es la respuesta de los expertos consultados por Público cuando preguntamos sobre los logros de la Ley de Igualdad, que hoy cumple diez años. La falta de voluntad política para llevarla a cabo y de recursos invertidos son dos de las principales causas citadas por aquellos que consideran que España cuanta con una ley 'pionera' e integral en materia de igualdad, pero que está más cerca del papel mojado que de la revolución que vaticinó el gobierno de Rodríguez Zapatero cuando la presentó.
Un día como hoy diez años atrás, la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres veía la luz en el Boletín Oficial del Estado y daba sus primeros pasos. El presidente Zapatero había afirmado que se trataba del "primer día de una sociedad distinta" y dedicó la Ley a Clara Campoamor, quién 75 años antes había pedido en el Congreso el voto para las mujeres.
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| Clara Campoamor
Una década más tarde, pocos signos hay de que la conocida como Ley de Igualdad haya transformado radicalmente la sociedad. Datos no faltan. Hoy en día sólo 3 de las 50 universidades de titularidad pública tienen mujeres rectoras; las mujeres representan menos del 20% en los consejos de administración de las grandes empresas (las que forman el Ibex35); la brecha salarial entre hombres y mujeres alcanza el 30% (es decir, las mujeres deberían trabajar 109 días más para alcanzar el sueldo de los hombres) y desde la entrada en vigor de la ley el número de hombres que piden la excedencia para el cuidado de hijos aumentó un 3%, pero siguen siendo el 93,4% de las mujeres las que la solicitan.
"Estamos a años luz del cumplimiento de la Ley de Igualdad, más lejos que los siete planetas que se han descubierto recientemente. Pero la buena noticia es que tenemos un cohete con el que podríamos llegar al días siguiente, podríamos alcanzarla mañana. Todo depende de la voluntad política y la determinación de cambiar la realidad", afirma Miguel Lorente, médico y ex-delegado del Gobierno para la violencia de género.
“Los avances en materia de igualdad han sido muy escasos en este periodo, incluso habiendo introducido una Ley de Igualdad en España. Este hecho debe constituir un toque de atención, porque estamos muy lejos de alcanzar una igualdad real y efectiva en la sociedad en general y en el mercado laboral en particular“, asegura Noelia Jiménez, Directora de Concilia2, quien recientemente realizó un estudio sobre la aplicación de la ley.
Según sus datos, el porcentaje de mujeres en paro a finales del 2016 era de un 20.25%, frente al 17.22% de hombres, la diferencia más alta de la última década.
Otro informe publicado recientemente por el Grupo CESCE coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, el 74% de las empresas españolas no cumple la Ley de Igualdad y las que están obligadas por la ley a tener un plan de igualdad (aquellas que tienen más de 250 empleados), la proporción se reduce al 11%. En 2013 estos porcentajes eran muy similares, del 11 % y del 10% respectivamente.
"En desigualdad no hay neutralidad o término medio. O haces cosas activamente para acabar con ella o estás permitiendo que continúe"
"Si una cosa ha demostrado esta ley, es que era necesaria, no solamente en el ámbito normativo. También identifica claramente a quienes no están a favor de la igualdad y simplemente la utilizan como un argumento para dividir y para desarrollar sus políticas. En desigualdad no hay neutralidad. O estás haciendo cosas activamente para acabar con ella o estás permitiendo que continúe. No hay término medio. No crear políticas, no dotarlas presupuestariamente, no crear los servicios que requieren o mantenerse en esa posición aparentemente neutral, es permitir que siga la discriminación, el abuso, la desigualdad", añade Lorente.
"No hay voluntad política. Al contrario. Parece que esta ley les moleste. Aunque el marco normativo es bueno, los avances son más bien pocos y en ocasiones parece que se retroceda", afirma Juana Gallego, responsable del Observatorio de Desigualdad de la Universidad de Barcelona.
La puesta en marcha de esta norma obligó a modificar más de 20 leyes de nuestro país y a articular mecanismos y órganos multilaterales para asegurar y evaluar su puesta en marcha. Todo, desde la desaparición de la brecha salarial, el incremento en la representación política, la paridad en los puestos de decisión en las grandes empresas e instituciones públicas, los planes de estudio de escolares y universitarios... todo quedó tocado por esta ley.
"La Ley no es el problema, sino la mentalidad de la gente que la aplica. Hay leyes pobres, que bien aplicadas producen resultados fantásticos para la población. Y hay leyes estupendas y avanzadas (como es el caso de la de Igualdad o contra la Violencia de género), que no sirven si no las aplicas o se hace mal. Eso es lo que pasa", afrima Ana María Pérez del Campo, activista y presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas.
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viernes, 24 de marzo de 2017
El Colegio Oficial de Enfermería de Alicante acogerá el 29 de marzo la charla coloquio Acoso escolar y maltrato infantil
En el marco de la celebración del mes de la Enfermería Pediátrica
El Colegio de Enfermería de Alicante acogerá el próximo 29 de marzo una charla coloquio sobre acoso escolar y maltrato infantil dentro de las actividades previstas durante este mes dedicadas a la Enfermería Pediátrica.
La charla correrá a cargo del enfermero José José Gil y de un miembro de la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional y se celebrará en colaboración con la Asociación de Enfermería Pediátrica de la Comunidad Valenciana.
Enlace al Colegio Oficial de Enfermería de Alicante
Las 42 claves para saber si hay 'mobbing' en el trabajo
Fuente: Te Interesa
EL ACOSO LABORAL ES DELITO DESDE DICIEMBRE
EL ACOSO LABORAL ES DELITO DESDE DICIEMBRE
Iñaki Piñuel, experto en acoso laboral y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, ha publicado un libro donde enumera los indicios por los que un empleado puede sentirse víctima de 'mobbing', que se considera delito penado con hasta dos años de cárcel desde el pasado diciembre.
El especialista explica las 42 claves del acoso laboral en el libro 'Mobbing: cómo sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo". Piñuel considera que si el empleado siente hostigamiento psicológico durante un periodo de seis meses con una frecuencia de dos veces a la semana, entonces es una víctima del acoso.
1. Mi superior se niega a comunicar, hablar o reunirse conmigo.
2. Me ignoran, me excluyen, o me hacen el vacío, fingen no verme, no me devuelven el saludo, o me hacen "invisible" .
3. Me chillan o gritan, o elevan la voz con vistas a intimidarme.
4. Me interrumpen constantemente impidiendo expresarme.
5. Prohíben a mis compañeros o colegas hablar conmigo.
6. Inventan y difunden rumores y calumnias acerca de mí de manera malintencionada.
7. Minusvaloran y echan por tierra mi trabajo sistemáticamente no importa lo que haga.
8. Me acusan injustificadamente o falsamente de incumplimientos, errores, o fallos, inconcretos y difusos que no tienen consistencia ni entidad real.
9. Me atribuyen malintencionadamente conductas ilícitas o antiéticas contra la empresa o los clientes para perjudicar mi imagen y reputación.
10. Recibo críticas y reproches por cualquier cosa que haga o decisión que tome en mi trabajo con vistas a paralizarme y desestabilizarme.
11. Se amplifican y dramatizan de manera malintencionada pequeños errores o nimiedades para alterarme.
12. Me amenazan con usar instrumentos disciplinarios (rescisión de contrato, no renovación, expediente disciplinario, despido, traslados forzosos, etc...)
13. Desvaloran mi esfuerzo profesional, restándole su valor, o atribuyéndolo a otros factores 14. Intentan persistentemente desmoralizarme mediante todo tipo de artimañas.
15. Utilizan de manera malintencionada varias estratagemas para hacerme incurrir en errores profesionales y después acusarme de ellos.
16. Controlan, supervisan o monitorizan mi trabajo de forma malintencionada para intentar "pillarme en algún renuncio".
17. Evalúan mi trabajo y desempeño sistemáticamente de forma negativa de manera inequitativa o sesgada.
18. Me dejan sin ningún trabajo que hacer, ni siquiera a iniciativa propia, y luego me acusan de no hacer nada o de ser perezoso.
19. Me asignan sin cesar nuevas tareas o trabajos, sin dejar que termine los anteriores, y me acusan de no terminar nada.
20. Me asignan tareas o trabajos absurdos o sin sentido.
21. Me asignan tareas o trabajos por debajo de mi capacidad profesional o mis competencias para humillarme o agobiarme.
22. Me fuerzan a realizar trabajos que van contra mis principios, o mi ética, para forzar mi criterio ético participando en "enjuagues".
23. Me asignan tareas rutinarias o sin valor o interés alguno.
24. Me asignan tareas que ponen en peligro mi integridad física o mi salud a propósito.
25. Me impiden que adopte las medidas de seguridad necesarias para realizar mi trabajo con la debida seguridad.
26. Se me ocasionan gastos con intención de perjudicarme económicamente.
27. Me humillan, desprecian o minusvaloran en público ante otros colegas o ante terceros.
28. Intentan aislarme de mis compañeros dándome trabajos o tareas que me alejan físicamente de ellos.
29. Distorsionan malintencionadamente lo que digo o hago en mi trabajo, tomando "el rábano por las hojas".
30. Se intenta buscarme las cosquillas para "hacerme explotar”.
31. Envenenan a la gente a mi alrededor contándole todo tipo de calumnias o falsedades, poniéndolas en contra mía de manera malintencionada
32. Hacen burla de mí o bromas intentando ridiculizar mi forma de hablar, de andar, o me ponen motes.
33. Recibo feroces e injustas críticas o burlas acerca de aspectos de mi vida personal.
34. Recibo amenazas verbales o mediante gestos intimidatorios.
35. Recibo amenazas por escrito o por teléfono en mi domicilio.
36. Me zarandean, empujan para intimidarme.
37. Se hacen bromas inapropiadas y crueles acerca de mí.
38. Me privan de información imprescindible y necesaria para hacer mi trabajo.
39. Limitan malintencionadamente mi acceso a promociones, ascensos, cursos de formación o de capacitación para perjudicarme.
40. Me asignan plazos de ejecución o cargas de trabajo irrazonables e inusuales.
41. Modifican mis responsabilidades o mis cometidos sin comunicármelo.
42. Me lanzan insinuaciones o proposiciones sexuales directas o indirectas.
España contrata a trabajadores en el extranjero por debajo del SMI
Fuente: El Mundo/Daniel Viaña
CSIF denuncia ante el Gobierno que contrata personal auxiliar en el extranjero por debajo del SMI.
En lugares como el Hospital Español de Tánger el sueldo de las limpiadoras no llega a 400 euros
La Administración se ampara en que la ley sólo marca que los sueldos se deben "racionalizar por países y zonas"
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado ante los Ministerios de Hacienda y de Exteriores que el Gobierno contrata a personal auxiliar en el extranjero por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En concreto, CSIF expone que «varias decenas de trabajadores, focalizados en su mayoría en el Hospital Español de Tánger, el Hospital de Tetuán (ambos en Marruecos) y personal subalterno en las Residencias de Embajadas entre las que se encuentra Haití, (...) tienen retribuciones entre los 300 y 600 euros y/o dólares brutos".
Este periódico ha tenido acceso tanto a la denuncia como a algunas de las nóminas, que evidencian que el Ministerio de Exteriores abona 399 euros a una limpiadora; 429 euros a un cocinero; o 566 euros a una auxiliar de sala. Todos estos empleados ejercen su labor en el Hospital Español en Tánger, que al igual que el resto de emplazamientos anteriormente mencionados se consideran "instalaciones públicas de España, dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación".
Así lo expone el sindicato en los documentos que hizo llegar a los diferentes Ministerios competentes a lo largo del pasado mes de febrero, y en los que añade que los trabajadores afectados son "empleados públicos de España como contratados laborales locales" y que "el patrón/contratante y pagador es la Administración Pública de España".
Asimismo, CSIF expone que "la ley deja bien claro que ningún trabajador en España percibirá sus retribuciones por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, fijado en 2017 en 707,60 euros". Por ello, exige al Gobierno que "actúe dentro de la normativa legal española y normalice las retribuciones de todos estos trabajadores, al menos, en lo fijado por el Salario Mínimo Interprofesional para España".
La Administración, por su parte, se ampara en lo que desde el sindicato califican como un "vacío legal" para abonar estos salarios. En 2008, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó el acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre condiciones de trabajo del personal laboral en el exterior. Según este texto, se acordó "racionalizar por países y zonas las retribuciones de las representaciones y oficinas", pero no se fijó ninguna retribución salarial mínima ni se especificó si debía respetarse el SMI.
Por ello, "no se puede decir que lo que hace el Gobierno sea ilegal, pero sí consideramos que moralmente los sueldos que paga la Administración a sus trabajadores deben ser dignos y que la normativa debe ser revisada y actualizada" ya que el Gobierno del PP tampoco ha abordado este punto desde que llegó al poder en 2011, explican fuentes sindicales.
También en otros países
Según CSIF, los trabajadores de Marruecos y Haití no son los únicos que se encuentran en esta situación y creen que la expuesta es una práctica habitual en otros países. Sus estimaciones son que el número total de afectados podría llegar incluso a hasta los "6.000 empleados", y en su opinión es la consecuencia de la "indefensión" en la que se encuentran muchos de los trabajadores que España contrata en las respectivas naciones de origen.
"Existe una situación de vulnerabilidad y abuso por parte del Gobierno español con el personal laboral que contrata en el país de origen para trabajar en sus residencias y edificios oficiales", explican. "Afecta a personal subalterno: chóferes, limpiadoras, auxiliares de sala... Y en esas contrataciones España actúa como una empresa, aprovechando la protección genérica que a estos empleados les otorga la regulación que se aprobó en 2008 para abonarles unos sueldos bajos", añaden desde la Central Sindical.
La ausencia de un seguro médico es, según denuncian, otro problema al que deben hacer frente trabajadores de embajadas y edificios oficiales de España en lugares como Sudamérica, así como la desactualización de los salarios en países con graves problemas de inflación. Sus datos son que hay empleados cuyos salarios no han sido actualizados desde 2008, esto es, cuando se aprobó el texto sobre las condiciones de trabajo del personal en el exterior.
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Mujer, sola y con hijos: el cóctel precario
Fuente: Levante, el Mercantil Valenciano/Paco Cerdá
Un estudio de la Universitat radiografía la alta probabilidad de caer en el paro y en el contrato parcial para las madres en solitario
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| Lucía Cuesta, madre soltera con su hijo de ocho años, que ahora trabaja de albañil. Fernando bustamante |
Hay pocas casualidades en un mercado laboral diseñado por los mismos hombres que han descargado en las mujeres su responsabilidad en los cuidados familiares. Si las mujeres sufren mayor precariedad en el trabajo, eso obedece a razones estructurales. Y ahora, un estudio de la Universitat de València radiografía la cuestión: cómo afecta a las mujeres más débiles ante el sistema laboral vivir solas y tener hijos a su cargo en la Comunitat Valenciana. La llamada monomarentalidad. Y los resultados son desoladores.
Las mujeres sin pareja y con hijos menores de seis años tienen una probabilidad mucho mayor de estar en paro o de padecer contratos temporales. Según escriben Sandra Obiol, Rafael Castelló e Immaculada Verdeguer en la revista Arxius de Ciències Socials, esta marginación laboral que repercute en el bienestar de las madres en solitario y sus hijos procede del rechazo del mercado laboral ante los costes derivados de tener hijos y criarlos en solitario. Esa situación la penaliza de manera severa. Y lo ilustran dos datos del estudio.
Primero, el paro. La probabilidad de estar parado es un 44,5 % superior para las mujeres sin pareja con hijos menores de 6 años. Solo ser inmigrante o estar separ
ado se penaliza más. Y al contrario: las mujeres sin pareja y sin hijos tienen un 45 % menos probabilidades de caer en el paro.
ado se penaliza más. Y al contrario: las mujeres sin pareja y sin hijos tienen un 45 % menos probabilidades de caer en el paro.
El segundo factor que lastra a las madres en solitario es el de la temporalidad. Y los resultados demuestran que la variable con mayor efecto es la de ser mujer (un 128 % más probabilidades), y más aún las que se relacionan con la maternidad. En cambio, las mujeres sin pareja experimentan una reducción de la oportunidad relativa de trabajar a tiempo parcial. Vivir con pareja y tener hijos, pues, va hundiendo a las mujeres en la sima precaria del trabajo a tiempo parcial.
No extraña así el arranque del estudio: si el riesgo de pobreza o exclusión social es del 29 % en España, el porcentaje supera el 53 % en familias con una sola persona al frente y con hijos a su cargo. Y ese retrato tiene rostro de mujer: tres de cada cuatro hogares monoparentales son, en realidad, monomarentales. En la Comunitat Valenciana no es una situación marginal. Las mujeres monoparentales con hijos ascienden a 115.134. Las franjas más delicadas son las 27.000 madres valencianas en solitario con hijos menores de 6 años, y las 52.000 mujeres que crían solas a hijos de entre 6 y 16 años.
No extraña así el arranque del estudio: si el riesgo de pobreza o exclusión social es del 29 % en España, el porcentaje supera el 53 % en familias con una sola persona al frente y con hijos a su cargo. Y ese retrato tiene rostro de mujer: tres de cada cuatro hogares monoparentales son, en realidad, monomarentales. En la Comunitat Valenciana no es una situación marginal. Las mujeres monoparentales con hijos ascienden a 115.134. Las franjas más delicadas son las 27.000 madres valencianas en solitario con hijos menores de 6 años, y las 52.000 mujeres que crían solas a hijos de entre 6 y 16 años.
Lejos de los grandes salarios
Todavía hay un tercer perjuicio laboral para las familias monoparentales que pone de relieve este interesante estudio circunscrito a la realidad valenciana. Ya no es que caigan más en el paro y en los contratos a tiempo parcial. También es que se alejan en enormes proporciones de los sectores de actividad con salarios por encima de la media. Las oportunidades de trabajar en sectores bien pagados se reducen un 60 % por el hecho de ser mujer, confinadas en grandes proporciones a los sectores de restauración, comercio y Administración. Esa reducción de opciones de copar sectores mejor pagados supera en mucho la de las personas sin estudios, que es de un 38 % inferior a la media. Ahora bien: según el estudio, afecta más el hecho de ser mujer que el tipo de maternidad en la lejanía a estos salarios.
Todavía hay un tercer perjuicio laboral para las familias monoparentales que pone de relieve este interesante estudio circunscrito a la realidad valenciana. Ya no es que caigan más en el paro y en los contratos a tiempo parcial. También es que se alejan en enormes proporciones de los sectores de actividad con salarios por encima de la media. Las oportunidades de trabajar en sectores bien pagados se reducen un 60 % por el hecho de ser mujer, confinadas en grandes proporciones a los sectores de restauración, comercio y Administración. Esa reducción de opciones de copar sectores mejor pagados supera en mucho la de las personas sin estudios, que es de un 38 % inferior a la media. Ahora bien: según el estudio, afecta más el hecho de ser mujer que el tipo de maternidad en la lejanía a estos salarios.
Ser familia monoparental va asociado a un mayor riesgo de caer en la pobreza porque el mercado de trabajo exige una dedicación absoluta al obviar las necesidades familiares y personales. Los autores precisan que no solo es una cuestión relativa al tipo de familia en la que se vive, sino de si la persona que está a la cabeza es mujer u hombre. «No tiene el mismo coste para hombres y mujeres optar por un tipo de familia u otro», concluye el informe.
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jueves, 23 de marzo de 2017
CSI·F Ayuda en la Comunidad Valenciana
El sindicato CSIF crea el servicio ´Nos ocupamos de tí´
CSI·F ha puesto en marcha la campaña ´Nos ocupamos de tí: CSI·F Ayuda´ para denunciar y tramitar casos como acoso laboral, drogodependencias y otras adicciones, ´bullying´, ´burn-out´, estrés laboral, acoso sexual y otra serie de actuaciones que atentan contra las personas.
El sindicato ha habilitado el correo electrónico csifayuda@csi-f.es para contactar y, a partir de ahí, iniciar el estudio y las medidas a adoptar en cada situación concreta. La central sindical está plantando cara de manera directa a agresiones y a situaciones que denigran a los trabajadores y, en general, a las personas.
CSI·F ha puesto en marcha la campaña ´Nos ocupamos de tí: CSI·F Ayuda´ para denunciar y tramitar casos como acoso laboral, drogodependencias y otras adicciones, ´bullying´, ´burn-out´, estrés laboral, acoso sexual y otra serie de actuaciones que atentan contra las personas.
El sindicato ha habilitado el correo electrónico csifayuda@csi-f.es para contactar y, a partir de ahí, iniciar el estudio y las medidas a adoptar en cada situación concreta. La central sindical está plantando cara de manera directa a agresiones y a situaciones que denigran a los trabajadores y, en general, a las personas.
Al menos 19.000 plazas, pendientes de la oferta de empleo público de 2017
Fuente ABC/Javier Tahiri
El Gobierno liga la convocatoria a que haya Presupuestos y los sindicatos y el PSOE piden que se apruebe por real decreto
El Gobierno liga la convocatoria a que haya Presupuestos y los sindicatos y el PSOE piden que se apruebe por real decreto
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| Oposiciones para docentes en Sevilla en 2011 - JUAN CARLOS RANGEL |
La batalla política que se avecina de cara a la aprobación de los Presupuestos para 2017 ya se empieza a escenificar en las reuniones entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos, que negocian la oferta de empleo público de este año y la mejora de los salarios a los funcionarios. Ambas partes se verán las caras mañana, pero el Gobierno ya maneja estimaciones sobre los puestos de trabajo que podría crear la oferta de empleo público este año. Como apuntan fuentes del Ejecutivo, solo de la Administración General del Estado en fuerzas y cuerpos de seguridad, habilitados y Justicia están pendientes de convocar oposiciones este año de al menos 19.000 plazas.
Esta cifra, incluidas en las estimaciones de oferta de empleo público para este ejercicio que maneja el Gobierno, se deriva de la continuidad de la tasa de reposición del 100% que se aplicó el año pasado en estos ámbitos. El director de Función Pública, Javier Pérez, se reunió la semana pasada con representantes de los principales sindicatos (CC.OO., CSIF y UGT) de los funcionarios y propuso continuar las tasas de reposición que se aprobaron en los Presupuestos de 2016. Estas tasas de sustitución de bajas eran del 100% para los servicios prioritarios -sanidad, educación, justicia, fuerzas de seguridad, lucha contra el fraude fiscal y servicios sociales- y del 50% para el resto. Este año la oferta de empleo público que prevé el Gobierno será mayor que la del ejercicio pasado: en 2016 se convocaron 13.427 plazas de nuevo ingreso en la Administración General del Estado que ascienden a 19.121 si se añaden las de promoción interna.
Conversión de interinos
A estas plazas se le añaden la convocatoria extraordinaria que el Ejecutivo hará para convertir a interinos en fijos. El objetivo es rebajar la tasa de temporalidad pública del 25% al 10% en unos años, según apuntan fuentes sindicales presentes en la reunión con Hacienda la semana pasada. CC.OO. calcula que hay que convertir a indefinidos a 360.000 interinos en comunidades, Estado y ayuntamientos.
Estas 19.000 plazas están en el aire según el escenario que enfrente el proyecto de Presupuestos que el Gobierno presentará a finales de este mes. El Ministerio de Hacienda liga la oferta de empleo público -y el posible aumento de sueldos públicos que se negocie- a que haya nuevas cuentas. Sin embargo, el presidente de CSIF, Miguel Borra, señaló ayer que es posible aprobarla incluso si no hay nuevos Presupuestos. «Hemos hablado con abogados del Estado y nos dicen que si no hubiera presupuestos se podría convocar la oferta de empleo público por real decreto», apuntó Borra. El PSOE coincide en esta tesis y pide al Ejecutivo que apruebe un decreto con la oferta de empleo público y la subida de sueldos del funcionariado. El PP prometió el pasado verano incrementar un 1% los salarios de los empleados públicos.
Expertos consultados señalan que el Gobierno podría aprobar una oferta de empleo público por real decreto, pero que esta debería ser manteniendo las tasas de reposición del ejercicio anterior. Esta tesis se traslada también a la subida de sueldo de los empleados públicos.
Como fuere, desde algunas comunidades autónomas dudan de que puedan convocar por su cuenta ofertas de empleo público para sanidad y educación sin que haya Presupuestos aprobados. Sin cuentas actualizadas, las comunidades autónomas no tienen la cifra de ingresos que les corresponden por el reparto del sistema de financiación y solo tienen las entregas a cuenta prorrogadas del año pasado que les ha facilitado el Ministerio de Hacienda.
Asimismo, las comunidades temen que el Estado pueda recurrir sus ofertas de empleo judicialmente si no se ajustan a lo que el Ejecutivo apruebe. En la memoria está lo que ocurrió en 2012, cuando la Junta de Andalucía tuvo que suspender unas oposiciones y devolver las tasas abonadas a 33.000 opositores porque sacó una oferta superior a la aprobada por el Gobierno. Entonces el Ejecutivo lo recurrió ante el Tribunal Constitucional.
«Ahora comunidades fuertes como Andalucía, Madrid, País Vasco o Cataluña han retado al Gobierno anunciando que convocarán sus ofertas de empleo con o sin Presupuestos. Pero otras como Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León o La Rioja han decidido pararlas. Entre jubilados e interinos que hay que convertir a fijos, este año están en juego que se convoquen 100.000 plazas de docentes», describe el presidente de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez. Por ello, la convocatoria de empleo público autonómico está casi congelada a la espera de que haya nuevas cuentas.
Envejecimiento de plantillas
Mientras tanto, CSIF denunció ayer el envejecimiento de las plantillas públicas ante la incertidumbre de si se cubrirán las jubilaciones de los empleados públicos. El sindicato presentó un informe en el que denuncian que la plantilla pública del Estado ha mermado desde 2010 en un 80% su «cantera» de empleados jóvenes menores de 30 años. De esta forma, según los datos de CSIF quedan 1.338 jóvenes en una plantilla de 190.858 empleados de ministerios, organismos autónomos y diferentes áreas de actividad: es decir, un 0,7% del total. Los datos de CSIF arrojan que solo hay un joven en Patrimonio Nacional de una plantilla de 1.290 personas o que en el Ministerio Fomento hay cuatro de 5.014 empleados. Más de 28.000 empleados públicos del Estado tienen más de 60 años y se jubilarán en el próximo lustro.
*En una primera edición de este artículo se afirmaba por error que mañana se celebraría la Mesa General de las Administraciones cuando se trata de una reunión del grupo de trabajo técnico entre sindicatos y el Ministerio de Hacienda
El Supremo ratifica el derecho de los interinos del Consell a cobrar la carrera profesional
Fuente: Levante El Mercantil Valenciano
Confirma que los empleados con más de 5 años de antigüedad pueden percibir el complemento
La sección cuarta de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha ratificado una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que reconoció el derecho de los interinos con mas de cinco años de antigüedad a percibir el complemento retributivo correspondiente a la carrera profesional.
De esta forma, el Alto Tribunal -en una sentencia de 8 de marzo- ha rechazado el recurso interpuesto por la Generalitat Valenciana contra la resolución de 21 de diciembre de 2015 del TSJCV, que estimó parcialmente el recurso presentado por la asociación de interinos Igeva UGT contra el decreto del Consell, aprobado por la anterior administración popular, que reguló la carrera profesional de los empleados públicos.
En su sentencia, la sección segunda de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV declaró la nulidad de los artículos 1, 3, 5, 7 y 18 del Decreto 186/14 del Consell sobre el sistema de carrera profesional horizontal y la evaluación del desempeño del personal funcionario de carrera de la Administración de la Generalitat Valenciana.
La sala dejó sin efecto igualmente las disposiciones adicionales primera y segunda y la transitoria de dicho decreto porque excluía a los funcionarios interinos con más de cinco años de antigüedad de la posible percepción del complemento retributivo de carrera profesional. La sentencia, basada en el derecho europeo, equiparó a funcionarios de carrera y a interinos únicamente a efectos retributivos.
La asociación recurrente alegaba que el decreto vulneraba la Constitución al establecer un "trato discriminatorio" entre el personal funcionario de carrera de la Generalitat y el interino y sostenía que violaba el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y la Ley de la Generalitat de Ordenación y Gestión de la Función Pública.
Ahora, el Tribunal Supremo avala la decisión del TSJ y manifiesta no comprender la pretensión de la Generalitat de que la resolución del tribunal valenciano suponga un quebrantamiento del estatuto del Empleado Público, algo que no ha quedado acreditado.
Igualmente, rechaza su argumento de que no se ha seguido jurisprudencia previa y advierte que "no es suficiente lanzar un conjunto corto o amplio de sentencias sin proceder a analizar cómo ha sido quebrantada la doctrina".
En este punto, recuerda que la sala de instancia "se ha explayado" acerca de la inexistencia de razones objetivas para que no percibiera determinados complementos retributivos el personal interino de larga duración cuando sí lo percibe el funcionariado de carrera y lo fundamenta -incide- en el cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura como anexo a la directiva 1999/70/CE del consejo de 28 de junio de 1999 relativa al Acuerdo Marco CES, UNICE y CEEP.
"La aplicación del acuerdo marco la ha extendido esta sala en razón del principio de no discriminación a la percepción de trienios por el personal eventual en sentencia de 21 de junio de 2016, por tanto la percepción de conceptos retributivos ligados al desempeño de un puesto de trabajo fuere en condición de funcionario de carrera o interino de larga duración resulta pacífica" en el momento presente, razona.
Sin razones para dudar de la constitucionalidad
Tampoco prospera el tercer motivo esgrimido en el recurso de la Generalitat, porque, apunta el Supremo, "no existen razones para dudar de la constitucionalidad de las normas legales que regulan la función pública estatal y la valenciana".
Por todo ello, el TS concluye que "las valoraciones anteriores obligan a declarar no haber lugar al recurso de casación" de la Generalitat y, además, condena en costas.
El TS amplía el concepto de accidente de trabajo para incluir, tanto el domicilio del trabajador en sentido estricto como el de su residencia habitual a efectos de trabajo
Una reciente sentencia de la La Sala de lo Social del Tribunal Supremo amplía la consideración de accidente “in itinere” para incluir aquellos supuestos en los que el trabajador tiene que desplazarse una gran distancia desde su domicilio familiar hasta su lugar de residencia por razones laborales. Establece razones de “realidad social” a la vista de “las nuevas formas de organización del trabajo”.
Los hechos
En este caso concreto se anula una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León de julio de 2012 que estimó el recurso interpuesto por Ibermutuamur contra una sentencia anterior de un Juzgado de lo Social de León. El juez de instancia había dado la razón a un trabajador que sufrió un accidente de tráfico un domingo de marzo de 2009 por la noche, cuando se desplazaba desde su domicilio en Puente Almluhey (León) hasta Almazán (Soria), donde residía debido a su trabajo.
La Mutua rechazó la contingencia profesional de la baja que sufrió este trabajador, al no considerar que el accidente se hubiera producido “in itinere”. La demanda del trabajador se estimó en primera instancia, si bien posteriormente fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia.
Ahora, el alto tribunal confirma la sentencia inicial al estimar que la interpretación de las normas “debe adaptarse a la realidad social”, tal y como impute el artículo 3 del Código Civil.
La sentencia del TS
La resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Aurelio Desdentado, considera que debe resolverse “a la vista de la evolución de las nuevas formas de organización del trabajo y de la propia distribución de éste en el hogar familiar” que está imponiendo “unas exigencias de movilidad territorial que obligan a los trabajadores a ajustes continuos en el lugar del trabajo que no siempre pueden traducirse en un cambio de domicilio y que tienen en muchos casos carácter temporal”.
Todo ello, según el Tribunal Supremo, determina que, “si se quiere respetar la voluntad del legislador en los tiempos presentes”, habrá que reconocer que en supuestos como el presente “a efectos del punto de partida o retorno del lugar del trabajo puede jugar, según las circunstancias del caso, tanto el domicilio del trabajador en sentido estricto como la residencia habitual a efectos de trabajo”.
En este caso concreto, el alto tribunal considera que concurren los elementos que definen el accidente “in itinere” porque la finalidad principal del viaje sigue estando determinada por el trabajo, “puesto que éste fija el punto de regreso y se parte del domicilio del trabajador”. (EUROPA PRESS)
miércoles, 15 de marzo de 2017
La Administración General del Estado, en Peligro de Extinción: ya solo quedan 1.000 jóvenes en una plantilla de 190.000
- La ‘cantera’ de jóvenes se ha reducido un 80% en 6 años y hay organismos donde tan solo trabaja una persona menor de 30 años
- El grupo de titulación inferior a punto de desaparecer, con 241 efectivos, por el proceso de privatización de servicios
- CSIF propone un plan de choque a varios años para salvar la Administración General del Estado
Enlace a la entrevista en Antena 3
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclamó hoy al Gobierno un plan de choque urgente para garantizar la viabilidad de la Administración General del Estado, que en apenas 6 años ha visto reducida en un 80 por ciento su ‘cantera’ de personal joven (menos de 30 años), como consecuencia de las políticas de recorte.
- El grupo de titulación inferior a punto de desaparecer, con 241 efectivos, por el proceso de privatización de servicios
- CSIF propone un plan de choque a varios años para salvar la Administración General del Estado
Enlace a la entrevista en Antena 3
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclamó hoy al Gobierno un plan de choque urgente para garantizar la viabilidad de la Administración General del Estado, que en apenas 6 años ha visto reducida en un 80 por ciento su ‘cantera’ de personal joven (menos de 30 años), como consecuencia de las políticas de recorte.
CSIF, sindicato mayoritario en la Administración General del Estado, llevará su denuncia al Grupo de Trabajo dependiente de la de la Mesa General de las Administraciones Públicas, el próximo jueves donde reclamará que se elimine de una vez por todas la tasa de reposición y se lleve a cabo un plan de recursos humanos para afrontar esta situación de emergencia.
Según un informe de CSIF, a partir de los datos disponibles del Ministerio de Hacienda, en estos momentos tan solo hay 1.338 personas con menos de 30 años de una plantilla de 190.858 personas al servicio de ministerios, organismos autónomos y diferentes áreas de actividad. Esto significa que, a menos que se diseñe una oferta de empleo público ambiciosa, nos quedaremos sin recambio de personal en nuestra Administración.
La situación es especialmente alarmante en algunos ámbitos, donde las personas menores de 30 años se pueden contar con los dedos de las manos: Patrimonio Nacional (1 persona), Fomento (4) o el Ministerio de Industria (9)
Por el contrario en los últimos 6 años el número de personas mayores de 50 años ha aumentado un 24 por ciento hasta alcanzar las 122.193 personas. En estos momentos, 28.000 personas tienen más de 60 y por tanto se encuentran a las puertas de la jubilación.
Desde CSIF, esto responde a una estrategia bien planificada para cambiar el modelo de nuestras administraciones públicas mediante la no reposición del personal que se jubila. De esta manera, desde 2010 (año en el que se empezó a destruir empleo) se han perdido 32.591 puestos de trabajo en la Administración General del Estado (180.000 en el conjunto de las Administraciones Públicas y 300.000 en términos de Encuesta de Población Activa).
Por otra parte, CSIF ha detectado que se ha producido una pérdida mayor de personal laboral respecto del personal funcionario, lo que evidencia el proceso de privatización de servicios que se está produciendo en la Administración. Además, los grupos de titulaciones inferiores son los que han sufrido el mayor descenso, el grupo E se encuentra al borde de la desaparición, con 241 efectivos.
Los grupos de titulación inferiores, al borde de la desaparición
Esta situación se debe a la privatización de la limpieza, la hostelería y control de acceso. De esta manera, se ha deteriorado y abaratado el empleo público, mientras que se incrementa el capítulo 2 (inversiones) de los presupuestos, como consecuencia de los contratos con empresas privadas.
Además, se producen conflictos ya que conviven empleados de la Administración con la plantilla de empresas privada, lo que genera numerosas denuncias por cesión ilegal de mano de obra.
Situación por departamentos
La situación por el déficit de personal ya está teniendo sus consecuencias en diferentes ámbitos:
Seguridad Social. Cierre de oficinas por falta de personal. La Seguridad Social pierde un empleado público cada cuatro días desde 2012 (un total de 333), bien porque se han jubilado, bien porque se han trasladado a otro destino por el deterioro de las condiciones laborales.
Privatización de la gestión de datos sensibles como son las vidas laborales o la tarjeta sanitaria europea.
SEPE. Incremento de la carga de trabajo (1.700 expedientes/gestiones/consultas al año por persona, 300 por encima de la marca idónea que establece la propia Administración para realizar una correcta atención al ciudadano). Estamos en una media de 10 minutos de atención al ciudadano por cada expediente tramitado. Además, se afrontan situaciones de inseguridad en el puesto de trabajo. En los próximos 5 años, previsiblemente se jubilará el 40 por ciento de la plantilla.
Oficinas de renovación del DNI. En las grandes ciudades hay una demora de hasta dos meses para pedir cita.
Ministerio de Defensa. Privatizaciones. El mantenimiento de vehículos blindados está en manos privadas. El Centro Militar de Farmacia de la Defensa, recientemente trasladado a Colmenar Viejo, aún no se ha podido poner en marcha por falta de personal.
Dirección General de Tráfico. Se están mermando las plantillas a un ritmo alarmante. En estos momentos hay 924 vacantes sin cubrir, lo que se traduce en menos funcionarios en ventanilla, esperas, colas, malestar y quejas de los ciudadanos. Además, se ha mermado la plantilla de examinadores de tal manera que hay provincias donde solo hay un examen práctico al mes.
Dirección General de Tráfico. Se están mermando las plantillas a un ritmo alarmante. En estos momentos hay 924 vacantes sin cubrir, lo que se traduce en menos funcionarios en ventanilla, esperas, colas, malestar y quejas de los ciudadanos. Además, se ha mermado la plantilla de examinadores de tal manera que hay provincias donde solo hay un examen práctico al mes.
CSIC. Reducción de las plantillas de investigadores. Abuso de la contratación de personal interino.
Agencia Estatal de Meteorología. Las oficinas meteorológicas de aeropuertos y de defensa se han visto afectadas igualmente por el déficit de personal. El nivel de jubilación está entre 80 y 100 personas al año y el déficit de personal se suple con incremento de horas de trabajo y personal interino de menor cualificación. Hay oficinas meteorológicas que solo están atendidas por interinos y una misma persona funcionaria se tiene que hacer cargo de la jefatura de varios centros.
Instituto Nacional de Estadística. Desde 2012 no hay oferta de empleo público, lo que ha provocado el consecuente envejecimiento de plantillas. Hay provincias como Cuenca, Lérida, Guadalajara o Ávila que están bajo mínimos. La Administración contrata personal fijo discontinuo fuera de los periodos de campaña para puestos estructurales, como refuerzo, que en nuestra opinión supone un fraude de ley.
ANTE ESTA SITUACIÓN, CSIF PROPONE:
- Un plan de choque específico para la Administración General del Estado, con un Plan Integral de Recursos Humanos que analice las carencias y determine la oferta de empleo público necesaria sin tasa de reposición.
- Planificar las expectativas de la vida laboral para cubrir las necesidades en el tiempo para que no se produzcan desequilibrios.
- Negociación efectiva de la Relación de Puestos de Trabajo.
- Recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2010, con un plan de revisión salarial a varios años.
- Garantizar la carrera profesional y la movilidad.
- Reservar actos administrativos que deben ser desempeñados por empleados públicos investidos de autoridad, que garanticen con su independencia los derechos de la ciudadanía.
- Detener el proceso de privatización.
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