La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha garantizado hoy al presidente de CSIF, Miguel Borrás, que el Ejecutivo velará por la seguridad jurídica de los funcionarios catalanes en el caso de que reciban presiones u órdenes al margen de la legalidad vigente. Según informa la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en un comunicado, Sáenz de Santamaría y Borrás han mantenido hoy una reunión, en la que, entre otros asuntos, han abordado la situación del funcionariado de Cataluña en el proceso soberanista.
La vicepresidenta, de acuerdo con la nota, comparte con CSIF la preocupación sobre los efectos que puede tener este proceso en los funcionarios catalanes, y ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad, en el sentido de que el Estado velará por su seguridad jurídica. CSIF y la vicepresidenta han coincidido en la defensa del ordenamiento jurídico vigente y en la necesidad de preservar la labor y la profesionalidad de los empleados públicos catalanes al margen de este proceso, evitando que se vean perjudicados por decisiones de “dudosa legalidad”, agrega el comunicado.
Sobre este punto, la central sindical lamenta las declaraciones de los pasados días sobre supuestas sanciones a los funcionarios que no colaboren con el proceso soberanista. Borrás ha aprovechado para informar a Sáenz de Santamaría del protocolo diseñado por el sindicato ante la posibilidad de que se den ese tipo de situaciones, que aconseja a los empleados públicos que, si reciben una orden que entiendan que puede ser ilegal, la pidan por escrito, a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas.
De esa manera se pretende salvaguardar su responsabilidad ante las consecuencias de su cumplimiento. En el caso de que el superior jerárquico persista en la orden, el protocolo recomienda dejar la constancia al superior de su parecer sobre su ilegalidad y acudir a los recursos legales. Para “los casos más extremos”, cuando la ilegalidad sea manifiesta, el protocolo recuerda el derecho e incluso la obligación del funcionario a no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes. Asimismo, de estimarse que se pueda incurrir en una situación ilícita desde el punto de vista penal se recomienda interponer la correspondiente denuncia ante la Policía, la Fiscalía o los órganos judiciales.
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