La consellera Montón, que se reunió ayer con los alcaldes, subraya que es el octavo fallo en contra de los adjudicatarios
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha vuelto a desestimar la petición de la UTE Ribera Salud II de establecer una medida cautelar urgente para suspender la reversión de la concesión de Alzira el próximo 1 de abril al entender que «ni concurren circunstancias de especial urgencia ni se aprecian concurrencias de nuevos hechos» a los ya examinados en los tres pronunciamientos anteriores, el último de ellos el pasado 13 de febrero, en los que ya rechazó esta medida.
La sección quinta de la sala de lo contencioso del TSJCV, en un auto de este martes, explica que «no existen circunstancias perentorias de especial urgencia» ya que la concesionaria «basa todo su alegato en lo que se producirá, según ella, el 1 de abril de 2018» cuando la gestión de este departamento de salud volverá a ser pública.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha vuelto a desestimar la petición de la UTE Ribera Salud II de establecer una medida cautelar urgente para suspender la reversión de la concesión de Alzira el próximo 1 de abril al entender que «ni concurren circunstancias de especial urgencia ni se aprecian concurrencias de nuevos hechos» a los ya examinados en los tres pronunciamientos anteriores, el último de ellos el pasado 13 de febrero, en los que ya rechazó esta medida.
La sección quinta de la sala de lo contencioso del TSJCV, en un auto de este martes, explica que «no existen circunstancias perentorias de especial urgencia» ya que la concesionaria «basa todo su alegato en lo que se producirá, según ella, el 1 de abril de 2018» cuando la gestión de este departamento de salud volverá a ser pública.
Y señala que pese a «al esfuerzo argumental» de la concesionaria «no menciona ningún hecho nuevo ni ninguna circunstancia sobrevenida» a las ya examinadas en los tres pronunciamientos de esta sala.
En un comunicado, Ribera Salud expresó ayer su «máximo respeto» a la justicia y afirmó que están «satisfechos» de haber cumplido con «nuestra obligación y responsabilidad con los pacientes y los profesionales de denunciar la improvisación y falta de planificación con la que la Conselleria está llevando a cabo el proceso de reversión».
Carmen Montón, consellera de Sanidad Universal, se apresuró a celebrar el auto del TSJCV y a subrayar que es el octavo pronunciamiento judicial que avala la transparencia la reversión.
Inversión de 7,8 millones
Por la mañana, la consellera presentó en Alzira a los alcaldes el plan de inversiones de urgencia en el departamento de salud comarcal que se llevarán a cabo a partir del 1 de abril para potenciar la atención sanitaria, una vez haya finalizado el contrato de concesión a Ribera Salud y la gestión pase a manos públicas.
Montón anunció una inyección de 7,8 millones de euros en dos años, que repercutirán tanto en el hospital como en los ambulatorios y consultorios de los distintos municipios. La consellera reiteró el compromiso del Consell de mantener la actual cartera de servicios, la plantilla de trabajadores (en ambos casos se contempla incluso la ampliación) y de ampliar el aparcamiento del hospital, que será gratuito.
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