Informe sobre Síndrome Visual Informático

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CSI·F Ayuda en la Comunidad Valenciana

El sindicato CSIF crea el servicio ´Nos ocupamos de tí´

CSI·F ha puesto en marcha la campaña ´Nos ocupamos de tí: CSI·F Ayuda´ para denunciar y tramitar casos como acoso laboral, drogodependencias y otras adicciones, ´bullying´, ´burn-out´, estrés laboral, acoso sexual y otra serie de actuaciones que atentan contra las personas. 

El sindicato ha habilitado el correo electrónico csifayuda@csi-f.es para contactar y, a partir de ahí, iniciar el estudio y las medidas a adoptar en cada situación concreta. La central sindical está plantando cara de manera directa a agresiones y a situaciones que denigran a los trabajadores y, en general, a las personas.

Al menos 19.000 plazas, pendientes de la oferta de empleo público de 2017

Fuente ABC/Javier Tahiri

El Gobierno liga la convocatoria a que haya Presupuestos y los sindicatos y el PSOE piden que se apruebe por real decreto

Oposiciones para docentes en Sevilla en 2011 - JUAN CARLOS RANGEL

La batalla política que se avecina de cara a la aprobación de los Presupuestos para 2017 ya se empieza a escenificar en las reuniones entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos, que negocian la oferta de empleo público de este año y la mejora de los salarios a los funcionarios. Ambas partes se verán las caras mañana, pero el Gobierno ya maneja estimaciones sobre los puestos de trabajo que podría crear la oferta de empleo público este año. Como apuntan fuentes del Ejecutivo, solo de la Administración General del Estado en fuerzas y cuerpos de seguridad, habilitados y Justicia están pendientes de convocar oposiciones este año de al menos 19.000 plazas.

Esta cifra, incluidas en las estimaciones de oferta de empleo público para este ejercicio que maneja el Gobierno, se deriva de la continuidad de la tasa de reposición del 100% que se aplicó el año pasado en estos ámbitos. El director de Función Pública, Javier Pérez, se reunió la semana pasada con representantes de los principales sindicatos (CC.OO., CSIF y UGT) de los funcionarios y propuso continuar las tasas de reposición que se aprobaron en los Presupuestos de 2016. Estas tasas de sustitución de bajas eran del 100% para los servicios prioritarios -sanidad, educación, justicia, fuerzas de seguridad, lucha contra el fraude fiscal y servicios sociales- y del 50% para el resto. Este año la oferta de empleo público que prevé el Gobierno será mayor que la del ejercicio pasado: en 2016 se convocaron 13.427 plazas de nuevo ingreso en la Administración General del Estado que ascienden a 19.121 si se añaden las de promoción interna.

Conversión de interinos

A estas plazas se le añaden la convocatoria extraordinaria que el Ejecutivo hará para convertir a interinos en fijos. El objetivo es rebajar la tasa de temporalidad pública del 25% al 10% en unos años, según apuntan fuentes sindicales presentes en la reunión con Hacienda la semana pasada. CC.OO. calcula que hay que convertir a indefinidos a 360.000 interinos en comunidades, Estado y ayuntamientos.

Estas 19.000 plazas están en el aire según el escenario que enfrente el proyecto de Presupuestos que el Gobierno presentará a finales de este mes. El Ministerio de Hacienda liga la oferta de empleo público -y el posible aumento de sueldos públicos que se negocie- a que haya nuevas cuentas. Sin embargo, el presidente de CSIF, Miguel Borra, señaló ayer que es posible aprobarla incluso si no hay nuevos Presupuestos. «Hemos hablado con abogados del Estado y nos dicen que si no hubiera presupuestos se podría convocar la oferta de empleo público por real decreto», apuntó Borra. El PSOE coincide en esta tesis y pide al Ejecutivo que apruebe un decreto con la oferta de empleo público y la subida de sueldos del funcionariado. El PP prometió el pasado verano incrementar un 1% los salarios de los empleados públicos.

Expertos consultados señalan que el Gobierno podría aprobar una oferta de empleo público por real decreto, pero que esta debería ser manteniendo las tasas de reposición del ejercicio anterior. Esta tesis se traslada también a la subida de sueldo de los empleados públicos.

Como fuere, desde algunas comunidades autónomas dudan de que puedan convocar por su cuenta ofertas de empleo público para sanidad y educación sin que haya Presupuestos aprobados. Sin cuentas actualizadas, las comunidades autónomas no tienen la cifra de ingresos que les corresponden por el reparto del sistema de financiación y solo tienen las entregas a cuenta prorrogadas del año pasado que les ha facilitado el Ministerio de Hacienda.

Asimismo, las comunidades temen que el Estado pueda recurrir sus ofertas de empleo judicialmente si no se ajustan a lo que el Ejecutivo apruebe. En la memoria está lo que ocurrió en 2012, cuando la Junta de Andalucía tuvo que suspender unas oposiciones y devolver las tasas abonadas a 33.000 opositores porque sacó una oferta superior a la aprobada por el Gobierno. Entonces el Ejecutivo lo recurrió ante el Tribunal Constitucional.

«Ahora comunidades fuertes como Andalucía, Madrid, País Vasco o Cataluña han retado al Gobierno anunciando que convocarán sus ofertas de empleo con o sin Presupuestos. Pero otras como Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León o La Rioja han decidido pararlas. Entre jubilados e interinos que hay que convertir a fijos, este año están en juego que se convoquen 100.000 plazas de docentes», describe el presidente de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez. Por ello, la convocatoria de empleo público autonómico está casi congelada a la espera de que haya nuevas cuentas.

Envejecimiento de plantillas

Mientras tanto, CSIF denunció ayer el envejecimiento de las plantillas públicas ante la incertidumbre de si se cubrirán las jubilaciones de los empleados públicos. El sindicato presentó un informe en el que denuncian que la plantilla pública del Estado ha mermado desde 2010 en un 80% su «cantera» de empleados jóvenes menores de 30 años. De esta forma, según los datos de CSIF quedan 1.338 jóvenes en una plantilla de 190.858 empleados de ministerios, organismos autónomos y diferentes áreas de actividad: es decir, un 0,7% del total. Los datos de CSIF arrojan que solo hay un joven en Patrimonio Nacional de una plantilla de 1.290 personas o que en el Ministerio Fomento hay cuatro de 5.014 empleados. Más de 28.000 empleados públicos del Estado tienen más de 60 años y se jubilarán en el próximo lustro.

*En una primera edición de este artículo se afirmaba por error que mañana se celebraría la Mesa General de las Administraciones cuando se trata de una reunión del grupo de trabajo técnico entre sindicatos y el Ministerio de Hacienda

Día nacional contra las agresiones en el ámbito sanitario

El Supremo ratifica el derecho de los interinos del Consell a cobrar la carrera profesional

Fuente: Levante El Mercantil Valenciano

Confirma que los empleados con más de 5 años de antigüedad pueden percibir el complemento

La sección cuarta de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha ratificado una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que reconoció el derecho de los interinos con mas de cinco años de antigüedad a percibir el complemento retributivo correspondiente a la carrera profesional.

De esta forma, el Alto Tribunal -en una sentencia de 8 de marzo- ha rechazado el recurso interpuesto por la Generalitat Valenciana contra la resolución de 21 de diciembre de 2015 del TSJCV, que estimó parcialmente el recurso presentado por la asociación de interinos Igeva UGT contra el decreto del Consell, aprobado por la anterior administración popular, que reguló la carrera profesional de los empleados públicos.

En su sentencia, la sección segunda de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV declaró la nulidad de los artículos 1, 3, 5, 7 y 18 del Decreto 186/14 del Consell sobre el sistema de carrera profesional horizontal y la evaluación del desempeño del personal funcionario de carrera de la Administración de la Generalitat Valenciana.

La sala dejó sin efecto igualmente las disposiciones adicionales primera y segunda y la transitoria de dicho decreto porque excluía a los funcionarios interinos con más de cinco años de antigüedad de la posible percepción del complemento retributivo de carrera profesional. La sentencia, basada en el derecho europeo, equiparó a funcionarios de carrera y a interinos únicamente a efectos retributivos.

La asociación recurrente alegaba que el decreto vulneraba la Constitución al establecer un "trato discriminatorio" entre el personal funcionario de carrera de la Generalitat y el interino y sostenía que violaba el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y la Ley de la Generalitat de Ordenación y Gestión de la Función Pública.

Ahora, el Tribunal Supremo avala la decisión del TSJ y manifiesta no comprender la pretensión de la Generalitat de que la resolución del tribunal valenciano suponga un quebrantamiento del estatuto del Empleado Público, algo que no ha quedado acreditado.

Igualmente, rechaza su argumento de que no se ha seguido jurisprudencia previa y advierte que "no es suficiente lanzar un conjunto corto o amplio de sentencias sin proceder a analizar cómo ha sido quebrantada la doctrina".

En este punto, recuerda que la sala de instancia "se ha explayado" acerca de la inexistencia de razones objetivas para que no percibiera determinados complementos retributivos el personal interino de larga duración cuando sí lo percibe el funcionariado de carrera y lo fundamenta -incide- en el cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura como anexo a la directiva 1999/70/CE del consejo de 28 de junio de 1999 relativa al Acuerdo Marco CES, UNICE y CEEP.

"La aplicación del acuerdo marco la ha extendido esta sala en razón del principio de no discriminación a la percepción de trienios por el personal eventual en sentencia de 21 de junio de 2016, por tanto la percepción de conceptos retributivos ligados al desempeño de un puesto de trabajo fuere en condición de funcionario de carrera o interino de larga duración resulta pacífica" en el momento presente, razona.

Sin razones para dudar de la constitucionalidad

Tampoco prospera el tercer motivo esgrimido en el recurso de la Generalitat, porque, apunta el Supremo, "no existen razones para dudar de la constitucionalidad de las normas legales que regulan la función pública estatal y la valenciana".

Por todo ello, el TS concluye que "las valoraciones anteriores obligan a declarar no haber lugar al recurso de casación" de la Generalitat y, además, condena en costas.

Enlace al artículo original

El TS amplía el concepto de accidente de trabajo para incluir, tanto el domicilio del trabajador en sentido estricto como el de su residencia habitual a efectos de trabajo

Una reciente sentencia de la La Sala de lo Social del Tribunal Supremo amplía la consideración de accidente “in itinere” para incluir aquellos supuestos en los que el trabajador tiene que desplazarse una gran distancia desde su domicilio familiar hasta su lugar de residencia por razones laborales. Establece razones de “realidad social” a la vista de “las nuevas formas de organización del trabajo”.

Los hechos

En este caso concreto se anula una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León de julio de 2012 que estimó el recurso interpuesto por Ibermutuamur contra una sentencia anterior de un Juzgado de lo Social de León. El juez de instancia había dado la razón a un trabajador que sufrió un accidente de tráfico un domingo de marzo de 2009 por la noche, cuando se desplazaba desde su domicilio en Puente Almluhey (León) hasta Almazán (Soria), donde residía debido a su trabajo.

La Mutua rechazó la contingencia profesional de la baja que sufrió este trabajador, al no considerar que el accidente se hubiera producido “in itinere”. La demanda del trabajador se estimó en primera instancia, si bien posteriormente fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia.

Ahora, el alto tribunal confirma la sentencia inicial al estimar que la interpretación de las normas “debe adaptarse a la realidad social”, tal y como impute el artículo 3 del Código Civil.

La sentencia del TS

La resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Aurelio Desdentado, considera que debe resolverse “a la vista de la evolución de las nuevas formas de organización del trabajo y de la propia distribución de éste en el hogar familiar” que está imponiendo “unas exigencias de movilidad territorial que obligan a los trabajadores a ajustes continuos en el lugar del trabajo que no siempre pueden traducirse en un cambio de domicilio y que tienen en muchos casos carácter temporal”.

Todo ello, según el Tribunal Supremo, determina que, “si se quiere respetar la voluntad del legislador en los tiempos presentes”, habrá que reconocer que en supuestos como el presente “a efectos del punto de partida o retorno del lugar del trabajo puede jugar, según las circunstancias del caso, tanto el domicilio del trabajador en sentido estricto como la residencia habitual a efectos de trabajo”.

 En este caso concreto, el alto tribunal considera que concurren los elementos que definen el accidente “in itinere” porque la finalidad principal del viaje sigue estando determinada por el trabajo, “puesto que éste fija el punto de regreso y se parte del domicilio del trabajador”. (EUROPA PRESS)

Enlace al artículo original Prevencionar.com

La Administración General del Estado, en Peligro de Extinción: ya solo quedan 1.000 jóvenes en una plantilla de 190.000

- La ‘cantera’ de jóvenes se ha reducido un 80% en 6 años y hay organismos donde tan solo trabaja una persona menor de 30 años
- El grupo de titulación inferior a punto de desaparecer, con 241 efectivos, por el proceso de privatización de servicios
- CSIF propone un plan de choque a varios años para salvar la Administración General del Estado

Enlace a la entrevista en Antena 3

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclamó hoy al Gobierno un plan de choque urgente para garantizar la viabilidad de la Administración General del Estado, que en apenas 6 años ha visto reducida en un 80 por ciento su ‘cantera’ de personal joven (menos de 30 años), como consecuencia de las políticas de recorte.

CSIF, sindicato mayoritario en la Administración General del Estado, llevará su denuncia al Grupo de Trabajo dependiente de la de la Mesa General de las Administraciones Públicas, el próximo jueves donde reclamará que se elimine de una vez por todas la tasa de reposición y se lleve a cabo un plan de recursos humanos para afrontar esta situación de emergencia.

Según un informe de CSIF, a partir de los datos disponibles del Ministerio de Hacienda, en estos momentos tan solo hay 1.338 personas con menos de 30 años de una plantilla de 190.858 personas al servicio de ministerios, organismos autónomos y diferentes áreas de actividad. Esto significa que, a menos que se diseñe una oferta de empleo público ambiciosa, nos quedaremos sin recambio de personal en nuestra Administración.

La situación es especialmente alarmante en algunos ámbitos, donde las personas menores de 30 años se pueden contar con los dedos de las manos: Patrimonio Nacional (1 persona), Fomento (4) o el Ministerio de Industria (9)

Por el contrario en los últimos 6 años el número de personas mayores de 50 años ha aumentado un 24 por ciento hasta alcanzar las 122.193 personas. En estos momentos, 28.000 personas tienen más de 60 y por tanto se encuentran a las puertas de la jubilación.

Desde CSIF, esto responde a una estrategia bien planificada para cambiar el modelo de nuestras administraciones públicas mediante la no reposición del personal que se jubila. De esta manera, desde 2010 (año en el que se empezó a destruir empleo) se han perdido 32.591 puestos de trabajo en la Administración General del Estado (180.000 en el conjunto de las Administraciones Públicas y 300.000 en términos de Encuesta de Población Activa).

Por otra parte, CSIF ha detectado que se ha producido una pérdida mayor de personal laboral respecto del personal funcionario, lo que evidencia el proceso de privatización de servicios que se está produciendo en la Administración. Además, los grupos de titulaciones inferiores son los que han sufrido el mayor descenso, el grupo E se encuentra al borde de la desaparición, con 241 efectivos.

Los grupos de titulación inferiores, al borde de la desaparición

Esta situación se debe a la privatización de la limpieza, la hostelería y control de acceso. De esta manera, se ha deteriorado y abaratado el empleo público, mientras que se incrementa el capítulo 2 (inversiones) de los presupuestos, como consecuencia de los contratos con empresas privadas.

Además, se producen conflictos ya que conviven empleados de la Administración con la plantilla de empresas privada, lo que genera numerosas denuncias por cesión ilegal de mano de obra.

Situación por departamentos

La situación por el déficit de personal ya está teniendo sus consecuencias en diferentes ámbitos:

Seguridad Social. Cierre de oficinas por falta de personal. La Seguridad Social pierde un empleado público cada cuatro días desde 2012 (un total de 333), bien porque se han jubilado, bien porque se han trasladado a otro destino por el deterioro de las condiciones laborales.

Privatización de la gestión de datos sensibles como son las vidas laborales o la tarjeta sanitaria europea.

SEPE. Incremento de la carga de trabajo (1.700 expedientes/gestiones/consultas al año por persona, 300 por encima de la marca idónea que establece la propia Administración para realizar una correcta atención al ciudadano). Estamos en una media de 10 minutos de atención al ciudadano por cada expediente tramitado. Además, se afrontan situaciones de inseguridad en el puesto de trabajo. En los próximos 5 años, previsiblemente se jubilará el 40 por ciento de la plantilla.

Oficinas de renovación del DNI. En las grandes ciudades hay una demora de hasta dos meses para pedir cita.

Ministerio de Defensa. Privatizaciones. El mantenimiento de vehículos blindados está en manos privadas. El Centro Militar de Farmacia de la Defensa, recientemente trasladado a Colmenar Viejo, aún no se ha podido poner en marcha por falta de personal.

Dirección General de Tráfico. Se están mermando las plantillas a un ritmo alarmante. En estos momentos hay 924 vacantes sin cubrir, lo que se traduce en menos funcionarios en ventanilla, esperas, colas, malestar y quejas de los ciudadanos. Además, se ha mermado la plantilla de examinadores de tal manera que hay provincias donde solo hay un examen práctico al mes.

CSIC. Reducción de las plantillas de investigadores. Abuso de la contratación de personal interino.

Agencia Estatal de Meteorología. Las oficinas meteorológicas de aeropuertos y de defensa se han visto afectadas igualmente por el déficit de personal. El nivel de jubilación está entre 80 y 100 personas al año y el déficit de personal se suple con incremento de horas de trabajo y personal interino de menor cualificación. Hay oficinas meteorológicas que solo están atendidas por interinos y una misma persona funcionaria se tiene que hacer cargo de la jefatura de varios centros.

Instituto Nacional de Estadística. Desde 2012 no hay oferta de empleo público, lo que ha provocado el consecuente envejecimiento de plantillas. Hay provincias como Cuenca, Lérida, Guadalajara o Ávila que están bajo mínimos. La Administración contrata personal fijo discontinuo fuera de los periodos de campaña para puestos estructurales, como refuerzo, que en nuestra opinión supone un fraude de ley.

ANTE ESTA SITUACIÓN, CSIF PROPONE:

- Un plan de choque específico para la Administración General del Estado, con un Plan Integral de Recursos Humanos que analice las carencias y determine la oferta de empleo público necesaria sin tasa de reposición.

- Planificar las expectativas de la vida laboral para cubrir las necesidades en el tiempo para que no se produzcan desequilibrios.

- Negociación efectiva de la Relación de Puestos de Trabajo.

- Recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2010, con un plan de revisión salarial a varios años.

- Garantizar la carrera profesional y la movilidad.

- Reservar actos administrativos que deben ser desempeñados por empleados públicos investidos de autoridad, que garanticen con su independencia los derechos de la ciudadanía.

- Detener el proceso de privatización.