Un paciente trasladado en ambulancia. / IRENE MARSILLA
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La Conselleria de Sanidad mantendrá el contrato de ambulancias que ha generado la crisis del transporte sanitario en el ámbito de la atención domiciliaria llegando a generar retrasos de hasta dos horas en la llegada a las casas de los enfermos, según denunció días atrás el sindicato médico CESM. El departamento autonómico confirmó ayer a LAS PROVINCIAS que «el contrato no se va a cambiar», si bien adelantó que barajan varias soluciones, aunque sin concretarlas.
El departamento autonómico dio a conocer que no habrá cambios sobre el contrato tras la reunión a la que ayer asistieron los directores de atención primaria, gerentes de los departamentos de salud la secretaria de la conselleria, Isabel Castelló, la directora general de Asistencia Sanitaria, María Amparo García y la directora general de Recursos Humanos, Carmen López.
Según pudo saber LAS PROVINCIAS una de las cuestiones que se abordaron -clave en la crisis- es que se mantendrá la medida que implica que los profesionales sanitarios no puedan disponer del vehículo sanitario para desplazarse a los avisos a domicilio. Las fuentes consultadas recalcaron que no contempla «por ningún lado poner vehículo con conductor a los profesionales».
Otro tema que se analizó en el encuentro y para el que ya se estudia una solución es revisar las condiciones laborales de los profesionales que prestan la atención continuada, urgencias de primaria. De hecho, ya se ha convocado una mesa técnica a la que están llamados los sindicatos en septiembre. Las fuentes consultadas señalaron que en este punto contemplan que estos profesionales perciban el complemento de dispersión -que si perciben los médicos de primaria- y la productividad, entre otros factores.
Razones de las demoras
La razón que al parecer sustenta que se mantenga la retirada del transporte sanitario para los profesionales se encuentra en el coste económico que comporta. Esta ha sido la principal fuente de malestar, en tanto que algunos profesionales han lamentado que de ello se desencadenan demoras en la asistencia a domicilio, así como el riesgo de que los centros de salud se queden sin médico cuando tienen que salir del ambulatorio, «algo que ya ha ocurrido», como señaló ayer un profesional.
Con anterioridad, ya la semana pasada, el sindicato CESM denunció que habían constatado demoras de «hasta dos horas». Esta formación advertía que en ocasiones se encuentran con «la dificultad para localizar algunos domicilios y la distancia entre ellos», sobre todo en zonas de mayor dispersión.
El nuevo contrato entró en vigor el pasado día 1. A los distintos departamentos de salud se les indicó que adoptaran las medidas que consideraran convenientes. En algunos casos se optó por disponer de vehículos eléctricos; en otros los profesionales hacen uso de sus propios vehículos.
El nuevo marco establecido para el transporte, según denuncias sindicales, comporta que el profesional se desplace al domicilio del aviso por los medios indicados y si una vez allí se considera necesario el transporte sanitario se avisa para que acuda. El relato de los profesionales apunta que ello exige más tiempo desde que se da el aviso hasta que si se requiere llega la ambulancia.
También el Colegio de Médicos se pronunció reclamando una solución «rápida» con el objetivo de garantizar atención sanitaria «ágil y de calidad para los pacientes y segura para los profesionales sanitarios». El sindicato UGT solicitó una respuesta a Sanidad, CSIF ha convocado una protesta y CC.OO apuntó que «la falta de planificación de la Conselleria de Sanidad compromete seriamente la atención a las urgencias extrahospitalarias».
El malestar llevó a Sanidad a señalar que trabajaba en la búsqueda de una «solución global» y convocó la reunión de ayer, de la que el departamento autonómico dijo que se celebró para «analizar las incidencias que se han producido durante el primer mes del nuevo contrato», que representa un cambio, tanto en el tipo de contrato, como en las prestaciones incluidas, por ello se está analizando cuáles son las necesidades en la atención continuada.
La conselleria apuntó que «barajan varias soluciones» para las reivindicaciones laborales, funcionales y estructurales, pero no concretó que medidas se consideran, si bien manifestaron a LAS PROVINCIAS que «el contrato no se va a cambiar» y en ese contexto «se van a buscar las soluciones».
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