Charo Tormo Aguilar
Eva Garrido Moreno
Mari Carmen Carrasco García
Marta Dueñas Mínguez
Delegadas Sindicales CSI.F
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jueves, 31 de agosto de 2017
jueves, 24 de agosto de 2017
JORNADAS MIXTAS NACIONALES TCAE CSIF
Estimados amigos y compañeros,
En nombre del Comité Organizador, os damos la bienvenida a las Jornadas Mixtas de carácter nacional con el lema:
"Competencias Profesionales del Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE/AE): Calidad en los Cuidados, Referente de Identidad Profesional", que celebraremos durante los días 9 al 30 de noviembre, en modalidad virtual, y el 24 de noviembre de 2017, presencial en Madrid
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Precio para afiliados 20 euros.
Charo Tormo Aguilar
Eva Garrido Moreno
Mari Carmen Carrasco García
Marta Dueñas Mínguez
Delegadas Sindicales CSI.F
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Prepara la OPE de Sanidad de la Comunidad Valenciana online con la plataforma del CSIF Saniline
Prepara la OPE de Sanidad de la Comunidad Valenciana online con la plataforma del CSIF Saniline.
Programa para preparar la OPE de Auxiliar Administrativo
Charo Tormo Aguilar
Charo Tormo Aguilar
Eva Garrido Moreno
Mari Carmen Carrasco García
Marta Dueñas Mínguez
Delegadas Sindicales CSI.F
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¿Qué competencias y responsabilidades tiene un MIR?
Fuente iSanidad
En este sistema de formación el residente irá asumiendo progresivamente responsabilidades en la especialidad que está cursando. Según va adquiriendo estas competencias el nivel de supervisión por parte de adjuntos, especialistas y tutores; va disminuyendo hasta el punto que el residente llega a ser especialista.
Cuando un estudiante finaliza su carrera de Medicina y realiza el examen de acceso a Médico Interno Residente (MIR) comienza su etapa como profesional. Una etapa de residencia, de formación, donde en cinco años el médico se especializará en una disciplina médica. Pero, ¿cuáles son las responsabilidades y las obligaciones de los residentes durante esos años?
En este sistema de formación el residente irá asumiendo progresivamente responsabilidades en la especialidad que está cursando. Según va adquiriendo estas competencias el nivel de supervisión por parte de adjuntos, especialistas y tutores; va disminuyendo hasta el punto que el residente llega a ser especialista.
El residente debe cumplir las indicaciones de los especialistas sin olvidarse de plantearles, tanto a ellos como a sus tutores, todas las dudas y cuestiones generadas por la relación entre ambos
La supervisión de los MIR durante el primer año será llevada a cabo en presencia física por los profesionales encargados de las diferentes unidades o centros por las que rote o preste servicio el residente. Los especialistas en cuestión visarán por escrito las altas, bajas y demás documentos relativos a las actividades asistenciales en las que intervengan los residentes de primer año.
A partir del segundo año la supervisión ira desapareciendo progresivamente. El tutor irá impartiendo, tanto al MIR como a los especialistas del centro o unidad, instrucciones específicas sobre el grado de responsabilidad de los residentes que tiene a su cargo, según las características de la especialidad y el proceso individual de adquisición de competencias. En todo caso, el residente tiene derecho a conocer a los profesionales presentes en la unidad en la que preste servicios, podrá recurrir y consultar a los mismos cuando lo considere necesario.
Por tanto, queda claro que el MIR, en su relación especial con el sistema de salud, lleva a cabo acciones individuales que pueden afectar directamente a los pacientes generando posibles responsabilidades profesionales como consecuencia de su acción u omisión (art. 1903 CC). Sin embargo, al actuar bajo la supervisión y tutela del médico tutor y, a su vez del organismo que lo contrata, se generan además responsabilidades jurídicas entre ellos.
De ahí que un MIR debe conocer y actuar de acuerdo con las funciones que tiene encomendadas, bajo la supervisión de su tutor, sin tener que llegar por ello, a lo que algunos médicos denominan medicina defensiva para no exponerse a reclamaciones.
..LexSanitaria
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jueves, 17 de agosto de 2017
martes, 15 de agosto de 2017
Promociones cursos CSIF del 1 de agosto al 30 de septiembre 2017
Charo Tormo Aguilar
Eva Garrido Moreno
Mari Carmen Carrasco García
Marta Dueñas Mínguez
Delegadas Sindicales CSI.F
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Una subida salarial del 3% reportaría a las arcas públicas 4.000 millones
Fuente: CincoDías EL PAÍS ECONOMÍA
El Gobierno confía en que la mejora de sueldos reduzca el déficit
Una mejora en los sueldos del 3% reportaría a las arcas públicas 4.000 millones
Ha llegado el momento de subir los salarios. Los sindicatos llevan tiempo repitiendo esta idea, sin embargo, ahora cuentan con un nuevo aliado: el Gobierno. El Ejecutivo de Mariano Rajoyinsiste en que la moderación salarial ya cumplió su función en los peores años de la crisis y que, con la situación actual, con una economía avanzando a ritmos del 3% y con creación neta de empleo, las empresas están preparadas para incrementar los salarios. La presión del Ejecutivo no ha dado resultado y patronal y sindicatos no han logrado cerrar un acuerdo.
Un incremento de las rentas salariales ayudaría al Estado a reducir su déficit y cuadrar sus cuentas a través de mayores ingresos por el IRPF y las cotizaciones sociales. Los últimos datos de la Agencia Tributaria reflejan que la masa salarial –sin incluir las rentas de los autónomos– alcanzó el ejercicio anterior los 336.010 millones de euros, un importe que sufrió una retención media del 15%. Un incremento de la masa salarial del 1% podría elevar la recaudación en casi 600 millones. Una subida del 3% –el máximo que pedían los sindicatos– supondría 1.500 millones adicionales. Se trata de un ejercicio ficticio porque resulta inviable que todos los salarios suban el 3%. En cualquier caso, ilustra la importancia que tiene para las cuentas públicas la evolución salarial. Los sindicatos reclamaban durante la negociación un incremento entre el 1,8% y el 3%, mientras la patronal planteaba subidas del 1% hasta un máximo del 2,5% y vinculado a la productividad.
El mayor efecto del incremento salarial se refleja en las cotizaciones sociales y, por lo tanto, en las cuentas de la Seguridad Social. Teniendo en cuenta la remuneración de asalariados de contabilidad nacional y la presión fiscal sobre el trabajo, por cada punto de incremento de salario, los ingresos por cotizaciones aumentan en torno a 900 millones.
Así, entre IRPF y cotizaciones, un aumento salarial del 3% supondría recaudar 4.000 millones frente a los 1.500 millones que reportaría un aumento del 1%. Visto así, se entiende el interés del Gobierno para que los salarios aumenten.
Recientemente, la misión del FMI señaló que España tenía un margen escaso para seguir saneando sus cuentas públicas a través de la reducción del gasto. De hecho, el Gobierno de Mariano Rajoy asegura que los ajustes se han terminado y planea presupuestos expansivos. Por lo tanto, la reducción del déficit deberá sustentarse en una mejora de los ingresos. Ante la ausencia de medidas fiscales, el incremento de la recaudación solo puede proceder de la mejora de la economía: el aumento del empleo, del consumo, los beneficios empresariales y las rentas salariales son elementos que permiten incrementar la recaudación.
En anteriores ciclos expansivos, era habitual que la recaudación tributaria creciera a ritmos superiores al PIB nominal. Actualmente, ello no está sucediendo y es consecuencia de la desindexación de la economía española. Las pensiones y los salarios son una buena muestra de ello. De hecho, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) señala que los errores en las previsiones de ingresos del IRPF de Hacienda se explican porque parten de modelos que han quedado superados tras la desindexación de la economía española. Para el supervisor, es positivo para el conjunto de la economía española que la inflación haya dejado de tener tanta influencia.
Aun así, un incremento de los salarios ayudaría al Gobierno a cumplir la meta de déficit público y reduciría la presión sobre la Seguridad Social. España se comprometió con Bruselas a reducir su déficit público del 4,3% del PIB registrado el año pasado al 3,1%. Supone un ajuste importante que la Airef estima “factible”, pero muy exigente.
El supervisor de las cuentas públicas da por hecho que la Seguridad Social incumplirá su objetivo de déficit y cerrará este año con un desfase en torno al 1,6% del PIB. Significa que los números rojos se mantendrán en el nivel más elevado de la historia. El organismo encargado de pagar las pensiones sufre un déficit crónico. El aumento de los salarios no acabaría con los números rojos, pero ayudaría a reducir el déficit público.
lunes, 7 de agosto de 2017
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El Tribunal Superior valenciano anula parte del decreto de plurilingüismo por discriminatorio
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| La sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. CARLES FRANCESC |
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha anulado parcialmente el decreto de la Generalitat Valenciana que establece el modelo lingüístico en la enseñanza no universitaria. El TSJCV ya ordenó la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo aprobado en febrero, porque vulnera el derecho a la igualdad y a la educación reconocidos en la Constitución. La Sala indica que discrimina a los alumnos que optan por una mayor enseñanza en castellano, -reciben menos clases de inglés- frente a los que eligen el valenciano como lengua vehicular. Los magistrados han estimado el recurso presentado por el sindicato CSIF, que instantes después de conocer la sentencia ha exigido a la Generalitat valenciana que la ejecute de inmediato.
El Tribunal señala que la disposición adicional anulada supone una diferencia de trato entre el valenciano y el castellano que tiene una clara referencia en el certificado que acredita el nivel de inglés del alumnado al concluir los distintos niveles educativos. En la resolución, notificada hoy a las partes, el TSJCV apela a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para defender que el decreto introduce una "distinción arbitraria e injustificada entre las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana (en claro agravio comparativo o desequilibrio en perjuicio del castellano) a cuenta del inglés”.
Dice el Tribunal valenciano que atendiendo a la existencia de dos lenguas cooficiales, la Administración autonómica, acreditado el déficit del valenciano, puede promover acciones positivas para favorecerlo, pero que no deben ir en detrimento del castellano. “Si la Generalitat Valenciana, en el ejercicio de sus competencias legítimas, estimase la existencia de un déficit en el proceso de normalización en detrimento de la lengua propia, se debería otorgar al valenciano un trato diferenciado sobre el castellano en una proporción razonable.
Pero en todo caso resulta exigible la constatación del referido déficit, de modo que en la norma resulte objetivado en todos sus elementos, pues ello constituye el presupuesto que permite ponderar la proporcionalidad razonable a la que antes nos hemos referido. Exigencia que no se satisface en la norma analizada”.
Para el Tribunal, la diferencia entre la acreditación del inglés en los niveles básico, intermedio y avanzado, “no se fundamenta en una medida de acción positiva o de promoción del valenciano en comparación con el castellano". También considera discriminatoria la certificación automática de los niveles de competencia lingüística: “se produce un agravio comparativo en aquellos casos en que se opte por el nivel básico (o intermedio), sin que se pueda considerar compensado dicho agravio con los mecanismos para que el alumnado pueda acreditar los conocimientos de lenguas al final de cada una de las etapas a través de las pruebas de acreditación que se establezcan”.
La Generalitat vuelve a la norma de 2012
La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha señalado que al Ejecutivo le "preocupa" y le "ocupa" que el TSJCV les anule decretos, aunque ha rehusado pronunciarse sobre la anulación parcial del decreto de plurilingüismohasta estudiar la sentencia.
La Generalitat ha indicado en un comunicado, que, aunque no la comparte, cumplirá la resolución que anula el decreto de plurilingüismo, que la decisión afecta a los alumnos matriculados para el próximo curso en educación infantil de 3 años. La Generalitat ha respondido así a otra resolución posterior del TSJCV que ha ordenado a la Consejería de Educación que deje de aplicar el nuevo decreto de plurilingüismo, suspendido cautelarmente, y vuelva a la situación normativa de 2012.
Ciudadanos ha pedido la dimisión del consejero de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, tras la suspensión. La portavoz adjunta de la formación en las Cortes Valencianas, Merche Ventura, que ha calificado de "caos" la situación, ha exigido al Consell que "deje de improvisar" y acate la sentencia de los tribunales. Ventura también ha reclamado al Gobierno valenciano "instrucciones claras para los centros educativos, padres y madres, para qué sepan qué modelo lingüístico se va a aplicar en septiembre".
La presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha manifestado que el decreto de plurilingüismo del Consell no ha tenido el diálogo necesario. "Se ha impuesto, discrimina claramente, y enfrenta a la comunidad educativa". Bonig ha pedido al Gobierno que preside el socialista Ximo Puig un acuerdo en Educación.
CSIF pide estabilidad en el empleo público y promoción interna en la Región de Murcia
El presidente del CSIF en la Región de Murcia señaló que en función de los datos de la OPE, se irán viendo los requisitos para el acceso y cómo facilitar éste “para lograr una Función Pública del siglo XXI y renovar plantillas”
A esta estabilidad, explicó López Blanco, se llegaría “mediante acuerdos y pactos que nos puedan servir para que el personal que está en precario en la Comunidad Autónoma, que llevan muchos años trabajando y no han conseguido su estabilidad, la logren, además de permitir el acceso a trabajadores o a personas que puedan estar estudiando o preparando oposiciones para conseguir una plaza en la Administración”. Y al mismo tiempo, “renovar la plantilla porque tenemos una Administración pública que lleva muchos años sin sacar ofertas de empleo que cubran las necesidades de personal”.
El presidente de la Unión Autonómica de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en la Región de Murcia, Juan Miguel López Blanco, se reunió esta mañana con el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, con quien abordó, entre otros asuntos, fijar una estabilidad para los trabajadores que están en la Administración pública, a raíz del acuerdo que se ha firmado a nivel nacional con otras organizaciones sindicales, para hacerla también visible en el ámbito de la Región de Murcia.
A esta estabilidad, explicó López Blanco, se llegaría “mediante acuerdos y pactos que nos puedan servir para que el personal que está en precario en la Comunidad Autónoma, que llevan muchos años trabajando y no han conseguido su estabilidad, la logren, además de permitir el acceso a trabajadores o a personas que puedan estar estudiando o preparando oposiciones para conseguir una plaza en la Administración”. Y al mismo tiempo, “renovar la plantilla porque tenemos una Administración pública que lleva muchos años sin sacar ofertas de empleo que cubran las necesidades de personal”.
El presidente de CSIF en la Región señaló que en función de los datos de la OPE, se irán viendo los requisitos para el acceso y cómo facilitar éste “para lograr una Función Pública del siglo XXI y renovarse, de forma que en esa oferta y esas medidas de empleo se correspondan con las tareas a desarrollar por los futuros trabajadores fijos de la Administración”.
López Blanco insistió en que es imprescindible conseguir la estabilidad de los empleados públicos que “durante 10 o 15 años preparan oposiciones, que la mayoría de veces las aprueban y con buena nota”, pero que con la tasa de reposición actual aprobada por el Estado ha hecho imposible que la Comunidad Autónoma pudiera sacar más plazas y que los funcionarios pudieran conseguir esta estabilidad.
Desde CSIF también reclamamos “permitir que el personal que lleva muchos años en la Administración pueda conciliar su vida laboral y familiar, además de promocionar a aquellos empleados públicos que tengan interés en hacerlo, y que se les permita ascender dentro de la propia Administración, siempre con los criterios de igualdad, mérito y capacidad”, señaló López Blanco.
Otro asunto abordado en el encuentro ha sido la preocupación por parte de CSIF por el envejecimiento de la plantilla de todas las administraciones públicas, incluida la de la Administración de la Región de Murcia y queremos que esta oferta de empleo público suponga también una renovación de esas plantillas.
Fiscalía estima que el Consell ha vulnerado la libertad sindical de CSI•F e insta a integrarlo en la comisión del sector público
CSIF recurrió ante el TSJ por su exclusión alegando que infringe los artículos 14 y 28 de la Constitución Española.
Fiscalía ha emitido un informe que concluye que “se ha vulnerado la libertad sindical del sindicato CSI·F” y estima “declarar nula la Comisión de Diálogo Social del Sector Publico Instrumental de la Generalitat, además de los acuerdos adoptados desde su creación”. Este pronunciamiento lo realiza sobre el procedimiento de derechos fundamentales iniciado por la central sindical, ya que ha recurrido ante el TSJ al excluirlo el Consell de la citada comisión, en la que cuenta únicamente con tres sindicatos.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) presentó recurso, admitido a trámite en mayo por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, contra la decisión de la Generalitat de excluirlo de la Comisión de Diálogo del Sector Público Instrumental. El sindicato explicaba que esa decisión infringe el artículo 14 de la Constitución que reconoce el derecho de igualdad ante la ley, y el artículo 28.1, que recoge el derecho a la libertad sindical.
Fiscalía, entre sus fundamentos jurídicos, deja claro que “la promoción de los trabajadores se atribuye por la Constitución a los sindicatos sin distinción, por lo que toda actuación de la Administración injustificadamente limitada a los sindicatos más representativos incidirá en el orden competitivo”. Además, alude a la posibilidad de “constituir lesión del derecho a la libertad sindical”. En el informe, concluye que “debe reconocerse el derecho del sindicato demandante (CSI·F) a integrar la parte social de la Comisión con 1 representante”.
CSI·F, en su recurso admitido a trámite y respaldado por este escrito de Fiscalía, indicaba que la resolución de la Generalitat “supone una desigualdad de trato entre sindicatos, que parte de una interpretación absolutamente errónea de lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical”. Además, en el recurso añadía la central sindical que la citada resolución “está desprovista de la objetividad, justificación, proporcionalidad y razonabilidad exigibles, según el Tribunal Constitucional, para que tal diferencia de trato pueda considerarse aceptable”.
El sindicato lamenta que el Consell decidiera, de manera unilateral, excluirlo de la comisión que debate el futuro del sector público instrumental, a pesar de tener amplia representación en diferentes entidades que lo conforman, como Vaersa, Ciegsa, Ciudad de las Artes y las Ciencias o Fundación del Palau. CSI·F subraya que el informe de Fiscalía refuerza el recurso del sindicato por la vulneración de derechos que ha supuesto esa exclusión.
REPERCUSIÓN
VALENCIA PLAZA
LEVANTE.COM
VALENCIA NOTICIAS
CSIF exige que el Gobierno no pida la suspensión cautelar de la jornada de 35 horas por el grave perjuicio que ocasionaría a los empleados públicos y a la economía andaluza
Hasta 10.000 puestos de trabajo pueden perderse con la retirada de las 35 horas
CSIF han exigido al Gobierno de España que no pida la suspensión cautelar de la jornada laboral de 35 horas semanales en el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional “por el grave perjuicio que éste ocasionaría a los empleados públicos y a la economía andaluza”.
En una rueda de prensa conjunta, el presidente de CSIF-A, José Luis Heredia; el secretario general de FeSP-UGT Andalucía, Antonio Tirado, y el secretario general de la FSC de CCOO Andalucía, Agustín de la Cruz, han coincidido en que el recurso del Gobierno no sólo afecta a los derechos de los empleados públicos, sino que crearía grave perjuicios tanto al paro, a la economía andaluza, al consumo, a la conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores, a la carga de trabajo de los profesionales y a la calidad asistencial que recibirían los usuarios.
CSIF han exigido al Gobierno de España que no pida la suspensión cautelar de la jornada laboral de 35 horas semanales en el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional “por el grave perjuicio que éste ocasionaría a los empleados públicos y a la economía andaluza”.
En una rueda de prensa conjunta, el presidente de CSIF-A, José Luis Heredia; el secretario general de FeSP-UGT Andalucía, Antonio Tirado, y el secretario general de la FSC de CCOO Andalucía, Agustín de la Cruz, han coincidido en que el recurso del Gobierno no sólo afecta a los derechos de los empleados públicos, sino que crearía grave perjuicios tanto al paro, a la economía andaluza, al consumo, a la conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores, a la carga de trabajo de los profesionales y a la calidad asistencial que recibirían los usuarios.
De igual modo, han insistido en que la suspensión cautelar de la medida sería un atropello a los empleados públicos y un ataque a la creación de empleo que la restitución de la jornada ha provocado, señalando en entre siete mil y diez mil los puestos de trabajo que pueden perderse por este motivo.
Así, señalando la importancia de la unidad sindical, han indicado que no descartan movilizaciones ni cualquier acción pero que, a pesar de la opacidad del Gobierno y de las formas de presentar el recurso (en el último Consejo de Ministros del plazo y tras más de ocho meses de acordar los sindicatos y la Junta de Andalucía la medida), abren una vía de diálogo para impedir el grave daño que se va a hacer con la medida a los empleados públicos, a sus familias, a los servicios públicos y al conjunto de la economía andaluza.
El presidente de CSIF-A, José Luis Heredia, ha calificado de ataque a los empleados públicos andaluces el recurso y anunció “la importante unidad sindical ante este tema. Desde el primer momento señalamos que ésta era importante y está abierta a todas las fuerzas. A pesar del ataque recibido, hemos iniciado una vía de diálogo, solicitando reuniones al delegado del Gobierno, a Ciudadanos y al PP”. En ese sentido, ha anunciado que la reunión con el PP se celebrará el próximo martes e indicó que “en caso de que finalmente no se pidan las medidas cautelares, le agradeceremos al PP su mediación, aunque ahora es el responsable directo de la situación por la insensibilidad de Rajoy ante la situación en Andalucía”.
En este sentido, los tres sindicatos han acordado mantener la unidad sindical ante la gravedad de la situación y se han emplazado a reuniones y conversaciones periódicas y constantes para acordar medidas de presión si se mantiene el recurso del Gobierno.
Justicia: El Tribunal de Justicia de Madrid vuelve a eximir de IRPF las prestaciones por maternidad
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha vuelto a dar la razón a un contribuyente al declarar exenta de tributar por IRPF la prestación por maternidad cobrada de la Seguridad Social.
Este mismo tribunal se pronunció en este sentido el pasado mes de noviembre en otra sentencia, indicando que la propia Ley del IRPF establece que las prestaciones familiares están exentas de tributar.
El tribunal considera que la prestación por maternidad percibida por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social “tiene que estar forzosamente incluida en el tercer párrafo del artículo 7 h) de la Ley, ya que ese precepto reconoce tal beneficio tributario, con carácter general”.
Tribunal de Justicia de Andalucía no opina lo mismo.
El Tribunal de Justicia de Andalucía no opina lo mismo y dictaminó que la Prestación por Maternidad sí que tiene que tributar al defender que esta prestación no entra dentro de la categoría de rentas exentas que contempla el artículo 7, letra h, al no considerarse prestación autonómica o local.
Hacienda lo considera rentas de trabajo
La Agencia Tributaria defiende que la prestación por maternidad que la Seguridad Social abona a las madres trabajadoras cuando dan a luz se considera un rendimiento del trabajo y, por lo tanto, tributa como tal en el IRPF.
De hecho el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) indicó el pasado mes de marzo, que la prestación maternal no estaba entre las exenciones previstas en la normativa del IRPF.
¿Entonces?
Esta discusión no terminará hasta que el Tribunal Supremo no medie dictaminando su sentencia definitiva al respecto. Hasta entonces se habrá de cumplir lo que cada TSJ de cada CC.AA indique, ya sea a favor o en contra de la devolución.
¿Reclamar o no reclamar?
Lo cierto es que presentar la reclamación a Hacienda es un trámite gratuito por el que no hay nada que perder.
Se sabe de antemano la respuesta de la AEAT va a ser denegarlo, pero abre la puerta a seguir reclamando hasta llegar a conseguir la devolución, como así sucedió con la madre que finalmente ha recuperado los más de 3.000€ de impuestos que pagó.
Mientras el Tribunal Supremo no emita su sentencia al respecto, las puertas siguen abiertas para reclamar y conseguir la devolución del importe pagado.
¿Qué plazo hay para reclamar?
Pueden reclamar la devolución de ese IRPF todas las madres (y padres) que cobraron la prestación por maternidad desde la fecha enero de 2013.
Quienes cobraron la Prestación por maternidad en el 2013, disponen hasta el próximo 1 de julio de 2018 para presentar su reclamación a Hacienda.
Pasado ese plazo, habría prescrito y no correspondería devolución en esos casos.
La decisión del Tribunal Supremo es la clave
Que el Tribunal Supremo acabe pronunciándose hacia uno u otro lado, puede suponer unas consecuencias económicas que pueden superar los 1.000 millones de euros y afectar a más de un millón de contribuyentes.
El Gobierno estudiará en 2018 implantar la jornada de 35 horas en el sector público
El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha manifestado se estudiará en 2018 implantar la jornada de 35 horas semanales en el sector público y ha explicado que se hará por sectores para ver "dónde se puede aplicar y dónde no".
El secretario de Estado ha querido dejar claro que el Gobierno no va retirar el recurso ante el Constitucional contra la Junta de Andalucía que implantó la jornada de 35 horas y ha explicado que la modificación se pretende llevar a cabo "a futuro". La intención es cumplir la ley y actualmente la jornada laboral es de 37,5 horas.
Esta modificación y cambio tendrá cabida en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, estudiándose sector por sector para saber dónde se puede implementar.
CSIF recurre la denegación de la suspensión cautelar del decreto de usos administrativos de las lenguas oficiales
El sindicato CSIF presenta recurso de reposición ante el TSJ y recuerda que el tribunal todavía no ha sentenciado sobre el fondo del asunto
CSI·F ha presentado recurso de reposición contra el auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que deniega la petición de suspensión cautelar del decreto de usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales. Argumenta que ese decreto “vulnera el derecho de los empleados públicos a expresarse en la lengua oficial que deseen”. Pide la suspensión cautelar y recuerda que el TSJ aún no ha sentenciado sobre el fondo del asunto.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) interpuso en mayo un recurso contencioso contra el decreto 61/2017, de 12 de mayo. En ese recurso explicaba que el decreto atentaría contra los artículos 20 y 23 de la Constitución Española, que defienden el derecho a la libertad de expresión y el acceso a cargos y funciones en igualdad de condiciones. También incumpliría el artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público, que contempla la obligación de negociar en la mesa correspondiente las cuestiones que afecten a las condiciones laborales de los trabajadores, ya que no hubo negociación.
CSI·F continúa relatando que el recurso fue admitido a trámite en junio por el TSJ, y la central sindical, además, pidió al tribunal que ordenara la suspensión cautelar de esa directriz del Consell por “los perjuicios de imposible o difícil reparación”. El TSJ desestimó esa medida a principios de julio, sin entrar a enjuiciar el fondo del asunto y sin dictaminar todavía sobre la legalidad del decreto del Consell. La central sindical ha presentado hoy recurso de reposición contra el auto que denegaba la suspensión cautelar.
La central sindical recuerda en su escrito que “el artículo 4.1 del decreto establece que el valenciano será la lengua destacada de uso normal y general de la Administración de la Generalitat”. En su exposición, indica que “en consonancia con ello, el capítulo III y el capítulo IV del decreto contienen mandatos concretos y específicos que excluyen la utilización del castellano por parte de los empleados públicos e imponen la utilización del valenciano”.
CSI·F apunta que “el perjuicio para los empleados públicos consiste en la vulneración del derecho de los mismos a expresarse y utilizar la lengua oficial que deseen”, y añade que “este perjuicio que afecta a la esfera de la libertad no podrá ser de ninguna manera reparado si finalmente la norma reglamentaria resulta, como esta parte entiende, no ajustada a derecho”. El sindicato subraya que “debe prevalecer el derecho y el interés de los empleados públicos, y que la Constitución y el Estatuto de Autonomía ya protegen los usos administrativos e institucionales de las lenguas oficiales”. Por ello pide la suspensión cautelar.
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viernes, 4 de agosto de 2017
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¿Cómo repensar el teletrabajo para que funcione? La flexibilidad es la clave para trabajador y empresa
Funete: ELECONOMISTA.ES
Paradójicamente, mientras la tecnología y los nuevos canales de comunicación favorecen el teletrabajo dentro de las empresas, las necesidades de las organizaciones requieren cada vez más la presencia física de los empleados. Muchas empresas han tenido malas experiencias en su aplicación y más de una culpa al teletrabajo como responsable de los malos resultados, pero la flexibilidad es clave para mejorar la productividad y la eficiencia de los trabajadores.
- A tiempo completo suele ser un error para las dos partes
Paradójicamente, mientras la tecnología y los nuevos canales de comunicación favorecen el teletrabajo dentro de las empresas, las necesidades de las organizaciones requieren cada vez más la presencia física de los empleados. Muchas empresas han tenido malas experiencias en su aplicación y más de una culpa al teletrabajo como responsable de los malos resultados, pero la flexibilidad es clave para mejorar la productividad y la eficiencia de los trabajadores.
La modernidad más absoluta de una empresa es permitir el teletrabajo a sus empleados. Pero Richard Laermer, propietario de una agencia de relaciones pública, terminó prohibiéndolo después un año y ordenó a su equipo volver a la oficina.
El directivo siempre había defendido los beneficios del teletrabajo: trabajadores más motivados, mayor productividad y mejora en la eficiencia de la organización. "No hace falta estar cinco días metido en una oficina para cumplir con el trabajo" pensaba, cuando comenzó a permitir a sus empleados no ir a sus puestos. Pero se encontró con que la mayoría se aprovechaban de la situación: no estaban disponibles durantes horas o no daban señales de vida durante todo el día. Hasta el punto que "se negaron a ir a reuniones porque ya tenían planes para ir a la playa".
El teletrabajo se ha expandido en cualquier tipo de empresa en los últimos veinte años. Según una encuesta de Society of Human Resource Management, el 60% de las compañías de EEUU utilizan el teletrabajo frente al 20% que lo hacía en 1996. Sin embargo, eso no significa que el trabajo a distancia sea total. El 77% de las empresas no permite a sus trabajadores que estén fuera de su puesto de trabajo a tiempo completo. La realidad del teletrabajo es que se usa cuando el empleado no tiene más remedio que quedarse en casa para cuidar puntualmente a familiares o para recibir técnico.
Ventajas
La tecnología permite utilizar nuevos canales de comunicación como chats o sistemas parecidos convirtiendo en factible el teletrabajo en cargos de oficina. Además, es una de las ventajas que más suelen valorar los trabajadores cuando se les pregunta. Muchas empresas lo han visto como una forma de satisfacer a los empleados y reducir costes fijos como mayor espacio de alquiler de una oficina.
Pero según ha evolucionado el trabajo, cada vez es más necesario equipos multidisciplinares que necesitan estar conectados. "Es una de las razones por lo que está volviendo el trabajo presencial2, explica Erica Volini, experta de capital humano en Deloitte, a Bloomberg. El trabajo desde casa condena al trabajador al aislamiento, cuando se necesita que sea más colaborativo.
Todos a la oficina
IBM ha sido una de las pioneras en romper con el teletrabajo. Sus empleados ya no podían trabajar desde casa y tendrían que acudir a la oficina. Y eso que la compañía era una de las empresas que elaboraba sesudos informe sobre las ventajas del trabajo a distancia, pero tras cinco años de caída de ingresos ha cambiado de opinión.
"La estrategia de IBM es adoptar el mejor método de trabajo", indica la propia empresa, que subraya que sus empleados se encuentran integrados en equipos multidisciplinares que trabajan estrechamente. A pesar de la drástica decisión Volini indica que las empresas estarán obligadas a seguir ofreciendo flexibilidad para cubrir las necesidades personales de sus empleados.
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