martes, 19 de diciembre de 2017
Más de 4,9 millones de empleados de empresas privadas españolas podrán conocer el salario de sus compañeros
Fuente: el Economista.es
La medida, todavía en fase borrador, pretende combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres
La propuesta todavía es un borrador, pero el Ministerio de Empleo ya ha entregado a los agentes sociales tres documentos para reducir la temporalidad y la brecha salarial entre hombres y mujeres. Publicando los salarios de todos los empleados de una gran compañía (más de 250 trabajadores) es posible que más de un empresario sin escrúpulos quede retratado tras hacerse pública una política salarial que discrimina a las mujeres o que no se basa en criterios objetivos que miden el esfuerzo, la capacidad y la cualificación de los empleados. Si una empresa familiar ha crecido y ha pasado de micro pyme a gran compañía, pero carece de un protocolo familiar, es posible que el negocio solo haya servido como agencia de colocación para parientes, cuñados y nueras, sobrinos y nietos, sin conocer con detalle la capacidad y valía de cada uno.
La medida, todavía en fase borrador, pretende combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres
La propuesta todavía es un borrador, pero el Ministerio de Empleo ya ha entregado a los agentes sociales tres documentos para reducir la temporalidad y la brecha salarial entre hombres y mujeres. Publicando los salarios de todos los empleados de una gran compañía (más de 250 trabajadores) es posible que más de un empresario sin escrúpulos quede retratado tras hacerse pública una política salarial que discrimina a las mujeres o que no se basa en criterios objetivos que miden el esfuerzo, la capacidad y la cualificación de los empleados. Si una empresa familiar ha crecido y ha pasado de micro pyme a gran compañía, pero carece de un protocolo familiar, es posible que el negocio solo haya servido como agencia de colocación para parientes, cuñados y nueras, sobrinos y nietos, sin conocer con detalle la capacidad y valía de cada uno.
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| Imagen: Capital Radio. Ministra de Empleo Fátima Báñez. |
El paro sigue siendo uno de los principales problemas de los españoles. Siempre lo ha sido, incluso cuando las cosas empiezan a remontar, la tasa de desempleo es muy abultada en varias provincias del país. El documento presentado, que tiene que ‘madurar' en próximas reuniones, hoy hay otra, pretende reducir la tipología de contratos, de cuatro a tres; crear un nuevo contrato temporal de indemnización creciente -idea que llevan algunos partidos políticos en su programa- y obligar a las empresas de más de 250 trabajadores a poner en marcha auditorías salariales. El objetivo de esta última medida es lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Según unos datos publicados por El Correo, ellas cobran cerca de un 20% menos que ellos. 2.075 euros al mes frente a 1.661 euros.
El documento del ministerio señala que "las auditorías deberían hacer más fácil analizar los aspectos de la remuneración relativos a la igualdad de género y alcanzar conclusiones sobre la aplicación del principio de igualdad de retribución". El Gobierno quiere "establecer legalmente el derecho de información de los trabajadores", tal y como dijo la ministra de Empleo, Fátima Báñez en el Congreso de los Diputados. Así, los profesionales "tendrán derecho a ser informados sobre niveles de remuneración, en particular sobre los componentes variables complementarios tales como pagos en especie o primas de otras categorías de trabajadores que realicen el mismo trabajo o un trabajo de igual valor, desglosado por género". La propuesta, por ahora, no recoge la sanción en caso de incumplimiento.
No obstante, estas medidas, si definitivamente salen adelante forzarían un cambio en la Ley de Igualdad y reformar el Estatuto de los Trabajadores. Además, la nueva norma afectaría solo a un 0,32% de las empresas españolas, ya que en España el tejido empresarial está conformado, en su mayoría por pymes. Con fecha de 31 de diciembre de 2016, había más de 1,3 millones de compañías inscritas en la Seguridad Social. De esas, solo 4.251 tenían más de 250 trabajadores, el límite que ha fijado el Gobierno para realizar las auditorías. Eso sí, las grandes empresas acaparan casi el 40% de los empleos. Estamos hablando de más de 4,9 millones de personas y de nóminas. Estos profesionales tendrían derecho a que el empresario les desglose su retribución por género. Es un un 38% de los más de 12,8 millones asalariados que hay trabajando en empresas.
Paara UGT, este plan de igualdad "un gran avance" pero "insuficiente". Por eso,la cabeza visible del sindicato, Pepe Álvarez exigirá que esas auditorías salariales sean obligatorias para las compañías de 25 trabajadores o más, así como que tengan que registrar anualmente todas las retribuciones en un registro creado al efecto. También pide extender a las empresas de más de 25 empleados la regulación de los planes de igualdad e incrementar las sanciones para las que no respeten la normativa.
Pide al IVO que le trate al no recibir la respuesta de Sanidad en 72 horas
Fuente: El Mundo/Vicente Useros (Valencia)
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| La carta que Manuel Llombart remitió a la Conselleria y la que la paciente envió al IVO. EL MUNDO
Manuel Llombart pregunta a la consellera Montón qué hacer, aunque tras seis días no ha recibido respuesta
Una paciente, que sufre un proceso tumoral grave, ha remitido un burofax al Instituto Valenciano de Oncología en el que solicita ser atendida por sus especialistas porque tras acudir al centro de salud de Tendetes y tramitar su petición no ha recibido ningún tipo de respuesta por parte de la Conselleria.
La enferma exige la asistencia en el Centro de Campanar acogiéndose al acuerdo firmado entre la Fundación IVO y la Conselleria de Sanidad que confirmaba que la «Conselleria deberá contestar en el plazo de 72 horas desde la recepción de la solicitud». De hecho, el silencio de la Administración supone que el paciente pasará a ser atendido en el IVO.
En el texto de su carta, la paciente expone que habiendo transcurrido «en exceso el plazo de 72 horas, como la solicitud no ha sido respondida, entiendo que ha sido aceptada».
De ahí que la interesada insista en recibir la atención y tratamiento de los oncólogos de Campanar: «En consecuencia, ruego me den cita para visitarme con la mayor urgencia posible, debido a la gravedad de mi diagnóstico». Incluso en el texto se adjunta la copia de la solicitud de asistencia en la Fundación IVO y el informe del especialista que le atendió.
La paciente acudió al IVO tras someterse a las pruebas tramitadas por su médico de cabecera en el Hospital Peset y tras comunicarle que debía someterse a una extirpación de riñón. Sin embargo, en el IVO se le ofreció una segunda opinión en la que se ofrecía la alternativa de no quitar el órgano con otro tratamiento, aunque cuando la enferma explicó que tenía una segunda opinión de oncólogos del centro de Campanar que no era tan agresiva, se le negó la posibilidad de recibir la segunda opinión de un centro que no pertenecía a la red hospitalaria pública.
Ante esta negativa, la paciente remitió su reclamación al IVO para que le atendiera al haber finalizado el plazo y asegurarse el silencio administrativo -no había recibido una respuesta oficial de la Conselleria de Sanidad-.
Este caso es el primero con estas circunstancias y que abre la vía a que el Instituto Valenciano de Oncología empiece a atender a los enfermos que no hayan obtenido respuesta tras la tramitación formal de la petición de asistencia contra el cáncer.
No en vano, tras llegar el burofax de la interesada, desde el IVO se remitieron sendos burofaxes a la consellera de Sanidad, Carmen Montón, y al director general de Asistencia Sanitaria, Rafael Sotoca, preguntándoles cómo se debía actuar ante la petición de la enferma que se encontraba en un estado muy crítico.
El director general de la Fundación IVO, Manuel Llombart, mandó por cauces oficiales, el pasado día 7 de diciembre, -dos días después de que recibiera el burofax de la paciente del día 5-, un texto en el que consultaba qué hacer porque la paciente todavía no había sido incluida en el programa Concerts. Un extremo que, como se expone en el convenio firmado entre el IVO y Sanidad el pasado 6 de octubre, les impedía tratar a la enferma.
Llombart describe en su carta: «Hasta que no tengamos código de autorización en la aplicación informática de la Conselleria 'Concerts' no podemos asumir paciente alguno» y no consta «a fecha de hoy registro en dicho sistema para (la paciente)».
El director del IVO pide, por tanto, que en Conselleria se indique «de manera expresa y urgente cómo proceder con ella (la paciente) por el bien de la misma».
A pesar de que la carta del IVO se envió el pasado día 7 y a la gravedad de la enferma de cáncer, desde Sanidad todavía no se ha dado respuesta al director del centro oncológico para explicar si debe o no asumir el tratamiento de la interesada, cuya desesperación va en aumento debido a su proceso tumoral que afecta a su sistema renal.
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CSIF reclama la creación de “empleo de calidad” y recuerda su importancia para el mantenimiento del sistema de pensiones
El sindicato subraya el dato positivo de la bajada del paro en la Comunidad Valenciana aunque pide más “esfuerzo”
CSIF destaca el descenso del paro en 2.486 personas en la Comunidad Valenciana al cierre del mes de noviembre, aunque hace hincapié en la necesidad de “crear empleo de calidad”. La central sindical recuerda la importancia de este hecho y de que el número de cotizantes a la Seguridad Social en España se sitúe por encima de los 20 millones para que “no se vea mermada la sostenibilidad del sistema de pensiones y, por tanto, su futuro”.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) subraya que “los datos del paro de noviembre constituyen una buena noticia para la Comunidad Valenciana aunque no para el conjunto de España, donde el número de personas desempleadas aumentó en 7.255”. No obstante, indica que “continúa resultando totalmente imprescindible que las distintas administraciones centren sus mayores esfuerzos en crear empleo”. A este respecto recuerda que todavía 391.690 personas buscan y no tienen trabajo en la Comunidad Valenciana.
CSIF insiste en que “el empleo que se cree sea de calidad. En esa cuestión deben de insistir los responsables políticos al frente de las diferentes instituciones”. El sindicato resalta que “si el empleo no es de calidad y el número de cotizantes a la Seguridad Social no se sitúa por encima de 20 millones, con pago íntegro de cuotas correspondientes, se verá mermada la sostenibilidad del sistema de pensiones y, por tanto, su futuro”.
La ola de frío satura las urgencias hospitalarias en toda España por la falta de personal
CSIF reclama la aprobación urgente de las ofertas de empleo público: desde verano, se han perdido 51.023 puestos de trabajo en la Sanidad
La ola de frío y el consecuente incremento de las enfermedades asociadas a esta temporada están saturando las urgencias de los hospitales de la práctica totalidad del país, como consecuencia de los problemas estructurales y el déficit de plantilla de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS).
Tal y como ha podido constatar la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, la situación de saturación es prácticamente generalizada: urgencias saturadas, sobrecarga de trabajo, camas y familiares en pasillos, urgencias pediátricas abarrotadas los fines de semana son las situaciones más habituales, que se dan en función de cada ámbito.
En Madrid se han sucedido varios días de saturación en los hospitales de La Paz, Gregorio Marañón y Ramón y Cajal, lo que ha motivado a las autoridades sanitarias a anunciar incrementos de plantilla puntuales.
Esta situación también se da en Cataluña, en centros como Can Ruti, Vall d’Hebrón y Hospital de Lleida. En Can Ruti, se da la circunstancia de que no se puede absorber el número de visitas al día, pese a tener camas disponibles. Los boxes están doblados y hay pacientes en los pasillos.
Situaciones similares se viven en Murcia (La Arrixaca y Morales Meseguer), Zaragoza (Miguel Servet y El Royo, este último con pacientes pendientes de ingreso y una planta cerrada), Comunidad Valenciana (Hospital de Sagunto y Clínico de Valencia con camas en los pasillos y familiares sentados en las escaleras de accesos) o La Rioja (Hospital San Pedro).
También se viven situaciones de colapso en Galicia (Montecelo, Pontevedra; el hospital de Cunqueiro de Vigo, Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña), Andalucía (Virgen Macarena, Virgen del Rocío y Carlos Haya) y Canarias (Doctor Negrín). En otros ámbitos, como Extremadura se producen situaciones de sobrecarga de trabajo por deficiencias de personal (Cáceres y Coria).
OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO
Se da la circunstancia de que el sector sanitario ha perdido 51.023 puestos de trabajo desde el verano, concretamente a lo largo de septiembre, octubre y noviembre, coincidiendo con el inicio de la campaña de la gripe, la bajada de temperaturas en toda España y incremento de la presión asistencial. CSIF reclama la aprobación urgente de las ofertas de empleo públicas pendientes en el conjunto del territorio.
CSIF advierte de que estas cifras vuelven a reflejan además el abuso de la contratación de interinos y la precariedad en el empleo de nuestras Administraciones Públicas. Además, el sindicato lamenta la falta de previsión, dado que estas situaciones se repiten cada año, sin que las autoridades sanitarias adopten las medidas estructurales necesarias.
Para CSIF estas cifras de interinidad no son razonables en ámbitos fundamentales de nuestro Estado del Bienestar. Además, ponen de manifiesto la necesidad de desarrollar el plan de estabilización en el empleo que se firmó el pasado mes de marzo con el Ministerio de Hacienda.
Csif te informa: La contratación de personas con discapacidad marca un nuevo récord histórico
En los diez primeros meses de 2017 se han firmado 258.637 contratos con personas con discapacidad, lo que supone un incremento del 16,46% respecto al mismo periodo de 2016, año que hasta ahora ostentaba el récord de la serie histórica.
Los datos de contratación entre personas con discapacidad muestran un incremento sostenido de la contratación de este colectivo en todas las comunidades autónomas.
Los datos de contratación entre personas con discapacidad muestran un incremento sostenido de la contratación de este colectivo en todas las comunidades autónomas.
Asimismo, se registra cada vez un mayor peso de la contratación indefinida, que hasta octubre de 2017 creció un 17,06%.
La contratación de personas con discapacidad ha crecido ininterrumpidamente desde 2012, y en 2014 se superaron por primera vez los 200.000 contratos. Así, entre 2012 y 2016 se han firmado un total de 1.299.467 contratos de personas con discapacidad.
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