viernes, 10 de marzo de 2017

El Gobierno prepara un plan para convertir a los empleados públicos interinos en fijos

Las Provincias David Valera

Vincula la medida, que afectaría a parte de los 400.000 temporales de la administración, a la aprobación de los Presupuestos de 2017

El Gobierno quiere poner en marcha un plan para convertir a los empleados públicos interinos en fijos. La medida, que sería negociada con los sindicatos y las comunidades autónomas, se realizaría de forma gradual y afectaría a parte de los 395.000 trabajadores de la administración que se encuentran en esta situación. Fuentes de Hacienda aseguran que el proyecto todavía está en sus primeras fases de desarrollo y, por tanto, no se ha concretado a qué sectores de la administración iría dirigido de forma mayoritaria (la temporalidad más alta está en sanidad y educación), ni qué requisitos deberán cumplir los trabajadores para poder acogerse al mismo. Eso sí, Hacienda vincula la viabilidad de este proyecto a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017. Es decir, el plan es también una nueva arma de presión para que la oposición respalde las cuentas públicas que el Ejecutivo tiene previsto presentar a finales de este mes o principios de abril.


Cristobal Montoro EFE
El enfoque del plan fue desvelada parcialmente ayer por el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, tras el Consejo de Ministros al asegurar que la «voluntad del Gobierno es reducir el número de interinos» según las necesidades de plantilla de cada comunidad. Fuentes de Hacienda aclararon que el objetivo no es recortar el número de empleados públicos, sino «limitar la temporalidad» de este colectivo concreto al convertirlos en indefinidos. También matizaron que eso no significa acabar con este tipo de personal. De hecho, en caso de llevarse a práctica seguirán existiendo interinos, pero en menor número.
Aunque todavía no están definidos los sectores a los que la medida afectará de forma preferencial, una gran parte del personal sanitario y educativo se encuentra entre los interinos más numerosos y, previsiblemente, entre los que más se beneficiarían. De hecho, según datos del sindicato CSIF hay unos 50.000 profesores interinos que cada verano al finalizar el curso son despedidos y, con suerte, contratados en septiembre. Asimismo, según los sindicatos la interinidad podría alcanzar el 30% del personal sanitario. Las tasas también son altas para otros ámbitos como el de la justicia.
Sin embargo, desde Hacienda insistieron en que todo está condicionado a la aprobación de los Presupuestos. Sólo a partir de entonces se abrirían varias mesas de negociación con los sindicatos para abordar los detalles de este plan.
De esta forma, Montoro vuelve a condicionar una medida que afecta a los empleados públicos al visto bueno en el Congreso a las cuentas del Estado. Algo que también sucede con la revalorización del sueldo de los funcionarios -la intención anunciada por el PP durante la campaña electoral era subir un 1% la retribución- o la reducción de la jornada a las 35 horas. La falta de Presupuestos también impide fijar la tasa de reposición de los funcionarios ni convocar la Oferta de Empleo Público que tiene paralizadas las oposiciones en las comunidades autónomas, aunque algunas han anunciado que convocarán los exámenes para cubrir las plazas. Habrá que ver si esta estrategia de presión hace cambiar la postura de algún partido, especialmente del PSOE que gobierna en varias regiones.
Sentencia europea
En cualquier caso, la situación de los interinos es especialmente delicada. De hecho, llevan varios meses bajo los focos tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE el pasado septiembre en la que equiparaba la indemnización de un interino con la de un empelado indefinido. Sin embargo, desde Hacienda desligaron el plan que estudian ahora de esta circunstancia y aseguran que obedece a dotar de más estabilidad laboral a este colectivo.
Desde la sentencia los sindicatos y parte de la oposición han exigido que se reconozcan los derechos de los interinos, lo que supondría un cambio en el Estatuto de los Trabajadores. Para ello se creó una comisión de expertos designados por el Gobierno, los sindicatos y la patronal. Sin embargo, en sus conclusiones no logró ponerse de acuerdo en la cuantía de las indemnizaciones al quedar divididos entre quienes entendían que deberían ser 20 días por año trabajado -como marca el despido por causas objetivas- y aquellos que la limitan a los 12 días de los contratos temporales.
En cualquier caso, las centrales urgen al Gobierno a paliar esta discriminación y denuncian que en algunos casos hay trabajadores que llevan 19 años como temporales. Además, resaltan que esa consolidación no implicaría un aumento del gasto público porque no supondría crear empleo nuevo, sino cambiar las condiciones del ya existente.

Es hora de apagar el móvil

El País/Joseba Elola

La conexión continua mina nuestras relaciones, nuestra creatividad

Hipnotizados. Con la cabeza gacha. Absortos con la pantalla, saltando de una conversación de WhatsApp a otra para contestar a los mensajes que se agolpan. Chequeando el globito rojo del Facebook, el correo electrónico, el Snapchat, el último me gusta en Instagram. Pendientes también del grupo de mensajería instantánea que se le ocurrió abrir al jefe y por el que entran instrucciones en cualquier momento del día, cuando toque, da igual, siempre vamos a estar ahí, disponibles, accesibles, localizables, preparados para enfundarnos el mono de empleado dispuesto. Esta es la norma que parece haberse impuesto en la cultura del trabajo (y de las relaciones sociales) que alumbran las nuevas tecnologías y sobre las que, tal vez, no ha habido demasiado tiempo para reflexionar. ¿Se puede vivir así? ¿Se debe?
La hiperconectividad que nos invade se ha instalado sin normas de etiqueta, sin códigos de conducta acordados, sin protocolos, sin tiempo para que procesemos su impacto. Los usos sociales, en ocasiones abusivos, han abierto paso a la necesidad de legislar, como acaba de hacer Francia. Desconectar es un derecho. Desconectar del trabajo, desconectar del móvil. De ahí la necesidad de reconocer el derecho a desconectar.
Existe un código, variable, con distintas versiones, pero asentado, de cómo comportarse cuando uno se sienta a la mesa a compartir una comida. De qué hacer si un anciano entra por la puerta del metro. De qué decir cuando alguien hace algo por nosotros, gracias. Del móvil, no nos han dicho nada. Lo desbloqueamos entre 80 y 110 veces al día, según indican estudios de Apple y del fabricante de apps Locket. Se ha instalado tan rápido en nuestras vidas que no ha habido tiempo de consolidar normas de convivencia. Abunda el uso desordenado, caótico, en ocasiones asilvestrado. Y así nos va.
Francia, como siempre pionera en cuestiones laborales, ha sido la primera en actuar. Desde el pasado 1 de enero, todas las empresas de más de 50 trabajadores deben fijar horarios de conexión al móvil e Internet acordándolos con la plantilla. Los empleados tienen derecho a disfrutar de 11 horas de descanso entre dos jornadas de trabajo.
Existe un código, variable, con distintas versiones, pero asentado, de cómo comportarse cuando uno se sienta a la mesa a compartir una comida. De qué hacer si un anciano entra por la puerta del metro. De qué decir cuando alguien hace algo por nosotros, gracias. Del móvil, no nos han dicho nada. Lo desbloqueamos entre 80 y 110 veces al día, según indican estudios de Apple y del fabricante de apps Locket. Se ha instalado tan rápido en nuestras vidas que no ha habido tiempo de consolidar normas de convivencia. Abunda el uso desordenado, caótico, en ocasiones asilvestrado. Y así nos va.
Francia, como siempre pionera en cuestiones laborales, ha sido la primera en actuar. Desde el pasado 1 de enero, todas las empresas de más de 50 trabajadores deben fijar horarios de conexión al móvil e Internet acordándolos con la plantilla. Los empleados tienen derecho a disfrutar de 11 horas de descanso entre dos jornadas de trabajo.
“Estamos en un momento de hiperconsumo de las nuevas tecnologías”, sostiene Enric Puig Punyet, autor de La gran adicción (Arpa Editores), un libro dedicado a la hiperconectividad, “y ya vemos los inconvenientes: dependencia, ansiedad, falta de gestión del propio tiempo, el mal uso que de ellas hacen las empresas”. Puig, doctor en Filosofía, no tiene claro que una normativa sea la solución, y menos si es tan abierta como la francesa, pero sí saluda que se hable de la cuestión. “Deberíamos apuntar a una sociedad que entienda que esta hiperconectividad es perjudicial para la salud, como el tabaco”.
La capacidad de conectarse en cualquier lado, en cualquier momento, tampoco puede ser demonizada. De entrada, hay actividades en las que resulta insoslayable. Más allá de los abusos de aquellos para los cuales el trabajo es lo único —uno de cada tres empleados escoceses declaran que sus jefes consideran que deben anteponerlo a su vida personal, a su familia, según un estudio de YouGov for Relate and Relation­ships—, las nuevas herramientas han supuesto, en muchos casos, una liberación. Han agilizado el trabajo. Permiten que se pueda cumplir desde cualquier sitio, en cualquier momento. Una flexibilidad que es muy bienvenida, por ejemplo, a la hora de conciliar. “Se han creado nuevas oportunidades laborales, nuevos trabajos que se pueden hacer desde casa”, subraya en conversación telefónica desde Londres Anna Cox, psicóloga y directora adjunta de UCLIC, un centro de estudios de la interacción humano-computadora de la University College London (UCL). “Ha mejorado la calidad de vida de los trabajadores, son más productivos. La nuevas tecnologías han tenido un impacto realmente positivo”.
Esta estudiosa de los equilibrios entre vida personal y laboral considera que una ley como la francesa no es necesaria. “Me preocupa cuando las empresas y los Gobiernos ponen en marcha políticas que nos llevan 20 o 40 años atrás, que dificultan que podamos trabajar con flexibilidad”. Que se pongan trabas a que un empleado, por ejemplo, pueda organizarse para recoger a los niños a las cinco de la tarde y seguir trabajando en casa un par de horas más gracias a las nuevas herramientas le parece un atraso.
Cox considera que la situación ideal es que el trabajador pueda elegir. Los hay que prefieren fronteras claras entre vida personal y laboral. Los hay que las prefieren flexibles. Y en cualquier caso, siempre estará ahí la opción de usar aplicaciones para separar ámbitos. Distintas cuentas de correo, distintos teléfonos. El desafío es que los empleados puedan comunicar de algún modo un mensaje que no sea entendido como una maniobra de escaqueo: ahora no estoy trabajando.
Desconectar es sano. “Estar constantemente conectado al trabajo crea un estrés que no es bueno para el cerebro ni para muchos otros órganos”, afirma sin ambages Javier de Felipe, neurocientífico del Centro Superior de Investigaciones Científicas y uno de los coordinadores del Human Brain Project, proyecto europeo de investigación del cerebro.
Junto a los mensajes relevantes que entran cada día en nuestra vida por algunos de los canales de comunicación que tenemos abiertos (mensajería instantánea, redes, e-mails) se cuelan decenas de partículas de comunicación que configuran una maraña, puro ruido, que no hace otra cosa que nublar y, acaso, adormecer nuestras mentes.
Vivimos permanentemente en alerta, dispuestos a responder a un nuevo estímulo, a una nueva dosis de adrenalina generada por un globito en la pantalla.
“Los estudios demuestran que cada vez somos menos capaces de tolerar el tiempo que estamos a solas con nuestros pensamientos. Necesitamos conectar con nosotros mismos”. Así se expresa por correo electrónico Sherry Turkle, prestigiosa psicóloga y profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), autora de En defensa de la conversación (Ático de los Libros), una obra en la que invita a utilizar con cabeza las nuevas herramientas tecnológicas. “La cultura de estar siempre conectado mina la creatividad de la gente, su capacidad para la soledad, sus relaciones. Al final, sufre su productividad, así como su bienestar”.
Las fronteras entre vida personal y laboral se difuminan cada vez más. Y si hay un espacio en el que eso toma cuerpo es en los teléfonos inteligentes, que parecen venir a paliar algunas de las más profundas necesidades humanas. Sumergirnos en ellos nos permite relacionarnos, mantener la mente ocupada, nos evita enfrentarnos a la soledad, a nuestros pensamientos. Casi siempre aparece alguien en un grupo de Whats­App, en Facebook, en Instagram o en Snapchat que nos ofrece, por un instante, la ilusión de que no estamos solos.
Pero lo estamos. Frente a una pantalla. Frente a dos pantallas. Solos.
La conexión permanente, de hecho, parece encajar muy bien con la naturaleza humana. Somos una especie social, necesitamos relacionarnos con otros, y la tecnología nos permite desarrollar esta faceta. Además, somos curiosos, como bien señala Nuria Oliver, experta en nuevas tecnologías, inteligencia artificial y directora científica de datos de la Data-Pop Alliance: “Accedemos a información, a estímulos, 24 horas al día: Internet no cierra nunca”.
Así, poco a poco, vamos perdiendo la capacidad de tolerar el aburrimiento, una de las fuentes de la creatividad. Cuando alguien se aburre, algo se tiene que inventar para pasar el rato. Abrir un mensaje o comprobar si hay algún me gusta en el último post que uno ha publicado en una red social es una tentación difícil de resistir. “Es fácil entrar”, señala Oliver, “en el ciclo adictivo de la tecnología”.
Resulta paradójico. A veces nos quejamos del aluvión de e-mails de trabajo a cualquier hora, de la entrada continua y masiva de whats­apps de todo tipo, mensajes que nos distraen, a los que nos vemos obligados a contestar. Pero tampoco podemos vivir sin ellos, y contestamos. Mensaje llama a mensaje. Emitimos pequeñas partículas de comunicación, réplica, tontería, contrarréplica. Resulta divertido, sí; a veces, un poco pesado. Y no dejamos de alimentar a la bestia.
“Sufrimos las molestias de la hiperconexión pero nos mantenemos conectados”, señala Amparo Lasén, socióloga de la Universidad Complutense de Madrid. “Sentimos el agobio, pero nos convertimos en demandantes de esa hiperconexión. Parece difícil decir: ‘Te quiero mucho, pero no te voy a responder siempre a los whatsapps”.
Y, sobre todo, parece difícil dejar claro que en ningún sitio está escrito que uno tenga que responder de inmediato.
Las expectativas de disponibilidad, señala Lasén, son cada vez mayores. Se exige cada vez más rapidez en la respuesta. Algo que, cuando las demandas se multiplican, en según qué entornos laborales, convierte el trabajo en avanzado manejo de malabares.
Estar afanado tecleando con el móvil entretiene; en ocasiones, engancha; en otras, ayuda a mitigar según qué vacíos.
Al fin y al cabo, el artilugio siempre ofrece algo que hacer, una misión que cumplir, algo que da sentido a un día que, por lo demás, probablemente no será glorioso.
La emisión continua de mensajes, en cualquier caso, no es solo cosa nuestra. Obedece a una lógica, es algo que las grandes tecnológicas fomentan, es algo que late en la arquitectura de las redes, las dota de contenido, permite monetizar: mantener al usuario conectado genera business. “Cuanto más tiempo estemos conectados, más rentables somos para estas compañías”, dice Enric Puig Punyet. “Si no existiera ese modelo de negocio, ahora no llevaríamos todos Internet en el bolsillo”.
Más allá de las medidas que adopten las empresas o los Gobiernos estamos nosotros. Todos tenemos en el día a día nuestra pequeña cuota de responsabilidad en todo este asunto, todos podemos contribuir a una existencia un poco menos enloquecida.
Una cosa es que algunos no nos dejen desconectar. Otra, que nosotros desconectemos.

FRANCIA PROTEGE A LOS EMPLEADOS DEL ‘QUEME’ LABORAL

Los franceses han querido ser avanzadilla en el derecho a desconectar, en parte como respuesta a los múltiples casos de burnout [agotamiento, queme] que se han producido en los últimos años como consecuencia de la presión laboral. En 2008 y 2009 se produjeron 35 suicidios en una compañía como France Telecom (que se reconvirtió en Orange). También los hubo en Renault. En territorio francés ya hay empresas como Axa, la propia Orange o el servicio de correos La Poste que pusieron en marcha, antes de la entrada en vigor de la ley, medidas para que no haya obligación de contestar e-mails fuera del horario de trabajo.
La redacción final del texto legal, no obstante, ha quedado un tanto indefinida y muy abierta a la interpretación que se haga en cada lugar de trabajo. Son las empresas las que deben pactar con los trabajadores qué medidas tomar para garantizar la desconexión.

Recogida de firmas para pedir la catalogación de plazas de enfermeras especialistas en la sanidad pública de la Comunidad Valenciana




¡¡¡FIRMA YA!!!
Queremos informaros que hemos puesto en marcha a través del CECOVA una campaña para recoger firmas a través de la plataforma Change.org para que el sistema sanitario público de la Comunidad Valenciana tenga plazas para enfermeras especialistas. (Accede a la web para firmar la petición)
La iniciativa tiene lugar tras las declaraciones realizadas la semana pasada por la consellera de Sanidad, Carmen Montón, que no fueron nada esperanzadoras para el futuro profesional de las enfermeras especialistas de nuestra región, que tras el esfuerzo realizado para conseguir su especialidad no pueden ejercerla en el sistema público. Y ello con las circunstancias contradictorias de lo que cuesta su formación en las unidades docentes y de que se abra la bolsa de trabajo para algunas especialidades, de las que luego no se convocan plazas para trabajar.
Desde el Colegio consideramos que es hora ya de que se dé una solución a este problema que frustra tanto las expectativas laborales de nuestros profesionales como la rentabilidad del dinero que se destina a su formación y el derecho de los ciudadanos a recibir una asistencia sanitaria de calidad.
Así, el texto que argumenta la recogida de firmas expresa que: 
“Las enfermeras y los enfermeros de la Comunidad Valenciana realizamos un importante esfuerzo para realizar las especialidades de nuestra profesión y tras ello nos encontramos con que nuestro sistema sanitario público no convoca plazas específicas para ellas.
Nuestra paciencia se ha terminado de agotar después de escuchar que nuestra consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, haya declarado al ser preguntada sobre cuándo se van a catalogar plazas para enfermeras especialistas en el sistema sanitario público de la Comunidad Valenciana que “catalogar especialidades puede hacer atrapar a los profesionales en esa especialidad y que no tengan movilidad”. 
Está en juego que nuestras enfermeras y enfermeros puedan trabajar desarrollando la especialidad que han conseguido alcanzar a base de mucho esfuerzo, que el dinero invertido en su formación no se pierda y que los ciudadanos, que son quienes pagan la formación con sus impuestos, tengan la atención que merecen.
Si quieres que contemos con plazas de enfermeras/os especialistas en el sistema sanitario público de la Comunidad Valenciana firma esta petición”.

La investigación española perderá un año si el Gobierno retrasa la convocatoria pública de proyectos, por la prórroga presupuestaria


CSIF reclama la convocatoria urgente de proyectos del Plan Estatal de Investigación

El retraso podría afectar muy negativamente a universidades y centros públicos de investigación 
También es necesario renovar las convocatorias y financiación de los Campus de Excelencia Internacional



  La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, reclamó hoy al Gobierno la convocatoria urgente de los proyectos del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica de Innovación correspondiente a 2017, que está prorrogado en los actuales presupuestos.


En el caso de que no se realice la convocatoria de manera inminente podríamos perder un año de investigación y ayudas para el sistema de investigación en nuestro país y las universidades y centros públicos de investigación serían los grandes perjudicados.
El Plan Estatal de Investigación es el principal instrumento utilizado por la Administración General del Estado para financiar las actuaciones en materia de I+D+i y resulta esencial para el desarrollo de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación.
El citado Plan Estatal fue elaborado para corregir las debilidades detectadas y fortalecer el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante el diseño de actuaciones dirigidas a fomentar el talento, impulsar las capacidades del tejido productivo e incrementar la excelencia y el liderazgo científico y tecnológico.

El sindicato recuerda que durante la crisis los fondos públicos para investigación se han reducido en un 21% y la financiación privada en un 47%. Sin embargo, la CRUE afirma que desde 2008 a 2014 las universidades españolas han ampliado su producción científica un 54%, y han incrementado un 6% su impacto, publicando casi el 55% de sus artículos científicos en revistas de mayor impacto

Además, según el Barómetro Conocimiento y Desarrollo 2015, en los últimos años se ha producido un retroceso en dos tendencias: la dotación de infraestructuras para la ciencia, la tecnología y la creación y transferencia de conocimiento y la importancia otorgada por las administraciones públicas a las políticas y recursos dirigidos al sistema universitario.
A la vista de estos datos se hace necesario asegurar un porcentaje mínimo del PIB para investigación que permita convocatorias regulares, dotación de equipos y la incorporación de recursos humanos para I+D+i.
Por otro lado, resulta también necesario renovar la financiación de los Campus de Excelencia Internacional. En España se han realizado tres convocatorias para la selección de proyectos de Campus de Excelencia Internacional durante los años 2009, 2010 y 2011. Desde 2011, salvo una pequeña convocatoria de finales de 2015, no ha habido ninguna novedad en este ámbito. Siempre, como excusa, la crisis. Tampoco hoy día se aprecia que haya un futuro más alentador para las universidades públicas inmersas en estos proyectos de excelencia internacional.

CSIF solicita que se renueven lo antes posible las convocatorias de Campus de Excelencia Internacional y que se doten con suficiente presupuesto para mejorar la calidad docente, mejorar la I+D+i, con atención a su internacionalización, la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y el impulso a los másteres y doctorados de excelencia internacional.

El 11% de los españoles sufre algún tipo de violencia laboral

El 8,4% de las mujeres españolas ha sufrido algún tipo de acoso sexual en su lugar de trabajo y un 15% acoso verbal


El profesor de Psicología y experto en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), Pedro R. Gil-Monte, ha elaborado un informe del que se extrae que el 11% de los profesionales españoles reconoce haber sufrido algún tipo de conducta violenta en el trabajo.
Según el informe, el 20% de los profesionales sufre este tipo de acciones de forma cotidiana, mientras que el 80% lo hace de forma esporádica. De éstas, el 7,3% de los trabajadores sufre agresiones verbales y aislamiento, el 3,8% amenazas físicas y el 2,4% violencia física cometida por personas que no pertenecen al lugar de trabajo.
Esta es una de las conclusiones que se extrae del trabajo de investigación realizado sobre ‘Violencia en el Trabajo y sus Modalidades: análisis del fenómeno en Europa, España y Latinoamérica’, en el que el autor analiza la evolución de este fenómeno en Europa y Latinoamérica, acotando tres formas de violencia laboral: acoso psicológico (mobbing), acoso sexual y por razón de sexo y discriminación en el trabajo.
Según explica el experto de la VIU, “se trata de acciones que se dan con frecuencia en todos los países y ocupaciones y que tienen consecuencias importantes sobre la salud de los trabajadores, llegando a convertirse en uno de los principales motivos para sufrir depresión, ansiedad, estrés, conductas de riesgo, nerviosismo, dolores de cabeza o problemas para conciliar el sueño”.
Del informe se desprende también que una de las formas de violencia en el trabajo más extendida es el acoso psicológico y el acoso sexual. Este último, según los datos extraídos, muestra un claro desequilibrio entre hombres y mujeres, ya que las mujeres sufren tres veces más acoso sexual en el trabajo que los hombres.
Por sectores, en España los profesionales del sector sanitario y de servicios sociales, junto a los trabajadores de la Administración pública y la Educación, son los más expuestos a padecer violencia laboral.
En la UE el 17% de las mujeres y el 15% de los hombres han sufrido algún tipo de conducta violenta en el trabajo
El informe indica también que el 17% de las mujeres y el 15% de los hombres de los países que integran la Unión Europea han sufrido algún tipo de conducta violenta en el trabajo en el último año tal como maltrato verbal, atención sexual no deseada, amenazas y trato humillante, violencia física y acoso sexual y psicológico.
Por sectores, en Europa, los profesionales relacionados con la salud y del transporte son los que registran mayores tasas de violencia en el trabajo, alcanzando porcentajes del 23% y del 20% respectivamente. Por el contrario, las tasas más bajas las registra el sector de la agricultura (6%) y de la construcción (9%).
El experto de la VIU indica en su estudio que “en muchos países existe una brecha entre las políticas de prevención y la práctica, por lo que es necesario una mayor comprensión de estos riesgos”. Tanto es así que, cerca del 46% de las empresas de la UE no posee protocolos laborales para abordar casos de violencia en el trabajo.
En España la situación es más determinante ya que el 56% de las empresas no dispone de un procedimiento formal para afrontar la violencia en el trabajo. Paradójicamente, son los sectores más afectados por este tipo de acciones (Sanidad, Educación y Servicios Sociales), los que registran mayor número de planes para afrontar el acoso laboral (el 52,6% de las empresas de estos sectores posee uno) y la violencia en el trabajo (63,1%).

Manifiesto Día Internacional de la Igualdad Salarial


Con motivo del Día de la igualdad salarial, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) levanta su voz para reclamar un mayor compromiso por parte de las Administraciones y empresas, mediante el impulso de medidas que eliminen la denominada brecha salarial o, según la Organización Internacional del Trabajo, disparidad de remuneración por razón de género. Esto es, la discriminación salarial de la mujer.
Según el informe mundial sobre salarios 2016/2017, la desigualdad entre los salarios por hora entre hombres y mujeres ronda el 20% y hasta un 50 por ciento en el caso de los directivos y ejecutivos. En nuestro país, por desgracia, la situación no es mejor, ya que para España la brecha media (a partir de los datos del INE 2014, últimos disponibles) es casi del 24%.
Esto significa que, por cada 100 euros que gana un hombre, una mujer apenas llega a los 76 euros o, lo que es lo mismo, para ganar los mismos 100 euros, una mujer tendría que trabajar casi 10 horas diarias frente a las 8 horas de un hombre. Esto significa que, a partir del mes de noviembre de cada año, las mujeres, en comparación con los hombres, estarían trabajando gratis.
Desde nuestro punto de vista, la situación descrita es claramente injusta, y más teniendo en cuenta que son las mujeres las que, a causa de la crisis y de los recortes padecidos en los servicios públicos, han asumido los mayores aumentos del desempleo y también las labores de cuidado de mayores y menores que, recordemos, no están incluidas en ninguna estadística.
La brecha salarial de hoy supone la brecha de las pensiones de mañana y como expresamente indica la recomendación 17 del Informe de Evaluación y reforma del Pacto de Toledo, la igualdad debe de iniciarse con la equiparación real de salarios entre hombres y mujeres, “igualdad en la remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor” con la eliminación de cualquier discriminación salarial que se produzca exclusivamente por condición de género.
Por puestos de trabajo, la situación es aún más desigual ya que, para los mismos puestos de trabajo y pese a contar con convenios igualitarios (por ley), las diferencias salariales llegan a alcanzar el 30% siendo las más altas en los puestos de responsabilidad o de libre designación a los que, por cierto, la mujer accede en contadas ocasiones.
Por todo ello, desde CSIF reclamamos:
  • Que se obligue, mediante el desarrollo reglamentario de la Ley 3/2007 para la igualdad de efectiva de mujeres y hombres, a que las empresas y la Administración cumplan sus propios planes de igualdad.
  • En las negociaciones de los convenios colectivos, incorporar la perspectiva de género como elemento transversal en la empresa; especialmente en el capítulo de negociación de retribuciones para complementos, para que queden pocos fuera de convenio (que es cuando se acentúa la brecha salarial).
  • Mayor acceso a la información sobre las retribuciones, desglosadas por concepto salarial y puesto de trabajo, de la representación de los/as trabajadores/as mediante la creación de una base de datos, actualizada al menos cada seis meses.
  • Auditoría anual de retribuciones en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; los resultados de las auditorías anuales serán de acceso a las inspecciones de trabajo, los representantes legales de los trabajadores y los distintos organismos de la Administración que trabajan en perspectiva de género.
  • Mejorar la representación de la mujer en los puestos de responsabilidad. Este es un aspecto clave que tiene relación directa con la brecha salarial en retribuciones fuera de convenio. Que la mujer tenga menor presencia en las categorías profesionales con acceso a puestos de responsabilidad hace que la diferencia retributiva se mantenga alta mientras no se solucione dicho problema.
  • Establecer planes de desarrollo profesional en las empresas, porque suponen un incremento en la transparencia salarial y por tanto ponen en evidencia la brecha en esta materia.
  • Fomentar la corresponsabilidad para que la conciliación sea compartida y no penalice a las mujeres.
  • Mayor sensibilización y formación en género sobre todo en personal que desempeña puestos de responsabilidad en el sector privado y público.
#ELLASNIUNEUROMENOS

¿Cuál es la edad de jubilación en España? ¿Cómo va la jubilación anticipada? 10 claves

El Periódico

El retraso de la edad legal de jubilación hasta los 67 años penaliza con menor pensión a aquellas personas que llevan menos años cotizando a la Seguridad Social

La jubilación anticipada se ha convertido en el deseo de muchos ciudadanos. El marco legal de la jubilación en España es lo suficientemente complejo para necesitar el auxilio de asesores para saber si sale a cuenta o cuál es el momento de dar el paso y planificar el paso a la etapa vital de pensionista. Existe un régimen transitorio en la Seguridad Social por el que la edad legal de jubilación se retrasará paulatinamente hasta los 67 años en el 2027. No obstante, podremos seguir jubilándonos a los 65 si hemos cotizado un número mínimo de años.
Esa edad de jubilación determinará la edad a partir de la que podremos tener derecho a percibir una pensión pública. El retraso de la edad legal de jubilación premia con mayor pensión a aquellas personas que llevan más años cotizando a la Seguridad Social y penaliza a los que llevan menos o perdieron su empleo en los años de la crisis. El objetivo es incentivar la contribución al sistema de la Seguridad Social, que el trabajador sea el primer interesado en cotizar. Estas son las claves a tener en cuenta:

1. ¿Cuál es la edad legal de jubilación en España?

En el 2017 la edad legal de jubilación está fijada en 65 años y 5 meses. En el caso de que el trabajador tenga cotizados más de 36 años y tres meses, podrá jubilarse a los 65 con el cobro del 100% de la pensión. La pensión máxima es este 2017 de 2.573,7 euros por mes. La reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno de Zapatero incluía un retraso progresivo de la edad de jubilación hasta los 67 años. Esta progresividad amplía año a año la edad legal hasta llegar a los citados 67 en el 2027.

2. ¿Cuál es la edad real de jubilación?

En la práctica, los trabajadores españoles se jubilan de media antes de lo que estipula la ley. De hecho, según los datos oficiales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la edad media real de jubilación en España en el 2016 fue de 64,1 años. En España el 51% de los trabajadores se jubilan al cumplir la edad de jubilación, el 44% se retira de forma temprana antes de cumplir esa edad, y solo el 5% sigue trabajando después de cumplir la edad de jubilación.
Pese a las medidas para alargar la vida laboral de los españoles, desde el 2014 la edad media real de retiro se ha estancado. ¿Por qué no logran retrasar la edad de jubilación? El principal motivo es el aumento constante de las jubilaciones anticipadas y parciales, antes de 65 años. En el 2013, este tipo de retiros suponía el 38% de las nuevas altas de jubilación; en el 2014, pasaron a ser el 41%; en el 2015, el 43,8%: y en 2016 ya el 44,3% de los nuevos jubilados. El 45% de las nuevas jubilaciones anticipadas aún se rigen por la legislación anterior al 2011. Otro de los motivos que impiden aumentar la edad real de jubilación es el escaso éxito de la prolongación de la vida laboral.

3. ¿Cuál es el efecto de una jubilación anticipada?

Si nos jubilamos antes de la edad de jubilación, obtendremos una pensión inferior a la pensión pública que habríamos obtenido jubilándonos a la edad legal. Si esperamos a la edad legal, obtendremos el 100% de la pensión pública si hemos cotizado los años suficientes estipulados. En cambio, si decidimos retrasar la jubilación, percibiremos una pensión superior. En función del número de años cotizados, podremos obtener una bonificación entre el 2% y el 4% por cada año que retrasemos la jubilación.

4. ¿Cuánto se pierde por cada año de anticipación?

La jubilación anticipada lleva asociado un lógico recorte de la cuantía, que es de un 8% por cada año de anticipación sobre la edad legal con carácter general. Si se acreditan más de 30 años de cotización, la reducción será de un 7,5% por cada año de anticipo, del 7% si se acreditan de 35 a 37 años cotizados, el 6,5% de reducción por año si se acreditan 38 o 39 de cotización, y un recorte del 6% por cada año si se han cotizado 40 años o más.

5. ¿Hay empleos que permiten anticipar aún más la jubilación?

Sí. El concepto general es que las labores de riesgo suponen un acceso preferente a la jubilación anticipada. El caso típico es el de los mineros. En el caso de haber trabajado más de 10 años en minas subterráneas es posible acceder a la jubilación a partir de los 40 años. En minas a cielo abierto a los 45 años. En trabajos con exposición a materiales peligrosos existen baremos especiales. En el caso de los bomberos, por ejemplo, existen coeficientes reductores que permiten jubilaciones a los 59 años, por ejemplo, con 35 años cotizados. Los policías podrán acogerse también a ese estilo de jubilaciones anticipadas a los 59 años, según un nuevo marco legal previsto para este año.

6. ¿Es obligatorio jubilarse?

Nadie puede ser obligado a jubilarse si no quiere. Desde la reforma laboral de 2012, no es posible incluir en los convenios colectivos cláusulas de jubilación forzosa. Se entienden como nulas todas las condiciones que declaren la obligación de jubilarse de los trabajadores desde el momento en el que cumplan la edad ordinaria de jubilación. La excepción son los funcionarios, que sí están obligados a jubilarse al cumplir 65 años, aunque también hay excepciones (en sector educativo, en Justicia...). Si una empresa despide a un trabajador de más de 65 años, éste ya no tendrá derecho a la prestación por desempleo, por lo que solicitará la pensión de jubilación.

7. ¿Qué es la prejubilación?

La prejubilación no existe desde un punto de vista jurídico o legal. Es un pacto entre la empresa y el trabajador en el que se acuerda una determinada cantidad de dinero desde que termina la relación laboral hasta llega el momento de la jubilación por la Seguridad Social. En ese tiempo, la empresa abona un porcentaje del sueldo al trabajador, el cual percibe además una indemnización y la prestación por desempleo. Además, suele acordarse que la empresa pague una cantidad para suscribir un Convenio Especial con la Seguridad Social y así cotizar más años para la pensión de jubilación. En la práctica, la prejubilación es un privilegio para empleados en grandes empresas y bancos, apoyado por capital público a través del pago de la prestación de paro.

8. ¿Qué es el convenio especial?

La Seguridad Social ofrece la posibilidad de cotizar a título individual a determinados colectivos que necesiten seguir cotizando para evitar lagunas de cotización en el cálculo de su pensión o bien para reforzar las bases de cotización y mejorar el cálculo de la misma. Mediante un acuerdo voluntario con la Seguridad Social, los trabajadores podrán generar, mantener o ampliar el derecho a prestaciones a cambio de hacerse cargo personalmente de sus propias cotizaciones. El convenio especial cubre las prestaciones de invalidez permanente, muerte y supervivencia, derivadas de enfermedad común y accidente no laboral, jubilación y servicios sociales. Los principales demandantes de este convenio son trabajadores que causan baja en la Seguridad Social y les quedan aún unos años para poder jubilarse. De esta manera completan su carrera de cotización y no ven penalizado el cálculo de su futura pensión. También trabajadores que sean contratados con remuneraciones inferiores a las cobraban en el último año o pensionistas que hayan sido declarados inválidos parciales y a los que se les haya denegado la pensión.

9. ¿Cuál es el requisito para pagar el convenio especial?

El requisito indispensable en cualquier caso es acreditar un periodo mínimo de cotización de 1.080 días en los 12 años anteriores a la baja en la Seguridad Social. Quien suscribe el convenio puede elegir entre varias bases de cotización. La base máxima del grupo de cotización correspondiente a la categoría profesional en la que estuviera dado de alta, siempre que hubiera cotizado por ella al menos 24 meses en los últimos 5 años. La base por la que se hubiera venido cotizando en los últimos doce meses. A la base de cotización se le aplicará un coeficiente del 0,94. La cuota se ingresa dentro del mes natural siguiente al que la misma cuota esté referida, salvo que el último régimen en el que se ha estado dado de alta sea el de autónomos, ingresándose la cuota dentro del mismo mes.

10. ¿Cuál es la base máxima de cotización en el 2017?

3.751,20 euros. Cuando un trabajador gana más de esa cantidad no tiene que cotizar por la cantidad que supere ese salario. Al elevar un 3% esa base en el 2017, lo que el Gobierno hace de forma indirecta es aumentar lo que tienen que cotizar quienes más ganan. Según los números de la Seguridad Social, cada punto que se incrementa la base máxima de cotización supone entre 100 millones y 110 millones más de recaudación. Si la cotización social es la máxima, dará derecho al cobro de la pensión máxima. El cómputo de su cuantía dependerá de un cálculo que tiene en cuenta la edad de jubilación, la base reguladora y el porcentaje de la base reguladora a cobrar.

Principales modalidades de retiro

Jubilación ordinaria. Se produce cuando el trabajador cumple la edad legal de retiro ese año. Con anterioridad al 2013 eran los 65 años, pero desde entonces sube cada año de forma progresiva, este año son los 65 años y 5 meses. El trabajador debe haber cotizado al menos 15 años a la Seguridad Social y dos de estos años deben estar en los diez anteriores a la jubilación.
Jubilación anticipada. Se produce antes de cumplir la edad legal de jubilación. Hay dos tipos: la forzosa –derivada del despido involuntario del empleado–; y la voluntaria, a la que se accede por propia voluntad del trabajador. Para acogerse a la forzosa, el trabajador debe haber cumplido una edad inferior en cuatro años a la edad legal de jubilación en cada momento. Además tiene que estar inscrito como demandante de empleo al menos seis meses antes de la solicitud de jubilación y acreditar al menos 33 años cotizados. En el caso de la voluntaria el trabajador debe tener como mínimo dos años menos que la edad legal de jubilación en cada caso. Tendrá que acreditar un mínimo de 35 años cotizados a la Seguridad Social.
Jubilación parcial. En esta modalidad el trabajador reduce su jornada y empieza a cobrar la parte proporcional de la pensión. La edad de acceso depende de si la empresa contrata a un trabajador que le releve durante la reducción de la jornada o no. Si no hay relevista se exige la edad legal de jubilación. Pero si lo hubiera, actualmente está vigente un aumento progresivo de la edad y los años cotizados exigidos para su acceso. En el 2017 la edad mínima son 61 años y 10 meses con un mínimo de 33 años cotizados. A partir del 2027, la edad mínima serán 63 años o 65 si no se han cotizado más de 33 años. La reducción de la jornada está entre el 25% y el 50%, a no ser que el trabajador relevista tenga un contrato fijo, en ese caso puede reducirse un 75%. A diferencia de la jubilación anticipada, que sí está penalizada con un recorte de la cuantía de la pensión, en la jubilación parcial se cobra el 100% de la pensión cuando uno se jubila del todo.
Jubilación demorada. El trabajador tiene que haber cotizado como mínimo 15 años en el momento de cumplir la edad legal de jubilación en cada momento. Se reconoce al trabajador un incremento de la pensión del 2% por cada año más completo de cotización si se tenían cotizados hasta 25 años; el 2,75% más, si se hubieran cotizado de 26 a 37 años y un 4% adicional, con más de 37 años cotizados.
Jubilación activa. Los trabajadores que acceden a esta jubilación pueden seguir trabajando después de jubilarse y compatibilizar su sueldo con el cobro del 50% de la pensión. Deben haber cumplido la edad legal de jubilación en cada momento y haber cotizado para cobrar el 100% de la pensión.