CSIF exige desarrollar el plan de vacunación para el personal de las administraciones públicas más expuestos al contagio de COVID-19

CSIF pide priorizar, en la Etapa 2, al personal con alto riesgo de exposición.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha pedido por carta a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que desarrolle un plan homogéneo de vacunación en todo el territorio nacional en el que se priorice al personal más expuesto en la segunda etapa. Desde CSIF, consideramos que en esta nueva etapa la vacuna se aplique a trabajadores de las administraciones públicas que tiene un alto riesgo de exposición al contagio por COVID-19, como son el personal docente, personal de Instituciones Penitenciarias, Bomberos, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Local, Protección Civil, Agentes Forestales y Medioambientales, Vigilancia Aduanera y Portuaria, personal de Correos y el resto de personas trabajadoras de servicios esenciales que desarrollan su actividad en entornos cerrados. CSIF recuerda que gran parte de estos profesionales ejercen su trabajo en entornos cerrados en condiciones de proximidad y por lo tanto el riesgo de contagio es más alto que el de la población general. Si bien es cierto que en el plan estratégico del Ministerio de Sanidad se establecen los periodos de tiempo en los que desarrollará cada etapa (la primera etapa de vacunación está prevista que finalice en marzo, la segunda etapa se desarrollará desde marzo a junio y la tercera etapa de junio en adelante), en dicha información no se desarrollan los grupos prioritarios a los que se vacunarán tanto en la etapa segunda como tercera, a excepción de las personas mayores de 80 años que está prevista su vacunación en la etapa segunda. Además, en el citado documento se establece que cada una de las comunidades y ciudades autónomas, en ejercicio de sus competencias en materia de vacunación, serán las responsables de desarrollar cuantas acciones sean necesarias para el desarrollo de la Estrategia en sus respectivos territorios de forma coordinada con el resto de CCAA y el Ministerio de Sanidad.