Marcha histórica en Baleares contra el requisito del catalán en la Sanidad
Este domingo, 18 de febrero, Palma vivirá, muy posiblemente, una de las manifestaciones más multitudinarias de toda su historia. La capital balear acoge desde las once y media de la mañana una marcha bajo el lema «Los idiomas no salvan vidas. Por una sanidad sin fronteras lingüísticas», organizada por la plataforma civil ciudadana Mos Movem (En Marcha). La primera movilización cívica de estas características tuvo lugar en diciembre del pasado año en Menorca.
El objetivo esencial de la citada manifestación es expresar el rechazo al futuro decreto lingüístico autonómico que regulará el conocimiento de catalán que deberán tener los médicos y enfermeros que deseen trabajar en la Comunidad. Cabe recordar que en la presente legislatura gobierna en Baleares la socialista Francina Armengol, gracias al apoyo directo del PSOE y de MÉS por Mallorca, así como al aval parlamentario de Podemos y de MÉS por Menorca.
La protesta de este domingo cuenta con el apoyo de formaciones como el PP, Cs o Actúa Baleares, el Sindicato Médico de Baleares (Simebal) y asociaciones de pacientes como la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER) de Baleares, la Asociación de Diabéticos de las Islas Baleares (ADIBA) o Valores en Baleares.
El mencionado decreto lingüístico fue aprobado inicialmente en la Mesa Sectorial de Sanidad celebrada el pasado 9 de febrero. De los seis sindicatos convocados a esa reunión, cuatro votaron a favor de la futura norma, en concreto el Sindicato de Enfermería (Satse), SAE, UGT y Comisiones Obreras, mientras que Simebal y el CSIF votaron en contra.
Nivel básico del idioma
Según establece el texto aprobado hace diez días, para poder presentarse a oposiciones en la sanidad pública balear finalmente no será necesario tener ninguna titulación específica previa de catalán. Esto supone un cambio significativo con respecto al contenido del primer borrador del decreto y a la postura oficial mantenida en estos últimos meses por el Govern, que consideraba innegociable el requisito del catalán. En el primer borrador del decreto estaba además previsto que los médicos y los enfermeros deberían acreditar un nivel B2 —avanzado— de catalán, pero finalmente será suficiente ahora con tener un nivel B1 —básico— de dicho idioma.
En la nueva y definitiva versión del decreto, la preceptiva titulación lingüística se podrá conseguir en un plazo máximo de dos años a partir del momento en que un profesional haya conseguido una plaza en las oposiciones a las que se haya presentado. Si transcurridos los dos años citados ese nuevo funcionario sanitario no pudiera acreditar el nivel B1, no podrá participar entonces en procesos de movilidad ni acceder al complemento de carrera profesional. Esta penalización no afectará al personal eventual ni tampoco al que hubiera conseguido una plaza en oposiciones anteriores.
El primer borrador del decreto había generado, como se ha señalado ya, mucha controversia. Por un lado, había sido rechazado no sólo por los médicos del Archipiélago a través de Simebal, sino también por Satse, que es el principal sindicato de enfermería de Baleares. Por otro lado, ese primer borrador había provocado también enfrentamientos entre el PSOE y MÉS. Los socialistas siempre habían sido partidarios de flexibilizar o de incluso eliminar puntualmente el requisito del catalán, algo a lo que se oponían los ecosoberanistas.
Resolución inicial
En ese contexto, en agosto del pasado año el Servicio de Salud —en manos del PSOE— había dictado una resolución inicial en la que dispensaba del conocimiento del catalán a médicos y enfermeros. La presión de MÉS obligó al PSOE a retirar dicha resolución y a aceptar la redacción de un decreto lingüístico. Tras varios meses de desencuentros por el contenido del primer borrador y después de que Armengol hubiera amagado con no aprobar ningún decreto, ambas formaciones pactaron hace dos semanas un texto de consenso, que es el que fue aprobado inicialmente hace diez días en la Mesa Sectorial de Sanidad. Para la entrada en vigor del decreto ya sólo hace falta el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo —no vinculante— y su aprobación por parte del Govern.
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