Quien hoy se retire de la vida laboral perderá una media de 350 euros mensuales de poder adquisitivo a lo largo de su vida como jubilado tras las últimas reformas llevadas a cabo en España.
Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa, flanqueada por Iratxe Galdeano y José Antonio Herce, codirectores del estudio publicado este jueves en Madrid.
Los pensionistas que se jubilen hoy perderán una media de 350 euros mensuales de poder adquisitivo a lo largo de su retiro como consecuencia de las reformas de pensiones de 2011 y 2013, con las que se retrasó la edad de jubilación a los 67 años, se cambió la forma de revalorización de las pensiones y se introdujo el llamado factor de sostenibilidad en vez de la actualización de las nóminas sujeta a la evolución del IPC internual, entre otras medidas.
El Círculo de Empresarios propone seguir subiendo la edad de jubilación
Así se desprende del estudio de Analistas Financieros Internacionales (Afi) Soluciones para la jubilación. Naturaleza, ventajas, defensa y fomento de las rentas vitalicias en España presentado en la sede de la patronal del seguro, Unespa, que concluye que las rentas vitalicias son la mejor manera de que los jubilados eleven sus ingresos sin renunciar al ahorro.
Como solución al problema de sostenibilidad del actual sistema de pensiones, tanto AFI como Unespa abogan por la contratación de un seguro que garantice una renta vitalicia al ser el "instrumento idóneo para complementar la pensión pública de jubilación".
Además, permitirían "aliviar las presiones que existen sobre el sistema público de pensiones y contribuyen a su sostenibilidad", destacaron durante una rueda de prensa.
El análisis advierte de que la reducción de las pensiones públicas de los jubilados, en caso de no compensarse con ahorro privado, implicaría un efecto negativo en el conjunto de la economía para el año 2035 de 46.000 millones de euros en términos de valor añadido bruto y un recorte del empleo de 754.700 puestos de trabajo. Ello equivaldría a que la actividad económica se vería mermada en un 3% del PIB en 2035 y un descenso del empleo del 3,7% para dicho ejercicio.
Impacto económico de las pensiones
En el conjunto del periodo 2017-2035, Afi cifra el impacto anual de la reducción de las pensiones públicas en 20.100 millones de euros en términos de valor añadido bruto, el equivalente a un 1,5% del PIB en media cada año. El descenso del empleo sería similar (unos 330.000 empleos equivalentes a tiempo completo).
En el estudio se afirma que las rentas vitalicias podrían contrarrestar estos efectos negativos al generar una demanda interna que proteja el empleo y el crecimiento económico.
"Las rentas vitalicias son un instrumento idóneo para complementar la pensión pública de jubilación, alivian las presiones que existen sobre el sistema público y contribuyen a su sostenibilidad", subraya Afi en el estudio.
En total, calcula que a un jubilado de 67 años le bastarían unos 63.400 euros para adquirir una renta vitalicia mensual cercana a los 380 euros, lo que compensaría "plenamente" la pérdida media de poder adquisitivo derivada de las últimas reformas de pensiones (unos 350 euros mensuales).
Un jubilado de 77 años necesitaría unos 21.000 euros para adquirir una renta vitalicia mensual de 246 euros.
Ventajas de las rentas vitalicias
Las rentas vitalicias se constituyen a partir del ahorro realizado gradualmente durante la vida laboral o a partir de un patrimonio acumulado también previamente.
Para AFI y Unespa, una de las singularidades de este producto es que evitan que una persona sobreviva a sus ahorros o que haya un exceso de estos acumulado cuando fallece, lo que "implicaría que ha tenido una calidad de vida inferior de la que se podría haber permitido", señaló la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos.
Son productos, explican, que aseguran las rentas desde el momento de la jubilación hasta el fallecimiento. Afi destaca que desde el mismo momento en que se contratan, éstas son conocidas, ciertas y están aseguradas y permiten ajustar el consumo de los jubilados durante toda su vida a la cantidad de ahorro disponible, sin impedir que los titulares puedan hacer legados a sus herederos.
"Las rentas vitalicias son la solución asegurada para evitar que una persona sobreviva a sus ahorros. Son rentas para toda la vida, constituidas a partir del ahorro previsional realizado gradualmente durante la vida laboral o a partir de un patrimonio también acumulado previamente", subraya el informe.
De Frutos subrayó que las rentas vitalicias son, además, una solución "flexible" y permiten "instrumentalizar la mutualización del riesgo de longevidad", algo "muy caro" y muy "difícil" de cubrir por las compañías aseguradoras.
Son, además, eficientes, porque permiten ajustar el consumo de los jubilados durante toda su vida a la cantidad de ahorro disponible, sin dejar de atender el deseo de los titulares de hacer legado a sus herederos.
Más ventajosas que las rentas financieras
Se afirma además en el estudio que las rentas vitalicias son "claramente más ventajosas" que las rentas financieras.
Así, para percibir una renta vitalicia mensual de 600 euros a partir de los 65 años se necesitaría un ahorro acumulado de 122.000 euros, pero para obtener esos mismos 600 euros mensuales en una inversión estrictamente financiera, se precisaría ahorrar casi el doble, 242.000 euros.
Afi resalta además la flexibilidad que presentan las rentas vitalicias para satisfacer las necesidades de sus titulares y sus ventajas fiscales, y recuerda que los recursos que se pueden destinar a constituir una renta vitalicia son variados (depósitos, fondos, acciones, viviendas -ya sea habitual o no-, traspasos de negocios y licencias, entre otros).
Así, en el estudio se asegura que no es necesario ahorrar más para complementar la pensión, sino en ahorrar "mejor". "Las rentas vitalicias permiten convertir el patrimonio en una renta que complemente mes a mes la pensión pública", concluye.
Marcha histórica en Baleares contra el requisito del catalán en la Sanidad
Este domingo, 18 de febrero, Palma vivirá, muy posiblemente, una de las manifestaciones más multitudinarias de toda su historia. La capital balear acoge desde las once y media de la mañana una marcha bajo el lema «Los idiomas no salvan vidas. Por una sanidad sin fronteras lingüísticas», organizada por la plataforma civil ciudadana Mos Movem (En Marcha). La primera movilización cívica de estas características tuvo lugar en diciembre del pasado año en Menorca.
El objetivo esencial de la citada manifestación es expresar el rechazo al futuro decreto lingüístico autonómico que regulará el conocimiento de catalán que deberán tener los médicos y enfermeros que deseen trabajar en la Comunidad. Cabe recordar que en la presente legislatura gobierna en Baleares la socialista Francina Armengol, gracias al apoyo directo del PSOE y de MÉS por Mallorca, así como al aval parlamentario de Podemos y de MÉS por Menorca.
La protesta de este domingo cuenta con el apoyo de formaciones como el PP, Cs o Actúa Baleares, el Sindicato Médico de Baleares (Simebal) y asociaciones de pacientes como la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER) de Baleares, la Asociación de Diabéticos de las Islas Baleares (ADIBA) o Valores en Baleares.
El mencionado decreto lingüístico fue aprobado inicialmente en la Mesa Sectorial de Sanidad celebrada el pasado 9 de febrero. De los seis sindicatos convocados a esa reunión, cuatro votaron a favor de la futura norma, en concreto el Sindicato de Enfermería (Satse), SAE, UGT y Comisiones Obreras, mientras que Simebal y el CSIF votaron en contra.
Nivel básico del idioma
Según establece el texto aprobado hace diez días, para poder presentarse a oposiciones en la sanidad pública balear finalmente no será necesario tener ninguna titulación específica previa de catalán. Esto supone un cambio significativo con respecto al contenido del primer borrador del decreto y a la postura oficial mantenida en estos últimos meses por el Govern, que consideraba innegociable el requisito del catalán. En el primer borrador del decreto estaba además previsto que los médicos y los enfermeros deberían acreditar un nivel B2 —avanzado— de catalán, pero finalmente será suficiente ahora con tener un nivel B1 —básico— de dicho idioma.
En la nueva y definitiva versión del decreto, la preceptiva titulación lingüística se podrá conseguir en un plazo máximo de dos años a partir del momento en que un profesional haya conseguido una plaza en las oposiciones a las que se haya presentado. Si transcurridos los dos años citados ese nuevo funcionario sanitario no pudiera acreditar el nivel B1, no podrá participar entonces en procesos de movilidad ni acceder al complemento de carrera profesional. Esta penalización no afectará al personal eventual ni tampoco al que hubiera conseguido una plaza en oposiciones anteriores.
El primer borrador del decreto había generado, como se ha señalado ya, mucha controversia. Por un lado, había sido rechazado no sólo por los médicos del Archipiélago a través de Simebal, sino también por Satse, que es el principal sindicato de enfermería de Baleares. Por otro lado, ese primer borrador había provocado también enfrentamientos entre el PSOE y MÉS. Los socialistas siempre habían sido partidarios de flexibilizar o de incluso eliminar puntualmente el requisito del catalán, algo a lo que se oponían los ecosoberanistas.
Resolución inicial
En ese contexto, en agosto del pasado año el Servicio de Salud —en manos del PSOE— había dictado una resolución inicial en la que dispensaba del conocimiento del catalán a médicos y enfermeros. La presión de MÉS obligó al PSOE a retirar dicha resolución y a aceptar la redacción de un decreto lingüístico. Tras varios meses de desencuentros por el contenido del primer borrador y después de que Armengol hubiera amagado con no aprobar ningún decreto, ambas formaciones pactaron hace dos semanas un texto de consenso, que es el que fue aprobado inicialmente hace diez días en la Mesa Sectorial de Sanidad. Para la entrada en vigor del decreto ya sólo hace falta el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo —no vinculante— y su aprobación por parte del Govern.
Las mujeres destinan 26,5 horas a la semana a cuidar a hijos o familiares, tareas domésticas y colaboraciones sin sueldo en ONG, frente a las 14 horas de ellos.
El tiempo que las mujeres dedican a trabajos sin remuneración casi duplica al de los hombres: ellas destinan 26,5 horas a la semana, frente a las 14 horas de ellos. Ese tiempo es el que se emplea en cuidar a hijos o familiares, tareas domésticas, cursos y colaboraciones sin sueldo en ONG, por ejemplo, según el INE. Tengan hijos o no y al margen de si en casa trabajan ambos, las mujeres casi duplican a los hombres en el tiempo que dedican a este tipo de labores. La única situación en la que los hombres dedican un tiempo parecido a estas tareas (11 horas, frente 13,3 horas de ellas) es cuando no tienen pareja.
La desigualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral se puede medir de varias formas. Una es la brecha salarial, que concluye que las mujeres ganan de media un 23% menos. Fuera, en los trabajos no remunerados, una vara de medir puede ser el tiempo dedicado a tareas por las que no se cobra: cuidar a hijos o familiares dependientes, cocinar, limpiar la casa, cursos de formación... También en este caso, las mujeres salen peor paradas: el resultado agregado dice que ellas dedicaron 26,5 horas a la semana en 2015 sin remuneración, casi el doble que los hombres, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, recogida en un documento de este organismo que ha divulgado recientemente.
El análisis detenido de estos datos muestra que esta situación no está especialmente relacionada con la condición laboral, ni con el hecho de que son las mujeres las que más trabajan a tiempo parcial. También ellas duplican el tiempo de trabajo no remunerado cuando tienen empleo de media jornada (29,6 horas por 13,9). E incluso cuando están a jornada completa (25,2 horas frente a 13,9).
En la misma línea está el hecho de que son las mujeres las que trabajan más horas en tareas no remuneradas en todas las situaciones personales, familiares y laborales. Solo hay cierta proximidad cuando ambos géneros no tienen pareja ni hijos (11 horas por 13). A partir de ahí, con hijos o pareja, son ellas las que asumen la mayor parte del trabajo. Por ejemplo, las horas que un hombre cuya pareja no trabaja destina a estas tareas bajan a seis a la semana. Las de una mujer con una pareja sin empleo son 17,2, un 186,7% más.
Pero no es en estas circunstancias personales cuando el tiempo destinado a trabajo no pagado es mayor. La diferencia entre ambos sexos crece cuando llegan los hijos. Y lo hace especialmente cuando hombre y mujer no tienen pareja, pero sí descendencia, es decir, entre personas divorciadas o cabezas de familia monoparentales. En este caso, las mujeres dedican a la semana 31,9 horas al trabajo no remunerado. Los hombres, 13,5 horas. Es decir, ellas dedican 18,4 horas más. Se reduce algo la diferencia cuando ambos tienen pareja, trabajo e hijos. En estas circunstancias, ellos trabajan sin remuneración 20,8 horas. Ellas lo hacen 37,5.
Toda esta situación se invierte, aunque la brecha en horas sea mucho menor, cuando se habla de empleo a cambio del que sí se recibe un salario. Entonces son los hombres los que trabajan más horas tanto a tiempo completo (42,4 horas a la semana frente a 39,3) como a jornada parcial (22,7 horas por 21,6). Detrás de estos números, y del mayor número de mujeres que trabajan a media jornada (el 74% de 2,8 millones de empleos) hay una parte importante de la explicación de la brecha salarial.
LA IGUALDAD LLEGA CON LOS NIETOS
Las mujeres dedican, de media, más tiempo al trabajo no remunerado que los hombres en todas las circuntancias vitales que recoge el INE en la encuesta de condiciones vida: con pareja o sin ella, con hijos o sin ellos, con empleo pagado o sin él. También ellas superan a ellos si se analiza a qué dedican ese tiempo en las tareas del hogar (cuidado y educación de los hijos, cocinar o limpiar la casa y cuidar a familiares). La situación solo se iguala cuando llegan los nietos. En ese momento, abuelos y abuelas dedican el mismo tiempo a los hijos de sus hijos: 16 horas a la semana.
Las dudas jurídicas sobre cómo calificar el despido de un trabajador cuando no hay una causa aparente parece que se han despejado gracias a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña, dictada a finales del pasado mes de diciembre, que señala que, en estos casos, debe considerarse como improcedente y no nulo, como se había dictado en primera instancia, en el juzgado de lo social 3 de Barcelona en aplicación del Código Civil y de la Organización Internacional del Trabajo .
Se trata de una aclaración importante, ya que, dependiendo de la calificación, el procedimiento es distinto. En este sentido, si la salida no voluntaria de un trabajador es considerada nula por un juez, no hay derecho alguno a indemnización y el empleado debe ser readmitido con el abono de los correspondientes salarios de tramitación, mientras que si es un despido improcedente sí cabe una indemnización.
Vidal Galindo, counsel del departamento de laboral de Hogan Lovells, señala que el tribunal catalán "clarifica de forma concreta una cuestión que se ha venido discutiendo últimamente, que es si un despido sin causa debe ser declarado nulo o improcedente". En este sentido, apunta que "el despido nulo por fraude de ley ha desaparecido de nuestro ordenamiento jurídico y un despido sin causa es un despido improcedente y no nulo".
En este caso, el empleado fue despedido por "una bajada continuada de su rendimiento en el desempeño de su trabajo, así como incumplimiento reiterado en las instrucciones y procedimientos rutinarios de su puesto de trabajo", como recoge la carta de despido que fue entregada por sus superiores. Sin embargo, el trabajador no se mostró de acuerdo con esta afirmación, impugnó la decisión y solicitó la nulidad del despido.
El TSJ de Cataluña señaló, no obstante, que, según la literalidad del escrito, es cuestionable la ausencia de concreción del mismo, independientemente de si la causa resulta suficiente para declarar la procedencia del despido.
España toma la delantera y extiende la protección a víctimas de acoso, ablación, mutilación y trata. El Poder Judicial arenga a todos los juzgados a reformular el concepto de violencia de género y aplicarlo ya en sus resoluciones y medidas adoptadas.
España, que posee una de las legislaciones más avanzadas en protección de las víctimas de violencia de género de España desde 2004, tambiénse pone en cabeza en la aplicación del llamado Convenio de Estambul, que, aunque se presentó en 2011 en la ciudad turca, fue ratificado en nuestro país en el año 2014 y toda la Unión Europea, en conjunto, en mayo de 2017. Dicho Convenio pide a los países un recuento paralelo al balance oficial de víctimas de violencia de género como tal y es el de víctimas femeninas asesinadas por hombres por el mero hecho de serlo. Esto supone una estadística muy amplia: desde la mujer que sufre una mutilación genital, a la prostituta cuyo cliente asesina.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es una de las primeras instituciones que se ponen en marcha para aplicar cuanto antes este mandato, que además suscribieron absolutamente todos los partidos políticos en el Pacto de Estado contra la Violencia Machista, aprobado en las Cortes españolas. Así, y según detalló ayer la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, en los próximos meses el organismo publicará el primer balance oficial de víctimas, el referido al año 2016, que contenga las dos contabilidades: la de mujeres asesinadas por sus parejas y los homicidios de mujeres fuera del ámbito de la pareja, a manos de hombres desconocidos o con quienes no mantenían un vínculo sentimental.
La nueva estadística, aprobada ayer por el Grupo de expertos del Observatorio presidido por Carmona, y que la semana próxima ratificará la Comisión Permanente del CGPJ, suscita numerosas dudas. Sobre todo, por la dificultad de discernir entre un caso y otro. En todos los casos relatados a continuación, la consideración como víctima de violencia de género implica un cambio trascendental en la protección, con órdenes de alejamiento includios, para todas las víctimas y también una modificación en las indemnizaciones que recibirán sus descendientes directos.
¿Qué delitos recoge el Convenio de Estambul? Concretamente, delitos contra la integridad moral, física o sexual de las mujeres por serlo, acoso psicológico y sexual, acoso laboral, víctimas de matrimonios forzados, de mutilación genital femenina, ablación, violaciones, agresiones, abusos y todos los delitos de índole sexual y trata con fines de explotación. Todos ellos deben considerarse a partir de ahora violencia de género a todos los efectos, incluyendo el estadístico. Por este motivo, los Juzgados serán los primeros que remitan al Poder Judicial mensualmente información disgregada por género de todas las denuncias interpuestas que se tramiten, así como el nuevo recuento de sentencias y pronunciamientos condenatorios que emitan por delito comentidso por hombres sobre mujeres aunque no tengan una relación de preja y en los que exista un componente de «desprecio de género», calificó ayer Carmona.
¿Qué se pretende al reformular el concepto de violencia de género? En la aplicación del Convenio de Estambul, en la que España se muestra aventajada, se pretende arrojar luz sobre la prevalencia actual de tipos de violencia, delitos, amenazas, vejaciones, ex plotación y prostitución forzada. Dicen los expertos consultados por este periódico que algunos países, tales como Bélgica, ni siquiera publican datos que aludan a la violencia de género en su consideración más limitada, por lo que no se pueden ni extraer comparaciones respecto al resto del continente. Otros países adolecen, incluso, de una cobertura de protección para las víctimas, como es el caso de Rusia.
¿Tendría esa consideración una víctima de un atraco o un forcejeo gratuito? No. La también vocal del Poder Judicial admitió que los cambios planteados por el Convenio de Estambul y que obliga a cumplir el Pacto de Estado, van a originar confusión y un cierto caos a la hora de valorar cada caso. Carmona sí despejó la duda de que todo homicidio involuntario, como un accidente de tráfico o un tiroteo indiscriminado, y todo acto de violencia callejera, no serán considerados violencia de género.
¿Y si dos hombres apalean hasta la muerte a una indigente?Una mujer indigente asesinada por hombres tampoco entrará en el balance, «a menos que se demostrase una posición de dominación e imposición machista del asesino sobre la mujer en razón a su sexo», lo que provocará numerosas dudas a los magistrados, reconocieron fuentes del Poder Judicial consultadas por ABC. Si en la valoración judicial del caso se demuestra tal imposición, por ejemplo, aprovechándose de la vulnerabilidad que tenía la mujer sin hogar, entonces sí podría entrar su consideración como violencia de género. Estos casos en duda pueden convertirse en un galimatías jurídico sin definir.
¿Y una prostituta asesinada por un cliente es o no víctima? Sí, siempre que se demuestre que el cliente lo hizo imponiendo su superioridad física o moral sobre la mujer. En caso de que la prostituta ejerza de manera voluntaria y no sea forzada o explotada por redes de trata, también sería una víctima de violencia de género, resolvió la vocal del Poder Judicial, un caso que en principio no estaría contemplado siquiera en los supuestos del Convenio de Estambul, reconoció Carmona.
¿Qué pasos se darán para dar visibilidad a las «nuevas» víctimas? La Comisión Nacional de Estadística Judicial, compuesta por el CGPJ y el Ministerio de Justicia, aceptará la propuesta de recopilar los datos de los delitos cometidos por hombres sobre mujeres. Se conocerá a continuación la magnitud del problema en toda su extensión en España: por ejemplo, las 140.000 denuncias por violencia de género se podrían multiplicar. En cuanto a los delitos sexuales, las fuerzas policiales solo contabilizan las 8.200 agresiones sexuales con penetración, tres al día, que se registran en el país, sin desglosar otras agresiones. «Se trata de hacer un seguimiento a las resoluciones judiciales que se adoptan sobre estos delitos, porque en este momento no tenemos datos estadísticos y es importante visibilizarlo», dijo Carmona.
A partir del próximo año nadie se podrá jubilar con las condiciones previas a 2011
El ‘efecto pánico’ podría adelantar algunos retiros a 2018
Todos los trabajadores que se jubilen a partir del 1 de enero de 2019 tendrán una pensión un poco más baja de la que le correspondería según lo cotizado. Este pequeño recorte de las futuras pensiones que lleguen al sistema a partir del próximo año se producirá por el efecto del denominado factor de sostenibilidad. Se trata de un elemento corrector que el Gobierno introdujo en su reforma de pensiones del año 2013. Si bien entonces decidió que no se aplicaría hasta enero de 2019.
Este factor tiene como objeto recortar las futuras pensiones para adecuarlas a la mayor esperanza de vida:dado que los jubilados cada vez viven (y cobran pensión) durante más tiempo, hay que repartir el mismo dinero en más años, por lo que cada año se llevan un poquito menos.
Pero ¿cuánto dinero menos supondrá este factor de sostenibilidad? El Gobierno aún está diseñando la fórmula definitiva de este elemento corrector, pero los actuarios han hecho sus cálculos y, varios consultados por este periódico, coinciden en que el recorte que se aplicará a las pensiones que se den de alta en 2019 será de alrededor del 0,5%, respecto a lo que le habría correspondido a cada pensionista en función de sus cotizaciones según la ley actual. Así, por ejemplo, en una pensión media de jubilación que a finales de 2017 asecendía a una media de 1.074 euros al mes en 14 pagas (15.036 euros al año), la aplicación de este factor supondría que cobraría unos 75 euros menos al año.
Gregorio Gil de Rozas, responsable de Pensiones de Willis Towers Watson en España afina hasta un recorte estimado del 0,47% de las nuevas prestaciones de jubilación del próximo año. Mientras que el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, baraja una horquilla de entre el 0,5% y el 0,7%, aunque más cercana al medio punto, debido a que la ampliación de la esperanza de vida se está ralentizando ligeramente.
Si bien, este será el recorte solo en 2019, porque este factor es acumulativo. A los cinco años de vigencia de este factor, se revisará y se verá qué recorte se sigue aplicando, también de forma acumulativa, para los cinco años siguientes.
El sindicato reclama la equiparación salarial entre trabajadores del Estado y los autonómicos con el lema “igual trabajo, igual salario”
CSIF se ha concentrado hoy ante la sede de Delegación del Gobierno en Valencia para exigir el fin de los recortes, la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos y la equiparación salarial entre trabajadores del Estado y trasferidos. Bajo el lema: “Igual trabajo, igual salario”, la central sindical ha llevado a cabo la protesta entre las 11 y las 11,30 horas en la céntrica calle Colón.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también ha entregado un escrito en Delegación del Gobierno exponiendo las reivindicaciones y reclamando que los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE) perciban el mismo salario que los del Consell si pertenecen al mismo grupo y llevan a cabo funciones similares, ya que en la actualidad los sueldos de AGE se sitúan por debajo.
CSIF también reivindica la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos, que con los sucesivos recortes desde 2010 y la congelación en subidas por IPC ha descendido más de un 20%. El sindicato considera del todo insuficiente la propuesta del Ministerio de Hacienda de una subida fija del 5,25% en tres años, que podría elevar hasta el 8% en caso de cumplirse objetivos de crecimiento y de reducción del déficit.
La central sindical reivindica igualmente recuperar la negociación en cada ámbito para el establecimiento de la jornada laboral de 35 horas semanales. Las protestas se han llevado a cabo a la misma hora en las capitales de provincia de toda España convocadas por el sindicato CSIF.
La protesta de este domingo cuenta con el apoyo de formaciones como el PP, Cs o Actúa Baleares, el Sindicato Médico de Baleares (Simebal) y asociaciones de pacientes como la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER) de Baleares, la Asociación de Diabéticos de las Islas Baleares (ADIBA) o Valores en Baleares.
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Las dudas jurídicas sobre cómo calificar el despido de un trabajador cuando no hay una causa aparente parece que se han despejado gracias a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña, dictada a finales del pasado mes de diciembre, que señala que, en estos casos, debe considerarse como improcedente y no nulo, como se había dictado en primera instancia, en el juzgado de lo social 3 de Barcelona en aplicación del Código Civil y de la Organización Internacional del Trabajo .
Las dudas jurídicas sobre cómo calificar el despido de un trabajador cuando no hay una causa aparente parece que se han despejado gracias a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña, dictada a finales del pasado mes de diciembre, que señala que, en estos casos, debe considerarse como improcedente y no nulo, como se había dictado en primera instancia, en el juzgado de lo social 3 de Barcelona en aplicación del Código Civil y de la Organización Internacional del Trabajo .
