La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Granada, en poder de EL MUNDO, da la razón a la médico denunciante, que ha sido asesorada por el gabinete jurídico del sindicato CSIF en Andalucía. El fallo, que firma la juez Estrella Cañavate Guerra, cita directivas de la
Unión Europea y numerosa jurisprudencia que consagran el principio de "igualdad de trato entre hombres y mujeres" en el acceso al empleo, la formación y promoción profesionales, algo que ha incumplido el Gobierno andaluz.
Los hechos ocurrieron a partir del 5 de abril de 2017, cuando la dirección gerencia del
Hospital Reina Sofía de Córdoba convoca un proceso selectivo para la cobertura de un puesto de facultativo especialista en Radiofarmacia. La médico embarazada concurre y logra el 'número 1', según consta en la resolución fechada el 23 de mayo de 2017. Posteriormente, el 30 de mayo, el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales del hospital le indica que "no es apta" para trabajar en la Unidad de Radiofarmacia por su estado de gestación.
La juez recuerda en su sentencia que la Administración andaluza debía haberle ofrecido a la médico embarazada que realizara otras tareas propias de su categoría profesional en un "lugar protegido para su estado de gestación", tal y como marca la ley. En vez de hacerlo así y "reubicar a la trabajadora embarazada", el SAS no la contrató.
La consejera de Salud
Lo llamativo es que cuando la médico embarazada fue "discriminada" por el Hospital Reina Sofía la máxima responsable de este centro era
Marina Álvarez Benito, la actual consejera andaluza de Salud. Álvarez fue directora gerente de este hospital desde 2014 a junio de 2017 y consejera a partir del pasado 9 de junio de 2017.
Fuentes oficiales de la Consejería de Salud indicaron a este diario que la dirección del Hospital Reina Sofía no ha recibido todavía la sentencia que da la razón a la médico embarazada, fechada el 17 de abril. "Cuando la reciba, la analizará con detalle para poder actuar como corresponda", añadieron las fuentes.
"Tanto el Hospital Reina Sofía, como el SAS y la Consejería de Salud defienden y velan por la igualdad de las mujeres y el respeto a sus derechos y es en esa línea en la que procederemos, como no puede ser de otra manera", indicaron.
Inconstitucional
La sentencia cita jurisprudencia en la que se subraya que los "tratos desfavorables en el trabajo basados en el embarazo o en la maternidad, al afectar exclusivamente a la mujer, constituyen una discriminación por razón de sexo, proscrita en la Constitución española".
"La negativa a contratar a una mujer embarazada constituye una discriminación directa basada en el sexo, incluso también cuando el estado de gestación impida ocupar desde el primer momento el puesto de trabajo", remarca el fallo del juzgado de Granada.
La juez estima el recurso interpuesto por la médico, declara su derecho a que se le formalice el contrato de
especialista en Radiofarmacia e impone las costas a la Junta. La sentencia no es firme, ya que es recurrible en apelación.
Denuncias internas
El sindicato CSIF denunció internamente desde el 'minuto uno' la discriminación que estaba sufriendo la médico embarazada, al no ser contratada por el Hospital Reina Sofía de Córdoba. El delegado de prevención de CSIF, Ángel Fernández Herrera, remitió un escrito a la dirección gerencia del hospital el 1 de junio de 2017 [en esa fecha la gerente era la actual consejera] en el que alerta del "atropello" y
la situación de "indefensión" en la que se encuentra la médico embarazada. "Es inadmisible considerar que la situación de embarazo suponga una pérdida de capacidad funcional", remarca el escrito al que tuvo acceso este diario.
Fernández Herrera indica a la directora gerente que, si la médico no puede incorporarse a su puesto en Radiofarmacia, debe hacerse una adaptación del puesto de trabajo "compatible con su estado de gestación actual", para que pueda compatibilizar la "vida familiar y laboral y el embarazo no le suponga una discriminación negativa", como finalmente ha terminado reconociendo la Justicia.
Igualmente, el sector de Sanidad de CSIF Andalucía ha llevado este asunto a las reuniones del comité de seguridad y salud del Hospital Reina Sofía, donde le indicaron, según el sindicato, que
no pensaban formalizar el contrato de la médico embarazada y tampoco iban a responder a los escritos presentados por esta central sobre este asunto.
El Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) dictaminará si es posible hacer fijo con plaza al personal temporal sanitario si este se encuentra encadenando contratos temporales y determinaría si la administración ha estado incurriendo en un abuso de temporalidad. La demanda comenzó por el caso de un informático del Sermas que se encuentra en situación de estatutario interino desde hace más de 17 años.
