EFEEXPANSIÓN
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y las áreas de empleo público de los sindicatos presentes en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas firmaron ayer el acuerdo para la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2017, el primer acuerdo desde 2009 que puede consolidar en tres años un total de 250.000 plazas, la gran mayoría en el sector sanitario, que concentra el porcentaje más alto de
interinidad en las administraciones públicas.
El acuerdo para la estabilización del empleo público supondrá la consolidación durante tres años -2017, 2018 y 2109- de 250.000 plazas ocupadas por interinos. En detalle, el plan estabilizará a personal temporal: interinos, eventuales, estatutarios y personal del sector público empresarial, entre ellos 130.000 trabajadores de la sanidad pública; 10.000 empleados de justicia y más de 100.000 docentes, lo que supone reducir en tres años la tasa de temporalidad del 25% al 8% del total de trabajadores públicos.
Esto supondrá, según los cálculos de Hacienda y sindicatos, reducir la
temporalidad en la administración en un 90%, con lo que
nueve de cada diez interinos podrán pasar a ser fijos. La
mayoría de esas plazas (237.070) corresponden a la sanidad (129.700), la docencia (98.807) y la administración de justicia (8.564).
El Ministerio de Hacienda y Función Pública no ha concretado cuántas de estas 250.000 plazas se convocarán este año, puesto que todavía hay que pactarlo con las comunidades autónomas y la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que representa en la mesa de negociación a ayuntamiento y entidades locales.
En la reunión con los sindicatos del sector público CSIF, el Área Pública de CCOO y la Federación de Servicios Públicos de UGT, además de comunidades autónomas y la FEMP, se abordó el número total de plazas ofertadas en oposiciones públicas.
Por la tarde, Montoro se volvió a reunir con los sindicatos (a los que se han sumado ELA y CIG), las comunidades autónomas y los municipios en la mesa general de negociación de las Administraciones Públicas para avanzar las líneas principales de los presupuestos generales del Estado de 2017 que se aprobarán este viernes.
Desde Hacienda han concretado que, teniendo en cuenta la oferta aprobada en 2016, la oferta de empleo público para este año será de alrededor de
67.000 plazas: 19.000 en la Administración General del Estado; 28.144, en las comunidades autónomas y unas 20.000 plazas en las entidades localesm, que se sumarán a las 250.000 repartidas en tres años.
Se cubrirá el 100% de las jubilaciones en áreas prioritarias
Con el acuerdo, cerca del 90% del trabajo temporal irá transformándose en fijo y la OEP cubrirá el 100% de las bajas en varios colectivos. La restricción de reponer sólo el 50% se mantendrá en sectores considerados como no prioritarios.
El proyecto de ley de los PGE habilitará las convocatorias de empleo público, salvo las destinadas a la educación no universitaria, dependiente de las comunidades autónomas, aunque el Gobierno también aprobará el viernes un Real Decreto-ley para que las autonomías puedan convocar ya una oferta específica que permita contar con ese personal para el inicio del próximo curso escolar.
Durante la negociación entre sindicatos y Hacienda se incluyeron los servicios de atención directa al público como sectores prioritarios: tramitación del DNI, Servicios Públicos de Empleo (SPEE, antiguo INEM), Dirección General de Tráfico, Fogasa y Seguridad Social, además de la prestación directa del servicio de transporte público y seguridad y emergencias.
Se suman a los que ya tenían establecida una reposición del 100% como Educación, Sanidad, Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, Lucha contra el fraude, Gestión de recursos públicos, Justicia y Prevención y extinción de incendios.
No habrá más subidas de sueldo hasta 2018
Asimismo, el Gobierno cerró ayer la subida salarial de los funcionarios y empleados públicos cuya cuantía dineraria recogen los PGE de 2017 que aprobará mañana el Consejo de Ministros.
La subida salarial para este año será del 1%, igual a la de 2016, porcentaje con el que se ya especulaba y que el martes anticipó también la
Mesa del Senado al acordar, a instancias de lo que decida Hacienda, un aumento del 1% en las retribuciones de senadores y personal que presta servicio en la Cámara Alta.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se comprometió a subir el salario de los funcionarios por encima de este porcentaje ya en los Presupuestos de 2018.
Los sindicatos han expresado su disconformidad con la subida anunciada por el Gobierno porque las comunidades autónomas ya tenían provisionada la partida, por lo que la revisión salarial se hará efectiva una vez se aprueben los presupuestos y de forma retroactiva.
En la última reunión celebrada el pasado miércoles en el marco de la Mesa General, CCOO y UGT señalaron que la negociación estaba "encallada" en materia salarial, ya que los sindicatos consideran que el aumento de la retribución de los empleados públicos debería ser, como mínimo, superior al IPC de 2017, que el Ejecutivo prevé que se sitúe en el 1,2%.
Por su parte, CSIF rechazó la subida para este año y denunció que, a falta de celebrarse la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, se haya establecido el incremento salarial sin "margen de negociación", informa Europa Press. Borra pide que se recupere la pérdida de poder adquisitivo registrada desde la reducción del 5% de 2010.
UGT yo CC.OO, por su parte, consideran que el aumento de la retribución de los empleados públicos debería ser, como mínimo, superior al IPC de 2017, que el Ejecutivo prevé que se sitúe en el 1,2%.
El PSOE ha valorado positivamente el acuerdo sobre la oferta de empleo público aunque ha lamentado que no satisfaga las "necesidades reales" de las Administraciones Públicas y los funcionarios.
La responsable de Política Autonómica y Administración Pública de la Comisión Gestora socialista, María Jesús Serrano, ha calificado en un comunicado de "insuficientes" las medidas de empleo público, informa Europa Press. "Con una tasa de reposición del 100% en algunos servicios sólo se repondrán las bajas que se produzcan, pero no se recuperarán los 300.000 empleos públicos perdidos con los recortes del Gobierno del Partido Popular", ha argumentado.
También ha censurado la subida salarial del 1% para empleados públicos cuando el IPC previsto es del 1,2%. "Seguirán sufriendo la pérdida de su poder adquisitivo", ha defendido Serrano, quien ha reclamado al Ejecutivo que "no se ponga medallas" por un acuerdo "de mínimos".
