Esta es una de las principales conclusiones del Plan Estratégico de Recursos Humanos de la Generalitat que la consellera ha presentado este viernes al Consell, en primer lugar, y a continuación a las organizaciones sindicales representadas en la Mesa General de Negociación del personal funcionario, estatutario y laboral de la Generalitat.
La elaboración del plan estratégico fue encargada por el Consell a la consellera Bravo en el Seminario de Gobierno Invierno 2016, celebrado el pasado mes de enero en Morella, con el objeto de dotar a todas las consellerias del personal formado necesario para su actividad.
Para cumplir esa encomienda, la consellera constituyó un grupo de trabajo en la Dirección General de Función Pública, que ha sido la responsable de la elaboración del plan, que se se circunscribe al sector de la Administración General y sobre cuya gestión es competente la Dirección General de Función Pública.
A partir de un diagnóstico previo, el documento analiza cuáles son las actuaciones necesarias en la Administración de la Generalitat en materia de recursos humanos y se planifican las medidas concretas a realizar en los próximos años.
Alta temporalidad y envejecimiento
Respecto al diagnóstico realizado, uno de los elementos más llamativos detectados en la plantilla de la Administración valenciana es su elevada tasa de temporalidad, dada la gran proporción sobre el total del personal interino o contratado laboral temporal.
La Administración de la Generalitat dispone de 17.073 puestos de trabajo. De éstos, sólo 15.093 están ocupados, el 88,4 %. Las vacantes, un total de 1.141, afectan sobre todo a las consellerias de Agricultura y Medio Ambiente y a la de Educación. A continuación, destacan el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
La estructura de estas plazas ocupadas es la siguiente:
- 9.219 Funcionarios de carrera
- 4.784 Interinos de urgencia
- 1.001 Contratados laborales
- 832 Laborales temporales
- 59 Eventuales
- 35 Laborales indefinidos no fijos
- 18 Otros
Otro elemento destacable de la plantilla de la Administración valenciana es su elevada tasa de provisionalidad, provocada por la generalización, entre el personal funcionario y contratado laboral fijo, de situaciones de provisión no definitivas, tales como la comisión de servicios y la adscripción provisional. Como consecuencia, sólo 6.481 funcionarios ocupan la plaza de la que son titulares (el 42 % de las plazas ocupadas), mientras que 8.612 plazas tienen un ocupante provisional.
La conclusión a la que llega el estudio es que el 36 % del personal está en situación de precariedad laboral. Su distribución, además, no es homogénea, porque ese porcentaje se eleva al 51 % en el SERVEF, al 49,9 % en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y al 45 % en Educación y Cultura.
Por último, el informe elaborado por la Dirección General de Función Pública destaca el proceso de envejecimiento de las plantillas. Más del 60 % de los empleados públicos tienen cincuenta o más años; de ellos, más del 13 % superan los sesenta. Sólo 58 personas de la administración del Consell tienen edad inferior a los treinta. Es pues, una plantilla envejecida.
En los próximos diez años se jubilan más de 5.000 efectivos. Si se añade la previsión de bajas por incapacidad permanente o defunción, a partir de 2018 todos los años podrán generarse más de 500 vacantes, que serán cerca de 800 a partir de 2022 y 900 entre los años 2025-2029. En 20 años se jubilará el 75 % de la plantilla, más de 12.000 personas.
El plan defiende que para disminuir la tasa de temporalidad y rejuvenecer las plantillas es necesario convocar procesos selectivos en la casi totalidad de sectores de la administración autonómica, así como la inclusión de procesos selectivos libres (no restringidos) en los que puedan valorarse, entre otros méritos, los servicios prestados y la experiencia en los puestos objeto de la convocatoria. Por ello, el planteamiento ideal de las ofertas para los tres próximos años es la combinación de procesos ordinarios en los que se oferten un número alto de plazas junto a procesos de consolidación en los que se valore sobre todo la experiencia acumulada.
Una vez reducida la temporalidad, se debería mantener esa situación mediante la convocatoria regular de procesos selectivos a través del sistema de oposición que permita un rejuvenecimiento de las plantillas.
Sin embargo, la plena efectividad de estas actuaciones requiere la eliminación de las cláusulas restrictivas que en los últimos años incluyen las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado en materia de número de plazas susceptibles de ser convocadas en oferta de empleo público por las administraciones públicas, lo que se conoce como porcentajes sobre la tasa de reposición de efectivos .
El plan estratégico también considera imprescindible la modificación de la disposición transitoria cuarta del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, que limita la posibilidad de efectuar convocatorias de consolidación de empleo a puestos desempeñados interina o temporalmente con anterioridad al 1 de enero de 2005.
Los técnicos de la Dirección General de la Función Pública consideran que no es posible atajar las deficiencias de las que adolece la Administración de la Generalitat si el Gobierno central sigue manteniendo limitaciones a la posibilidad de convocar ofertas de empleo. Por ello, la Generalitat Valenciana ha reclamado y va a seguir reclamando al Gobierno la eliminación en las próximas leyes de Presupuestos Generales del Estado de las limitaciones respecto a las ofertas públicas de empleo.
Dos escenarios
Ya que a fecha de hoy se desconoce cuál va a ser ese planteamiento para 2017 y para los años siguientes, es necesario plantear dos escenarios posibles, a los que se corresponden dos programaciones distintas.
En caso de que la Ley de Presupuestos Generales del Estado eliminase las limitaciones relativas a la tasa de reposición, la Generalitat podría aprobar tres ofertas anuales de unas 1.500 plazas cada una para los años 2017, 2018 y 2019. Se conseguiría así ofertar un volumen de plazas cercano al 90 % de las vacantes. Los procesos de consolidación se incluirían en los dos primeros años. De poder actuar así, el plan calcula que, una vez ejecutadas estas ofertas, la tasa de temporalidad habrá descendido a un 15 %, pese al elevado número de bajas que se prevén.
Si por el contrario, se mantienen las tasas de reposición, el plan alerta de que será imposible disminuir la tasa de temporalidad, por lo que el documento recomienda que se siga instando al Gobierno de España a la eliminación de las restricciones.
De esta manera, si la tasa resultante para 2017 es la misma que para 2016, el plan apuesta por tres ofertas anuales de unas 350 plazas de turno libre cada una y entre 260 y 300 plazas de promoción interna. Son ofertas no solo insuficientes para lograr una reducción de la tasa de temporalidad, sino que ésta habrá aumentado transcurridos los tres años.
Otras iniciativas
Para la elaboración de esta planificación estratégica, la Dirección General de Función Pública solicitó a las organizaciones sindicales la presentación de sus propuestas de creación, amortización o modificación de puestos de trabajo, que fueron estudiadas y analizadas junto con las respectivas consellerias y organismos.
También analizó la situación estructural de las plantillas de cada conselleria y organismo, y se les requirió una memoria detallada en la que se hicieran constar, por áreas o ámbitos funcionales de su competencia, datos sobre la situación y ocupación real de los puestos en las estructuras, necesidades de modificación de puestos, necesidades de creación de puestos y posibles amortizaciones.
Esta información permitió incluir en el plan estratégico otras medidas cuya adopción es necesaria. Entre otras:
1) Homogeneizar las posiciones retributivas correspondientes a puestos de trabajo con las mismas funciones, del mismo cuerpo o escala y susceptibles de ser desempeñados por personal perteneciente al mismo grupo de titulación.
2) Reestructurar el sistema de cuerpos y escalas vigente para reducir de manera notable su número y facilitar así la movilidad del personal empleado público. Esta tarea se acometerá a través de la reforma de la estructura de la función pública de la administración de la Generalitat que quedará plasmada en la nueva ley de empleo público en la que está trabajando la conselleria.
3) Crear y cubrir nuevos puestos de trabajo para atender las actuales exigencias administrativas derivadas del cumplimiento de las competencias de los distintos departamentos de la Administración de la Generalitat.
4) Reducción de la tasa de temporalidad, actualmente del 34 %, así como de la de no ocupación (casi el 12 %), y la de provisionalidad (58 %). Para ello es necesario la convocatoria periódica de concursos de traslados así como la convocatoria de procesos selectivos y, dentro de estos últimos, la convocatoria de procesos de consolidación de empleo.
